Los funcionarios de Washington se rebelan contra el acceso total de Musk a los secretos del Gobierno estadounidense

Los edificios federales del centro de Washington, con su arquitectura neoclásica y su apariencia inmutable, acogen desde hace dos semanas, tiempo que lleva Donald Trump de regreso en el poder, una guerra entre la furia revanchista de la nueva Casa Blanca y la vieja manera de hacer las cosas. También se libra allí otro conflicto entre el encargo recibido por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con repentino acceso a todos los secretos del Gobierno estadounidense, y la resistencia de algunos funcionarios a sus planes de adelgazar la Administración.

El último episodio de ese enfrentamiento llegó este sábado, cuando, según informaron los medios estadounidenses y avanzó la CNN, ocho empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) entraron en las oficinas de la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense (USAID son sus siglas en inglés) y exigieron acceder a sus sistemas y documentos, también a un espacio protegido por protocolos especiales de seguridad. Dos hombres se opusieron a esos planes, y fueron suspendidos de empleo después de que los intrusos amenazaran con llamar a los agentes federales. Al final, los subordinados de Musk se salieron con la suya, sin la intervención de las autoridades.

El incidente desembocó, como casi todo últimamente en Washington, en un desahogo de Musk en su red social, X. El dueño, también, de Tesla o SpaceX acusó sin pruebas a USAID de ser una “organización criminal”, lo que puso en peligro la integridad personal de centenares de sus empleados. Y añadió: “Ha llegado la hora de su muerte [de USAID]”.

La agencia, cuya web está caída desde el viernes y vive con la espada de Damocles de su cierre mediante una orden ejecutiva de Trump que la integraría, despojada de atribuciones, en el Departamento de Estado, se dedica, entre otras tareas sensibles, al suministro de ayuda humanitaria en zonas de conflicto y en países subdesarrollados. Fundada por el presidente Kennedy en los años sesenta, ha sido desde entonces un arma esencial en ese poder blando que Estados Unidos ejercía por el mundo y que con Trump, embarcado también en una agresiva guerra comercial, parece definitivamente cosa del pasado.

El viernes, pocos días después de conocerse que la nueva Administración había suspendido a 60 altos funcionarios y despedido a centenares de trabajadores, también se supo que el empleado federal de más alto rango del Departamento del Tesoro, David Lebryk, dimitió después de que unos enviados de DOGE lo amenazaran con interrumpir ciertos pagos del Gobierno federal sobre los que Lebryk tenía decisión. Su salida, provocada por su negativa a darle a Musk las llaves del Tesoro, ha dejado a los aliados del magnate acceso libre a toda la información sobre el sistema de pagos del Gobierno.

Denuncia sin pruebas

Este domingo, Musk acusó, de nuevo en X, a los funcionarios de carrera del Tesoro de “violar la ley todas las horas de todos los días al aprobar pagos que son fraudulentos o que no coinciden con las leyes de financiación aprobadas por el Congreso”. La denuncia la lanzó, una vez más, sin pruebas.

Hasta la toma de posesión de Trump, DOGE iba a ser una agencia externa a la Casa Blanca, una especie de auditora con capacidad para emitir recomendaciones para ahorrar en una Administración que registra marcas históricas de déficit. Finalmente, el departamento dirigido por Musk en solitario (tras la renuncia, por diferencias sobre su misión, de Vivek Ramaswamy) ha acabado convertido en una especie de centinela que vigila el uso de la tecnología por parte de la Administración. El departamento de Musk se encarga, de paso, de purgar unas oficinas que los seguidores del nuevo presidente consideran infestadas de demócratas convencidos y burócratas de por vida.

En estas dos semanas, se han acumulado centenares de despidos por razones políticas y como parte de una purga de los programas de inclusividad del Gobierno. Trump ha destituido a la mayoría de los inspectores que supervisan a la Administración, ha despedido a los fiscales y empleados del Departamento de Justicia que lo investigaron y suspendió de empleo a funcionarios de áreas que ha dejado vacías de contenido. El presidente ha dado, asimismo, la oportunidad de dimitir antes del 6 de febrero con una indemnización de ocho meses a quienes prefieran dejar su empleo antes que volver a la oficina, en vista de que el teletrabajo ha quedado proscrito. Se trata de una oferta por debajo de la que manejó en campaña el multimillonario Musk, que dijo que se indemnizaría con “dos años o algo así” a los despedidos para reducir la nómina de empleados públicos, unos dos millones de funcionarios en total.

Además de ser el hombre más rico del mundo y el mayor donante de la campaña del presidente (con una aportación de 288 millones de dólares), Musk es propietario de una empresa automovilística, de una tuneladora y de una astronáutica, tres compañías dependientes en buena medida de sus contratos con la Administración. El hecho de que a partir de ahora vaya a tener las llaves para acceder hasta el último rincón de los edificios federales de Washington —y que, según informa la revista Wired, incluso duerma en uno de ellos (el Eisenhower, sede de parte de las oficinas de la Casa Blanca)— planea serias dudas sobre posibles conflictos de interés.