Colombia frente a sus demonios

Colombia se encuentra otra vez en una encrucijada. Los caminos a elegir son viejos ya en este país: palabras o armas. Gobierno y guerrilleros se muestran partidarios del diálogo y, sin embargo, días antes del inicio de un nuevo proceso constituyente seguían hablando los fusiles. También en el paréntesis de la violencia del narcoterrorismo se mezcla el chantaje con las conversaciones para su rendición. En esta realidad, es difícil sustraerse al deseo de paz y al optimismo que llevan las conversaciones con ciudadanos colombianos. Personas que apenas meses atrás soportaban uno de los periodos más violentos de su historia reciente.

El optimismo nace de una fecha y un proceso: el 9 de diciembre los colombianos iniciarán un camino que debe traer al país una nueva Constitución. De la nueva ley se espera todo: una profundización democrática, el respeto de los derechos de las personas y la represión del delito, con un fortalecimiento real y moral de las instituciones, y, también, el fin de la guerrilla o la violencia criminal e indiscriminada de los carteles de la droga o la ultraderecha.El camino no está siendo fácil. La última oferta del narcoterrorismo de Medellín de entregar a 300 hombres, si finalmente ocurre ha dejado detrás un reguero de muerte. Y se produce bajo la amenaza de reanudar una guerra que convirtió el último año del anterior presidente, Virgilio Barco, en una pesadilla de sangre. El propio César Gaviria tuvo que esperar fuera del país su toma de posesión como presidente.

También, en los últimos dos meses, los narcotraficantes han secuestrado a siete periodistas -uno de ellos puesto en libertad ayer-. Además de por su condición profesional y como intento de mordaza sobre su profesión, por los apellidos que algunos de ellos representan: Diana Turbay, directora de la revista Hoy por Hoy, hija de ex presidente, y Francisco Santos, redactor jefe de El Tiempo, hijo del director y eslabón de una familia que controla este periódico desde hace más de 100 años; una familia que no es dueña de un periódico, "sino de una institución". Un periodista colombiano comentaba que secuestrar a un Santos es como secuestrar en España a un miembro de la familia real. La forma de negociar de los mafiosos no ha cambiado. Estos secuestros son su dogal de hierro sobre la paz y sobre la futura: Constitución.

Las condiciones pedidas por El cartel de Medellín para su entrega incluyen la de estar juntos en una misma cárcel, el ser vigilados por fuerzas de todos los servicios policiales de la nación y ser uzgados en Colombia. La entrega voluntaria garantiza prácticamente este último punto. El 6 de septiembre, Gaviria anunciaba que serían juzgados en Colombia gozarían de reducción de condena aquellos traficantes que se entregaran y confesaran sus crímenes. Por otra parte, ante el hecho de que no existe una cárcel en el país con garantías y capaz de dar cabida a todos ellos, se estudia, "sólo por si ocurre", las posibilidades de un viejo conven próximo a Medellín. Pasos en a proceso largo.

Desde que se inició el enfrentamiento contra la droga se han combinado armas y negociación. Ninguna de las dos ha triunfado, las dos siguen en marcha. Oficialmente el Gobierno no negoció, pero nadie duda de que la comunicación siempre ha existido, ahora y hace años. Panamá, en mayo de 1984, fue el primer contacto conocido. Bajo la presidencia de Belisario Betancur, impulsor de un Gobierno de diálogo, se ofreció una amnistía a los grupos guerrilleros que abandonaran las armas. Los narcotraficantes pidieron en aquella ocasión, tras el inicio de nuevos contactos con la guerrilla, una fórmula de acuerdo y que no se apllicara la extradición con Estados Unidos.

El camino de las armas tampoco ha llevado a ningún sitio. El poder de su dinero es enorme y todos los elementos violentos y de corrupción han encontrado vida en él.

