Cinco jefes de las juntas militares argentinas serán expulsados de las fuerzas armadas

La Camara Federal argentina envió ayer al poder ejecutivo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que estableció, a comienzos de este año, las condenas definitivas para los cinco miembros de las dos primeras juntas militares de la dictadura iniciada en 1976. El Ministerio de Defensa las remitirá al presidente, Raúl Alfonsín, quien firmará en los próximos días la destitución de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, los almirantes Emilio Massera y Armando Lambruschini y el brigadier Orlando Agosti.De acuerdo con el artículo 552 del Código de Justicia Militar argentino, el presidente de la nación, en su condición de comandante en jefe de las fuerzas armadas, debe ordenarr la pérdida definitiva del grado militar de los condenados, la baja de éstos de dichas fuerzas y el cese de todo derecho contra el Estado por servicios prestados con anterioridad. Los abogados defensores de los altos jefes militares habían apelado ante la Corte el fallo de la Cámara Federal, que condenó a reclusión perpetua a Videla y Massera, a 17 años a Viola, a ocho años a Lambruschini y a cuatro años y tres meses a Agosti, y ordenó la destitución de todos ellos. La Corte ratificó el fallo en casi todos los casos o introdujo ligeras variantes.

Por otra parte, la Cámara: Federal se ha hecho cargo de la causa en la que se investigan las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires. Son unas 400 denuncias sobre delitos considerados "atroces y aberrantes". Algunos de ellos sirvieron de prueba para condenar al almirante Emilio Níassera en el juicio anterior. La causa ESMA había sido retenida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el máximo tribunal militar, hasta que en los primeros días de enero pasado decidió desprocesar a los acusados, por considerar "legítimos" los métodos empleados.

Hasta entonces, el Consejo no le había tomado declaración a ninguno de los acusados- unos 30 oficiales navales- porque éstos se habían negado a presentarse. El fallo del tribunal militar fue considerado en su momento como un "alzamiento contra la democracia" por dirigentes del partido en el Gobierno y de la oposición. El fiscal Julio César Strassera se dispone ahora a reclamar de forma urgente que se procese a los acusados para evitar que les beneficie la llamada ley de punto final. El plazo para considerar que se han "extinguido las acciones penales", según la ley aprobada por el Gobierno en diciembre pasado, vence el próximo 22 de febrero.