El ex comandante rebelde Barreiro se entrega a las autoridades judiciales argentinas

Dos semanas después del inicio de la más grave crisis militar de la democracia argentina, el que fuera el detonante de la misma, el ex comandante Ernesto Barreiro, se entregó ayer a las autoridades judiciales civiles de la provincia de Córdoba, quienes decretaron su ingreso en prisión preventiva. Barreiro, está acusado de seis delitos de torturas y uno de muerte, cometidos entre 1976 y 1980 en el campo clandestino de detención de La Perla.

El ex comandante llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba vestido de paisano y a bordo de un automóvil Ford Falleon, un modelo que se hizo tristemente célebre en los años de la dictadura militar por ser el generalmente utilizado -sin placas de matrícula- por los represores 'para detener a los presuntos subversivos.El ex comandante Barreiro debía haber comparecido ante la justicia el pasado 15 de abril, pero, en vez de hacerlo, se atrincheró en el Regimiento número 14 de Infantería Aerotransportada de Córdoba, dando inicio así a la asonada militar, que continuó después con el alzamiento del coronel Aldo Rico en un cuartel de Campo de Mayo, cerca de Buenos Aires. El presunto torturador, que se encontraba huido hasta ahora, se negó a responder a las preguntas de los jueces civiles y a nombrar abogado defensor, por lo que le fue designado uno de oficio. De momento permanece detenido en el. Comando del III Cuerpo de Ejército.

La comparecencia de Barreiro ante los jueces no obtuvo una reacción inmediata del Gobierno presidido por Raúl Alfonsín, que se enfrenta en estos momentos a dos cuestiones decisivas para la estabilidad democrática del país: la firma de un pacto económico-social entre: empresarios, sindicatos y Gobierno y la dificil regulación de la obediencia debida, con la que se pretende poner un marco a los procesos contra militares acusados de violaciones de los derechos humanos.

El acuerdo para el pacto social estaba a punto de alcanzarse ayer, y su contenido será muy probablemente anunciado hoy, viernes, por Alfonsín en su discurso ante el Congreso.

Este primer pacto social de la democracia argentina será firmado por la poderosa central sindical peronista Confederación General de Trabajadores (CGT), por las organizaciones patronales y por los ministerios de Economía y Trabajo. El acuerdo incluirá un aumento lineal de unos 40 australes (unas 3.200 pesetas al cambio oficial) para compensar la inflación acumulada durante el primer trimestre del año.

La 'obediencia debida'

Pero el tema más complejo que debe afrontar ahora el Gobierno es cómo resolver el problema militar, que sigue peligrosamente latente a pesar del fracaso de la rebelión de la pasada Semana Santa. La redefinición del concepto de obediencia debida dentro de la escala militar de mando parece ser la fórmula a que recurrirá el Gabinete, aunque su regulación y puesta en práctica no se presenta nada fácil. El vicepresidente argentino, Víctor Martínez, descartó en unas declaraciones cualquier tipo de amnistía para los militares procesados, pero reconoció la necesidad de una ley de obediencia debida.

Después de que la llamada ley de punto final, que pretendía poner término a los procesos Contra los torturadores y asesinos de las Fuerzas Armadas, se convirtiera en un auténtico bumerán para el Gobierno y contribuyera a desatar la crisis de Semana Santa, la única vía de salida parece estar en una norma legal por la que sólo se pueda incriminar por delitos de violación de los derechos humanos a los comandantes en jefe, los de cuerpo o zona, y con una jerarquía superior a la de teniente coronel o su equivalente en la Marina y en la Fuerza Aérea.

Naturalmente, un proyecto de estas o similares características ha levantado ya las protestas de los sectores más radicalizados en la petición de "castigo a los culpables". En cambio, en los círculos militares se ve con relativo agrado una ley de este tenor, que podría suponer el fin de los procesos para muchos de los oficiales encausados. El presidente de la primera Junta Militar, Jorge Videla, que cumple condena a perpetuidad, se ha sumado a los defensores de la obediencia debida al enviar una nota al juez desde la cárcel en la que afirma asumir personalmente la total responsabilidad "histórica y política" del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al Gobierno de María Estela Martínez de Perán e instauró la dictadura militar.

El principal problema de la obediencia debida es quién la regulará, si la Corte Suprema o el Congreso; es decir, el poder judicial o el legislativo. De momento, tres de los cinco magistrados del alto tribunal son contrarios a esta normativa, lo que obligará probablemente a presentar un proyecto de ley en el Parlamento donde se fijen los alcances de la obediencia debida para que posteriormente sean aplicados por los jueces.

Entre las hipótesis que baraja el Gobierno para encarar este espinoso tema está la suspensión por seis meses de todos los procesos, excepto los que se encuentran ante la Corte Suprema. Esto daría tiempo al esperado fallo y retrasaría el problema hasta después de las elecciones del 6 de septiembre.

[El jefe del 14 Regimiento de Infantería Aerotransportada, teniente coronel Luis Polo, fue relevado ayer de su cargo, informa Efe.]