En septiembre de 1989, en unas declaraciones recogidas por el diario La Prensa, el procurador general de la nación, Alfonso Gómez Méndez, afirmaba que no es por falta de poderío militar que los grandes narcotraficantes no hayan podido ser capturados ni porque ellos tengan un ejército inderrotable, sino porque disponen de informantes en la policía y en el ejército que les avisan anticipadamente cuando se van a ajecutar operaciones para arrestarlos". El procurador añadía que los traficantes de droga "jamás, podrían sin la penetración en las Fuerzas Armadas y en la política. Los carteles tienen congresistas y dirigentes políticos".

Las declaraciones coincidían con el descubrimiento de una red de espionaje, manejada, según los servicios secretos, por un ex capitán del Ejército. El dossier incautado al señor de las flores contenía desde información de reuniones privadas en el Ministerio de Justicia o la Dirección Nacional de Instrucción Policial hasta información clasificada de los servicios de inteligencia(DAS), sin olvidar alguna discusión del Consejo de Ministros. La información tenía como destino el cartel de Medellin.Estos datos ayudan a comprender la fuerza de la droga y las dificultades encontradas en las batallas contra ella. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato liberal a la presidencia, el 18 de agosto de 1989, el ex presidente Virgilio Barco impulsó la más fiera de las batallas contra los secuaces del narcotráfico. El asesinato de Galán también sería el indirecto promotor de la reforma constitucional. Miles de voces, encabezadas por los estudiantes, clamaron por un nunca más y por las reformas que llevaran a ello. En mayo de 1990, un voto masivo (90%) daba un sí para la reforma de las caducas instituciones de la democracia más antigua ole América Latina. La batalla de Virgilio Barco contra la violencia en su último año de mandato produjo más de 13.000 muertos. Sus objetivos sólo fueron parcialmente cumplidos, aunque consiguió mover las estructuras internas del narcotráfico en Medellín -prácticamnete no se atacó el que tiene sede en Cali- y hombres importantes de aquél, como Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, cayeron bajo la acción de las balas. Pero narcotráficantes -y grupos paramilitares- llevaron al país al borde del caos. Las ciudades se convirtieron en campode batalla, donde las bombas convery hombres indiscriminadamente Un avión de Avianca, el diario El Espectador, el céntrico hotel Tequendama o las propias oficinas del DAS en Bogotá resultaron atacados con bombas. En este último edificio, especíalmente protegido, los criminales pasaron todos los controles con un autobús dargado con media tonelada de dinamita: 63 muertos y 1.000 heridos, más de 1.500 locales comerciales, oficinas o viviendas resultaron afectados o destruidos. El cansancio, el miedo, la necesidad de cambio y el derecho a que la vida no esté en manos de los criminales llenaron la vida colombiana. Esos deseos se tras ladan hoy al proceso constituyente. En cualquier caso, la entrega de los hombres importantes del cartel de Medellin solucionaría el tema de esta guerra violenta en el interior de Colombia, pero sería ingenuo trasladar este fin a la totalidad del tráfico de cocaína. Las estructuras de distribución y fabricación siguen intactas, trasladadas a las densas zonas amazónicas o a países limítrofes. Tampoco hay que olvidar la existencia de otros grupos cuyo poder permanece intacto, como el de Cali. En el caso de las guerrillas, los pasos hacia el diálogo, hasta los duros enfrentamientos de la segunda semana de noviembre, habían sido reales. Después de éstos, el presidente Gaviria canceló toda posibilidad de acuerdo. Todo un proceso laborioso de meses se ha puesto en peligro en el tramo final. Y con él, sí el deseo de paz que existe no se impone, parece diluirse la oportunidad de los insurgentes de participar en una Contitución que había puesto -fecha al fin de más de 30 años de guerrilla armada.

