La CSCE sobre el Mediterráneo concluye sin acuerdos concretos acerca del medio ambiente

El documento final aprobado por los 34 países participantes en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) sobre ecosistemas mediterráneos, reunida en Palma de Mallorca desde el pasado 24 de septiembre, recoge los problemas medioambientales del Mediterráneo y propone una serie de soluciones "más o menos ambiciosas, pero todas positivas" según el embajador Camilo Barcia, jefe de la delegación española. El documento ha sido calificado de "débil y conservador" por la organización ecologista Greenpeace, que cree que no implica mejoras para esta zona del mundo. El ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz Cosculluela, clausuró ayer la reunión en nombre de España como país anfitrión.

Camilo Barcia, en una reunión con los periodistas celebrada horas antes de la clausura, reconoció que el manifiesto final no es el ideal ya que, en aras al consenso, se tuvo que descafeinar. Barcia, destacó, no obstante, la participación en la CSCE por primera vez de naciones del sur del Mediterráneo y que el documento final recoja en un 70% las propuestas presentadas por los países de la CE. En cuanto a la aportación española, subrayó sus contribución en "temas como energías renovables, preservación del patrimonio artístico y prevención de incendios forestales".La iniciativa hispano-italiana de celebrar una Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, tiene una vaga referencia en el documento final. En concreto se dice: "Durante la reunión se hizo una propuesta que cuando lo permitiesen las circunstancias, fuera del marco de la CSCE, podría tener lugar una reunión para discutir un conjunto de reglas y principios en lo que se refiere a estabilidad, cooperación y dimensión humana en el Mediterráneo".

No vinculante

La protección de los ecosistemas fue el hilo conductor de la intervención de Sáenz Cosculluela quien dijo: "En la reunión de Palma se ha puesto de manifiesto una vez más la gravedad de los problemas que van desde la contaminación de las aguas hasta la relación entre la política del desarrollo turístico y el estado del medio ambiente". Posteriormente, en conferencia de prensa, el ministro resaltó que los acuerdos de la CSCE "no son viculantes" y que sus recomendaciones no tienen "carácter de conclusiones", aunque, declaró que, "España cumplirá con ellas".

Propuestas concretas, como la realizada por el ministro francés para la Francofonía, Alain Décaut, para que todos los países participantes cooperasen en una campaña internacional para el ahorro del agua, o la cooperación para evitar el efecto invernadero, no merecieron ningún párrafo en el documento final.

El llamamiento español a la cooperación científica para determinar la enfermedad que padecen los delfines listados en el Mediterráneo y evitar los vertidos industriales y de aguas residuales, tampoco encajó en los acuerdos finales.

La organización ecologista Greenpeace, que ha mantenido a lo largo de la reunión una comisión en calidad de invitados permanentes, y de la que formaban parte miembros de seis países, manifestó su decepción por los resultados.

Decepción ecologista

Xavier Pastor, presidente de Greenpeace en España añadió que los miembros de la conferencia "eran diplomáticos, no especialistas en medio ambiente; no sabían de qué venían a hablar ni querían enterarse". La italiana Domitila Senni concretó: "Ha sido patético comprobar cómo los encendidos discursos ecologistas de los ministros en la sesión inaugural se fueron diluyendo durante la sesión de trabajo".

Por el contrario, la cooperación en el campo de las energías solar y eólica, reconociendo que la región del Mediterráneo ofrece excelentes condiciones climáticas, es recogida por los estados participantes y los países observadores del norte de África. También se manifiesta la preocupación por el flujo migratorio del sur hacia el norte, el previsible incremento de la población africana y los conflictos raciales observados en Europa. España apoyó una propuesta italiana para prohibir la utilización de redes de deriva para la pesca pelágica, que no se incluyó en el texto final por oposición del Reino Unido.