Una democracia a mitad de camino

El Gobierno democrático del presidente Julio María Sanguinetti, que asumió el poder en marzo de 1985, contabiliza a su favor algunos éxitos en materia económica: reducción de la inflación y del déficit fiscal, aumento de las exportaciones, reducción del gasto público y un leve descenso del número de parados, que economistas del Gobierno y de la oposición evalúan de diferente manera. En cualquier caso, otra es la situación en el campo político, en cuyo análisis coinciden desde vertientes tan distintas como son la izquierda y los obispos uruguayos: el país se encuentra sumido en la frustración y la desesperanza.

Mientras el Gobierno afirma que el despegue económico se debe a su política interna, la oposición considera que se debe a circunstancias que derivan de la situación internacional, como la reducción de los precios del petróleo -que supone cerca del 30% de las importaciones del país-, el descenso de las tasas internacionales de interés, la desvalorización del dólar y la repercusión positiva en el comienzo de los planes Cruzado, en Brasil, y Austral, en Argentina. En este sentido, cabe señalar que la reactivación en los dos países vecinos, han perdido impulso.Aun cuando esos factores no fueran coyunturales y el crecimiento económico se mantuviera, la realidad indica que en Uruguay ese crecimiento no se ha traducido en una disminución de la miseria.

Pocos días antes de la polémica visita del papa Juan Pablo II a Uruguay el pasado mes de mayo, la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) dio a conocer con el título La Iglesia y los derechos humanos, una "reflexión pastoral sobre la situación actual" muy elocuente. "Si bien los uruguayos nos sentimos felices de haber recobrado la normalidad institucional", dicen los obispos, "la realidad que estamos viviendo nos dice que faltan todavía otros pasos para alcanzar la plenitud de una democracia auténtica. Sin una renovación de las actitudes y los criterios que rigen la acción política y social y sin los cambios de ciertas estructuras inconciliables con la justicia distributiva, la sola libertad electoral es insuficiente para sostener un orden de convivencia que (...) evite las frustraciones y los conflictos permanentes".

Los obispos analizan la situación de esta manera: "Sin duda las situaciones que violan los derechos humanos no son fruto del azar. Provienen de la conducta de las personas que las provocan, las admiten o no las corrigen. Una sociedad que mira sin inquietarse el espectáculo de muchos hermanos abandonados a la vera del camino, demuestra una dureza de corazón inconciliable con el amor al prójimo exigido por la ley de Dios".

Críticas de la izquierda

Los obispos uruguayos no están solos en sus críticas. El líder de la coalición de izquierda Frente Amplio, Líber Seregni, que ha mantenido, no sin cierto malestar de las bases, una actitud de gran tolerancia hacia el Gobierno, señaló el pasado 19 de abril en un mitin multitudinario: "El Gobierno del Partido Colorado -y la gobernabilidad acordada por el Partido Nacional- ha seguido la tendencia conservadora preconizada en el extranjero, también obedecida por otros gobiernos latinoamericanos. Se trata de una política antinacional, antipopular y antidemocrática". Más adelante se refiere a "la no resolución de los problemas de nuestra juventud, sin horizontes ni esperanzas, condenada a la emigración o a la frustración".

Desde vertientes tan distintas como son la iglesia y una coalición de partidos de centro-izquierda se emplean casi las mismas palabras, frustración, desesperanza, para tipificar un estado colectivo de conciencia.

El Gobierno democrático, que ha demostrado ser poco receptivo a las críticas, reaccionó con acritud por intermedio de alguno de los medios que le apoyan, calificando a los obispos de pesimistas y cuestionando entre líneas su derecho a pronunciarse sobre estos temas. El discurso de Seregni, por su parte, levantó. una tormenta política desde los aledaños del poder donde parece haberse entendido mal que convivencia política no significa anulación de la crítica ni del derecho a la oposición.

Peligroso malentendido porque tiende, y ya lo ha hecho, a atribuir a quienes disienten la intención de desestabilizar la democracia y querer volver a un pasado de violencia que nadie desea.

Seguramente el argumento volverá a ser utilizado cuando la resignación actual dé paso, inevitablemente, a la protesta. En el Uruguay la única violencia visible hasta ahora es la de la marginación en la miseria de tantos seres humanos. Esa parece ser la gran desestabilizadora de la democracia uruguaya y también de las otras nuevas democracias del continente. Y esto hay que decirlo sobre todo en la Europa donde suele identificarse elecciones y ausencia de atropellos a los derechos humanos con la vigencia de la democracia. Quizás sea esta manida palabra la que esté necesitando de una puesta a punto.