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El régimen de Pinochet, molesto por las críticas de EE UU al plan electoral

El régimen del general Augusto Pinochet terminará 1987 con un flanco abierto por una inesperada vía. Cuando faltan meses para el plebiscito de sucesión presidencial en Chile y el presidente está ya en campaña, Estados Unidos, la Iglesia católica y hasta la Junta de Gobierno han expresado su preocupación por las condiciones del proceso electoral. La presión norteamericana ha pasado a los hechos. El lunes pasado, el Gobierno reaccionó. El ministro de Exteriores, Ricardo García, citó al embajador de EE UU, Harry Barnes, para expresarle el malestar del régimen por las últimas resoluciones estadounidenses.La presión norteamericana se ha intensificado en la última quincena de diciembre. El primer paso fue la declaración conjunta del presidente Ronald Reagan y del secretario de Estado, George Shultz, para pedir condiciones justas en el plebiscito. Poco después, el Congreso estadounidense aprobó la donación de un millón de dólares a la campaña de la oposición para que haya elecciones libres en vez de plebiscito.

En vísperas de Navidad llegó el tercer golpe. El Departamento de Comercio norteamericano suspendió a Chile del sistema generalizado de preferencias para las exportaciones, como respuesta a la violación de los derechos de los trabajadores. Además, el embajador Barnes consideró probable que, por el mismo motivo, la Administración de Reagan suspenda del beneficio de un seguro estatal a las inversiones estadounidenses en Chile.

Aunque el alcance de estas dos últimas medidas es reducido unos tres millones de dólares-, la aplicación de sanciones concretas provocó un brusco despertar nacionalista en la dictadura. Para los funcionarios de

Pinochet es más desagradable ser presionados por quien se supone un aliado estratégico en a batalla contra el comunismo que por quienes se da por descontado una actitud opositora. El ministro García manifestó que las últimas medidas norteamericanas "afectan a los chilenos en su propio pensamiento, en su dignidad y en sus actividades".

"Agresión imperialista"

El ministro de Trabajo, Alfonso Márquez, fue menos diplomático en sus quejas. Aseguró que estas acciones son "un pretexto para cometer una agresión de tipo político e imperialista sin fundamento alguno". Aunque el embajador Barnes negó que las medidas fueran una intervención en los asuntos chilenos, el Congreso y la Administración miran con inquietud la proximidad del plebiscito.El plebiscito se ha convertido en el segundo eje de presión estadounidense sobre el régimen. El primero es una cuenta pendiente desde 1976: el Gobierno militar no ha entregado a los oficiales de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la anterior policía secreta del régimen, que planificaron el asesinato en Washington del ex ministro de Exteríores socialista Orlando Lettelier y de su secretaria, Ronnie Moffitt.La Iglesia católica, entre tanto mantiene su presión para que el acto electoral sea legítimo. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Carlos Sonzález, insistió en que el clero prefiere una elección abierta a un plebiscito.La preocupación ante el plebiscito alcanza también al Gobierno. Después de que Pinochet declarara que la fecha estaba próxima, los miembros del Gobiernomanifestaron que se necesitaba un mínimo de cinco millones de inscritos en el censo y que el plebiscito se efectuara a partir del próximo septiembre. El lunes, el jefe de Carabineros y miembro de la Junta, Rodolfo Stange, dijo que el candidato será designado en diciembre de 1988 y debe ser civil. [Dos dirigentes comunistas que vivían en el exilio, Francisco Alarcón y Jorge Arriagada, regresaron el lunes a Chile y solicitaron protección de un tribunal de apelación para no ser expulsados, informa Afp].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de diciembre de 1987