Representantes de la industria revelan la grave situación del mercado del cine

El Comité Unitario Interprofesional del Cine, que representa a la totalidad de los sectores de la industria cinematográfica española, ha enviado al Ministerio de Cultura un informe en el que expone algunos datos indicativos de la extrema gravedad de la situación por la que atraviesa el mercado audiovisual es pañol. Las cifras que alcanzan hoy el fraude, la piratería y el comercio ilegal de filmes en soporte de vídeo y en televisiones locales son, según este informe, elevadísimas, y, a su juicio, sólo podrán ser corregidas ante una serle de medidas de saneamiento global del mercado del cine y no únicamente por el decreto de ayudas al cine elaborado por Cultura.

El Comité Unitario del cine expone en dicho informe que la oferta audiovisual se canaliza por tres vías: las televisiones públicas, el vídeo y las salas de exhibición. Las dos primeras suponen "la parte abrumadoramente mayoritaria de la cuota de consumo del producto audiovisual", pese a lo cual "los ingresos que origina dicho producto no revierten más que en mínimos porcentajes a la producción del cine".El cine, de acuerdo con este informe, genera un enorme volumen de dinero que sólo revierte a la fuente creadora en proporción mínima. Por un lado, persiste el tradicional (admitido por fuentes oficiales en numerosas ocasiones) fraude de taquilla, lo que sustrae de los ingresos en salas un porcentaje estimado entre el 20% y el 30% del taquillaje.

Pero este sistema de desviación de ingresos es pequeño si e compara con el que tiene lugar en la explotación del cine mediante soporte de vídeo. Afirma el informe que la producción "ha sufrido en los últimos 10 años un gravisimo e incesante saqueo, iniciado con los primeros magnetoscopios y agravado con la proliferación salvaje, a partir de 1982, de los denominados vídeos comunitarios, así como de numerosas televisiones locales e incluso centros hoteleros y medios de transporte". Esta situación, en abril de 1989, es considerada textualmente como "caótica", y los representantes del cine insisten en .su gravedad, que quedará en la historia de nuestra industria como el mayor expolio del patrimonio cinematográfico de todos los tiempos, efectuado además con una indignante impunidad".

Varios ministerios

El número de empresas de vídeo comunitario, dice el informe, asciende en España a 750. Estas empresas abastecen de emisiones de filmes a 1,5 millones de hogares y alcanzan una audiencia diaria de cinco millones de personas, lo que, para el Comité Unitario, supone un volumen de defraudación, en emisiones de vídeos pirateados, de unos 12.000 millones de pesetas al año.En cuanto a las televisiones locales, y al no existir un censo oficial por tratarse de instalaciones ¡legales, el informe calcula que hoy emiten en España entre 150 y 200 emisoras de esta especie -de ellas, 95 en Cataluña y 25 en Andalucía-, que dedican casi enteramente su tiempo a la emisión de vídeos pirata.

Finalmente, el informe afirma que se ha observado una nueva forma de defraudación en las llamadas videosalas. Hay constancia, según el informe, de la existencia de medio centenar de instalaciones de este tipo, casi todas en medios rurales.

Esta situación, agravada por la no existencia de un acuerdo marco estable con las televisiones estatales (que limita los ingresos del cine por derechos de antena) y a las desviaciones endémicas de ingresos en las taquillas, hace, según el informe, indispensable la intervención de otros departamentos, además de Cultura (Hacienda, Turismo, Transportes y Comunicaciones e Interior), para lograr un saneamiento del mercado del cine, sin el que cualquier regulación de las actividades cinematográficas resultará infructuosa o cuando menos incompleta.

Dice el informe: "Cualquier medida legislativa que trate de solucionar los problemas de la industria ha de basarse en un análisis completo del mercado audiovisual", lo que hace referencia a su petición de un conjunto de decisiones que conformen una política cinematográfica global. Según el comité, esto significa que el problema traspasa el ámbito del Ministerio de Cultura y entra en el temario de las cuestiones generales del Gobierno.