Menem declara la guerra al "pozo negro" de la corrupción

La corrupción atascó finalmente las cloacas del Estado argentino. El presidente Menem siente "asco" y ha advertido que "rodarán cabezas" cuando la comisión investigadora que acaba de crear por decreto le presente su informe sobre el "pozo negro" de empresarios, empleados y funcionarios compinchados para lograr fabulosas indemnizaciones del Estado. Mientras, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Antonio Quarracino, uno de los impulsores del indulto a los ex comandantes de la dictadura militar, considera que Argentina "es el paraíso de los avivados" que "se cobijan bajo el manoseado manto de la libertad y la democracia".

Fue un fiscal federal, Omar Ciruzzi , el que abrió las compuertas del escándalo. A petición suya, los tribunales de Trabajo le informaron sobre los juicios contra cuatro empresas del Estado. A causa de esos procesos, la Administración pública podría verse obligada a pagar unos 6.000 millones de dólares. En casi todos los casos, los miles de empleados y proveedores ganan esos juicios porque los abogados que representan al Estado no defienden sus intereses.Las denuncias reventaron en las primeras páginas de los periódicos, y desde hace una semana se cuentan historias de estafas que exceden el género fantástico. Por "incapacidad psíquica" derivada de un susto un juez indemnizó a 25 pasajeros de un tren con 500.000 dólares para cada uno. Los abogados de Ferrocarriles Argentinos no recurrieron la sentencia y la Cámara les denunció entonces a la justicia penal.

Unos 10.000 trabajadores de Obras Sanitarias otorgaron el poder a cuatro abogados para que los representaran. Los empleados llegaban al centro de la ciudad en camionetas de la compañía y hacían el trámite de la demanda en horarios de trabajo con autorización de sus jefes.

Confesión de culpa

En medio del escándalo el principipal dirigente sindical menemista, Luis Barrionuevo, admitió en un reportaje que él no había ganado su dinero trabajando.Una revista publicó la foto de la casa que acaba de comprarse, evaluada en 200.000 dólares, y Barrionuevo explicó cómo cuando dirigía el gremio de los gastronómicos pasaba los juicios a un estudio jurídico del que recibía comisiones.

El subsecretario de Justicia, César Arias, aseguró que el Gobierno tiene pruebas sobre la complicidad de algunos jueces. Por su parte, los interventores de las empresas que aún pertenecen al Estado han anunciado la contratación de servicios jurídicos privados.