20 millones en un archivador

La sospecha de la existencia de irregularidades en la gestión del recinto monumental de la Alhambra se evidenció en mayo de 1985, cuando el entonces delegado de la Consejería de Cultura, Gabriel Molina, descubrió 20 millones de pesetas guardados en un archivador. A falta de un notario que levantase acta del hallazgo, Molina llamó como testigos a dos periodistas.El método usado por Molina provocó la inmediata reprobación del entonces viceconsejero de Cultura andaluz, Mateo Revilla, que meses después sería nombrado comisario del conjunto monumental y que en la actualidad continúa al frente del mismo. La publicación en la Prensa de esta y otras anomalías financieras propició que la Junta encargara una auditoría.

En mitad del proceso de normalización de la Alhambra, cuyas competencias fueron asumidas por el Gobierno andaluz en marzo de 1985, los trabajadores mantuvieron una huelga de dos días al habérseles dejado de pagar un plus fuera de nómina proveniente de los ingresos del servicio de publicaciones. La juditoría fue terminada en otoño de ese año. La inminencia de su publicación, y el rango intelectual de algunos de los presuntos implicados, como el presidente del patronato, Antonio Gallego, ex rector de la universidad de Granada, provocaron reacciones encontradas.

Miembros del PSOE granadino hicieron ver la conveniencia de no hacer insinuaciones de malversación desde la propia Administración. Tras varias dudas, la Junta decidió no hacer pública la investigación y abrir un expediente al único funcionario relacionado con el escándalo, el ex gerente Francisco Sánchez. El Gobierno andaluz envió la auditoría al Tribunal de Cuentas, pese a que en el nivel autonómico sólo el Parlamento andaluz puede instar la actuación de este organismo.

Los datos se filtraron a los medios de comunicación tras una reunión de la Junta de Portavoces de la propia Cámara regional. Desde entonces, la Junta evitó cualquier referencia a la auditoría y sólo dijo que el proceso "continuaba su camino". Aunque la Junta de Andalucía, tras muchas dilaciones, ha elegido la vía judicial, quiere eludir a toda costa la imagen de "acoso a sectores de la derecha granadina".