Inversión de futuro

El proyecto de presupuesto no financiero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para 1989 supone un incremento del 20% sobre las cifras del presente año. El núcleo inversor del ministerio, los capítulos sexto y séptimo -inversiones reales y transferencias de capital-, aumenta un 18% hasta alcanzar casi los 110.000 millones de pesetas, y un 37% tomando como referencia el presupuesto de 1987.Si se considera además el capítulo cuarto, transferencias corrientes, donde se recogen las estimaciones de pagos por cuenta del FEOGA-Garantía, el conjunto de los capítulos cuarto, sexto y séptimo, núcleo activo del presupuesto del ministerio, el incremento sobre las cifras de 1988 sería del 37%, hasta alcanzar los 329.000 millones de pesetas para 1989.

Las cifras precedentes son la expresión cuantitativa de la decisión política del Gobierno socialista de desarrollar las potencialidades del sistema agroalimentario como sector de futuro de la economía nacional.

Esa decisión no es nueva y ha venido siendo aplicada con coherencia durante los últimos años, aunque hayan cambiado los objetivos prioritarios a satisfacer en cada momento y, consiguientemente, el papel, nivel de dotaciones y estructura del presupuesto. Para comprender adecuadamente los que corresponden a esta etapa resulta conveniente, e incluso quizá indispensable, lanzar una mirada retrospectiva sobre el sexenio precedente.

En el período 1983-1985 lasmayores urgencias se centraban en la reforma del marco legal e institucional, a efectos de preparar al sector para el ingreso en el Mercado Común; el ahorro de recursos económicos, eliminando intervenciones innecesarias; la contribución a la lucha contra la inflación, mediante una política moderada de precios institucionales y la progresiva liberalización del mercado interior y exterior; y el incremento de las rentas de la población activa del sector, singularmente del subsistema agrario. Este último objetivo actuaba como auténtica restricción no explícita del modelo de ajuste, cuya consecución había de lograrse en cualquier caso.

Una visión retrospectiva sobre los resultados de la política económica articulada en torno a los objetivos anteriores permite afirmar que éstos fueron satisfechos de forma razonablemente buena. Durante el período de referencia, el subsistema agrario fue capaz de absorber inflación, como queda de manifiesto en el cuadro adjunto, que pone igualmente de relieve la realidad inflacionaria de los restantes subsistemas agroalimentarios, singularmente el comercial.

La modernización del marco legal e institucional de la agricultura, la pesca y la alimentación española tiene su paradigma en la Ley 18/1984, por la que se regula la producción y el comercio del trigo. Finalmente, y lo que es más importante, todo ello se logró sin demérito de las rentas del sistema, singularmente de la población activa del sector agrario, que crecieron a un ritmo del 3,4% anual acumulativo.

Transferencias

El presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca durante el período de referencia fue reflejo de un doble ajuste: la consolidación del proceso de transferencias a las comunidades autónomas, con su importante contrapartida financiera, y la racionafización de los mecanismos de intervención. Si bien las dotaciones se incrementan en valores absolutos, pasando de 440.331 millones en 1982 a 529.452 millones en 1986, en términos porcentuales disminuyen: 9,351. del presupuesto consolidado del Estado en el primer año de referencia frente al 5,7% en 1986.

En el período 1986-1988 la prioridad más relevante fue la adaptación a la política agrícola común (PAC), consecuencia del ingreso efectivo de España en el Mercado Común, en marzo de 1986.

Era éste un proceso complejo y delicado, que implicaba desde la extinción de endemias como la peste porcina africana hasta asegurar la viabilidad y protección de los, subsectores más sensibles, como el cerealista o el lácteo; o la reforma del Tratado de Adhesión, como en el caso del vacuno y del girasol.

Sobre todo se trataba de un triple proceso de aprendizaje: de la Administración española a moverse con soltura en el contexto comunitario, de los agentes económicos privados para beneficiarse de los programas y recursos de la Comunidad Europea, y, por último, de las Administraciones europeas -Comisión y de los diferentes países-, que habían de asumir rápidamente, en auténtico tour deforce, que Europa era diferente no sólo cuantitativa, sino cualitativamente, tras el ingreso de España y Portugal en la Comunidad Europea.

El saldo de esta etapa es igualmente positivo para el sistema agroalimentario español, lo cual no equivale a afirmar que no haya habido problemas, incluso de especial gravedad en algún caso.

Era metaflisicamente imposible que un proceso de la envergadura del iniciado por España al ingresar en el Mercado Común, en un contexto de crisis económica y sobreproducción agroalimentaria, pudiera saldarse sin tensiones o desajustes. Lo verdaderamente relevante es que éstos hayan sido, en general, de tan escasa cuantía, al menos hasta el momento.

Frente a la previsión de determinados augures, en demasiadas ocasiones interesadamente pesimistas, la agroalimentación y la pesca españolas han revalidado y consolidado sus expectativas favorables. Los pagos por cuenta del FEOGA-Garantía han pasado de sólo 37.000 millones en 1986 a cerca de 250.000 millones el presente año.

La balanza comercial agroalimentaria ha cambiado de signo, pasando de una posición tradicionalmente deficitaria a otra tendencialmente excedentaria, con récord histórico el pasado año -tasa de cobertura 107,9%- Y, lo que sigue siendo más importante, las rentas del sector continúan mejorando globalmente.

Durante estos dos años, singularmente en 1988, el presupuesto del ministerio inicia una evolución en su estructura y jerarquización de objetivos, para responder a las necesidades del sistema agroalimentario español en la perspectiva del mercado único europeo, previsto para 1992.

En cuanto al nivel de dotaciones, éstas alcanzan los 612.715 millones de pesetas en 1988, modificándose la tendencia a su disminución en términos relativos característica de los últimos años, situación que se consolida en el proyecto de Presupuestos para 1989.

Nueva etapa

Hoy nos encontramos al inicio de una tercera etapa en la política económica agroalimentaria. La prioridad genérica del momento actual pasa por la eliminación de las restricciones e insuficiencias que dificultan la plena realización de las potencialidades de futuro que encierra el sistema agroalimentario español, que si en el subsistema extractivo -sector agrario tradicionalacaba de superar los tres billones de valor de su producción comercializable -estimación de la producción final agraria de 1988-, la industria alimentaria supone, a su vez, entre el 20% y el 23% del producto interior bruto industrial, frente a sólo un 18% en 1980.

Este porcentaje es similar al que ofrecen países tan avanzados como el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Francia o Bélgica, y configura al sector como la primera industria nacional.