Guerrilla

Los acuerdos iniciados con el M19 en 1989, bajo el Gobierno de Virgilo Barco, que permitió a esta organización participar en los comicios presidenciales de mayo de este año y convertirse en la tercera fuerza política; y el anuncio, el 4 de agosto, del Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo con 23 años de lucha, de renunciar a la lucha armada parecían abrir el camino al resto de los insurgentes. El proceso constituyente parecía capaz de acelerar los acuerdos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el más importante de todos ellos, habían anunciado su intención de participar en la Asamblea Constituyente. Y el Gobierno dejaba abiertos dos puestos, que no serían sometidos a elección popular, para los grupos vinculados "decididamente" a un acuerdo de paz y desmovilizados.

El Ejecutivo había entrado en las negociaciones sin exigir la entrega de armas, condición que sabía inaceptable todavía por los guerrilleros. Estos grupos han visto morir a decenas de hombres de otros grupos tras su vuelta a la arena civil.

Es dificil olvidar que el propio César Gavíria resultaba elegido en unos comicios en los que tres de los candidatos eran asesinados, entre ellos los anteriores candidatos del M- 19 o del propio partido del presidente, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, respectivamente. O que la izquierdista Unión Patriótica deja un rastro incontable de muertes entre sus partidarios desde el inicio de su lucha electoral, incluida la de otro de los candidatos, Bernardo Jaramillo.

Las condiciones impuestas por el Gobierno en el origen de los contactos fueron la finalización de los asaltos a las poblaciones, la entrega de secuestrados y el cese de hostilidades. Éstas habían sido aceptablemente cumplidas hasta el último enfrentamiento. De nuevo la incertidumbre se abre.

Moralidad pública

Pero, además de paz, se vuelcan otros sueños sobre la Constitución: la moralización de la vida pública del país.

El propio Congreso es una de las instituciones afectadas. El clientelismo y las sospechas de oscuras finaciaciones de alguno de sus componentes afectan al conjunto. La sospecha de la compra de votos se convierte en certeza en muchos casos.

Las elecciones que en mayo dieron la victoria al actual presidente fueron las primeras en las que se tomaron medidas para proteger la inviolabilidad del voto.Un tarjetón confeccionado con todos los candidatos, entregado por la mesa en el momento de la votación, recortó la capacidad de presión sobre los electores. Antes de esto, los partidos eran los encargados de ofrecer las papeletas. Miedo y dinero se han mezclado en el proceso. Mensajeros de los partidos entregaban las papeletas a la entrada de los colegios electorales o trasladaban en autocares a los votantes. En muchos lugares, especialmente los más pequeños, rechazar un consejo, un candidato, era enfrentarse a los caciques, amparados en muchos casos por las armas o el dinero de los narcotraficantes de autodefensa o la propia guerrilla Pero los votos no se compraban sólo en los colegios elctorales . En otros lugares, sicarios de la droga salían a caminos y montes y retiraban la cédula de identidad de las personas. Esta era devuelta junto a una papeleta con el candidato deseado en los lugares de votación. El premio a la buena conducta era el dinero; la negativa. Sistemas que han llevado a muchos colombianos a relacionar dinero y votaciones, y a un desprecio o indiferencia por su facultad de elegir.

Pero al Congreso y, a las asambleas de los departamentos se les pide más. Y otro de los temas en candelero son los auxilios parlamentarios: "El derecho de los congresistas a repartir plata". Dinero destinado al "fondo de la comunidad". El Tiempo, en un duro editorial del 30 de octubre, no dudaba en ponerle comillas a estas últimas palabras. Sobre los auxílios pesan acusaciones de corrupción, clientelismo y enriquecimiento propio.

Los dos grandes partidos también deben renunciar a viejos hábitos. Los largos años de poder compartido han creado núcleos acostumbrados a formas caciquiles, preocupados por mantener sus privilegios y que no parecen digerir las reformas o los triunfos de nuevos grupos como la Alianza Democrática M-19.

Colombia ha puesto una fecha para la paz y su futuro, el 9 de diciembre. La incógnita es si sus demonios se lo permitirán.