El radicalismo que añora la debilidad sandinista

La historia política de Nicaragua en lo que va de siglo, y aun antes, cuando en 1856 el primer filibustero de Estados Unidos invadió el país y se declaró presidente, está preñada de pactos políticos protagonizados por las minorías -terratenientes, comerciantes, aspirantes a burgueses-, liberales o conservadoras que para no arruinar sus negocios olvidaban sus diferencias en la lucha por el poder. El pactismo constituye una virtual minoría de edad arrastrada por los grupos polítícos que, atomizados en los últimos años y frente a un fenómeno social que por primera vez envuelve a la mayoría de la sociedad nicaragüense, se impone negativamente en el desarrollo normal de un pluralismo político, carente de historia. Hasta 1979, cuando se desmorona la dictadura somocista, sólo los partidos Liberal, somocista, y Conservador tuvieron derecho a participar en elecciones, caracterizadas por el fraude y el aval de los eternos diputados conservadores, silenciados por el pactismo.Con la revolución sandinista, desde las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1984, otros grupos políticos fueron legalizados y decidieron su participación en las elecciones. Unos se apuntaron en el carro que maniobra la Embajada de EE UU en Managua y, junto con la contra, condicionaron su participación. Otros, socialcristianos, conservadores, liberales, comunistas, socialistas, trotskistas, enriquecieron el pluralismo naciente y, junto al Frente Sandinista, ejercieron el voto, eligiendo al presidente de la nación y al Parlamento.

A pesar de la existencia de un pluralismo político -que no pretende imitar modelos-, oxigenado por el compromiso que adopta al presidente de Nicaragua en el documento de intenciones para la paz, más conocido como Esquipulas, y los cumplimientos de dichos acuerdos, que incluyen libertad de prensa, amnistía e indultos, la alternativa violenta que desde su llegada al poder organiza, dirige y financia la Administración de Reagan se interpone en el proceso de paz centroamericano. Intenta centrar a su favor la solución de una guerra. intervencionista que la Administración de EE UU diseñó con la participación de otros Gobiernos en la región y trata de convertir un proceso de conversaciones para el cese al fuego en negociaciones para discutir, desde el terror foráneo, asuntos de orden soberano que los presidentes centroamericanos en Esquipulas ratificaron para la reconciliación en cada uno de sus países.

Cuando se firman documentos, no siempre las partes guardan memoria de lo suscrito, apareciendo interpretaciones que a algunas conviene como si de una nueva versión de Esquipulas se deseara hablar en el ocaso de un año clave para los esfuerzos de pacificación en Centroamérica, apoyados por la mayoría de la comunidad internacional.

Un fenómeno único

En tres países caracterizados por problemas de violencia se han llevado a cabo conversaciones y diálogos para intentar solucionar los conflictos. En el caso de Nicaragua, estos esfuerzos los protagonizan la Comisión de Reconciliacíón Nacional, presidida por el cardenal Obando y Bravo e integrada por el Gobierno y otros sectores sociales, y de otra parte, los dirigentes de la contra, cuya forma de subsistir demuestra la última aprobación de nueve millones de dólares por el Congreso de Estados Unidos fenómeno que no ocurre ni en Guatemala ni en El Salvador, puesto que en ningún otro Parlamento del mundo se discuten fondos para intentar derrotar por la fuerza a Gobiernos electos por sufragio.

El acuerdo de Esquipulas no obliga a dialogar con grupos armados, pero de ello pretenden olvidarse los que en la región y al norte de la misma propugnan por el diálogo directo con la contra, quienes, sin respetar un anterior cese el fuego , intentan manipular mecanismos para la concertación de un alto el fuego y posterior acogida a la amnistía, como indica el compromiso asumido por los presidentes centroamericanos. Como parte de la amnesia que analistas y políticos de la región, como en la misma Nicaragua, sufren después de leído en muchos idiomas el acuerdo de Esquipulas, resaltan voces asustadas por la lógica reacción de un Gobierno que tiene la obligación de cumplir esos acuerdos, pero en primer. lugar, defender la legitimidad y soberanía del mismo por las vías y maneras que el derecho internacional le confiere.

Prever armamento para centenares de miles de nicaragnenses que estén dispuestos a defender sus hogares, familias, y propiedades de una agresión extranjera no es radicalizarse, sino evitar situaciones de debilidad o falta de iniciativas, beneficiosas para un contrincante respaldado por la nación más poderosa del mundo. Tampoco es radicalizarse recordar a los grupos políticos de oposición el espacio del diálogo interno que en las últimas semanas han aparejado.

El pactismo, triste herencia para minorías, surge de nuevo y, abrazados , amparados por el diario La Prensa, acompañados en demostraciones públicas por congresistas y senadores que los fines de semanas intervienen desde EE UU, violando la soberanía y los acuerdos de Esquipulas, una vez más dependen, como único recurso para alcanzar el poder, de la política diseñada en la Casa Blanca que desde el inicio ha buscado la expulsión por la fuerza del sandinismo, englobador de reformas agrarias, educativas y sociales que históricamente negó el somocismo.

A pesar de la guerra, el país funciona. En él conviven hombres y mujeres que apoyan al Gobierno o están en la oposición cívica, asicomo gente de negocios en la empresa privada.

La crisis económica se ha disparado a causa de la guerra y la destrucción de objetivos económicos, pero los papeles no hay que confundirlos, y a los que olvidan ciertos párrafos de Esquipulas se les recuerda letra de los niísmos desde tribunas ganadas primero en una guerra justa, aplaudida intemacionalmente, y después, en unas elecciones.