'Punto final' en el Cono Sur

Como si se ajustara a una cronología pactada, el presidente Raúl Alfonsín envió al Parlamento, al cumplirse los tres primeros años de su Gobierno, un proyecto de ley para la "reconciliación nacional" que la sociedad, la Prensa y los dirigentes políticos llaman de punto final.

El objeto de ese borrón y cuenta nueva es el de cerrar el pasado y librar, con ello, a la democracia argentina del lastre de un ajuste de cuentas dilatado en el futuro que pesara como una losa sobre las relaciones entre el Ejército y el poder civil. Sobre esto se puede estar o no, de acuerdo con la terapéutica, pero difícilmente desaprobar las intenciones del presidente Alfonsín. Es indudable que muchos culpables de haberse manchado las manos en la guerra sucia contra la disidencia en los años de la dictadura no deberán temer ya, dentro de 60 días como plazo que fija la ley, ninguna persecución en justicia. Eso obliga a comprender la posición de todos los que se insurgen contra la medida afirmando que sobre esas bases no es posible crear una verdadera democracia. Desgraciadamente, sin embargo, raras son las sociedades que pueden mirar al pasado seguras de no encontrar un pecado original escondido en el ropero, y nos parece que la prudencia de Alfonsín merece cuando menos el mismo crédito que posiciones que podríamos calificar de más puristas.

No hay que olvidar que la nueva democracia argentina no ha exonerado al Ejército de los desastres que infligió a su propio pueblo, puesto que los miembros de tres juntas militares padecen muy justa reclusión por lo que se perpetró bajo su mando y con su indudable conocimiento. Al mismo tiempo, las responsabilidades por la catástrofe de las Malvinas están todavía por sustanciar plenamente y con toda seguridad no han acabado, por ese motivo, las condenas contra la cúpula militar. Lo que se ha hecho es buscar una línea mediana entre lo estricto y lo conveniente, y no parece que el resultado sea necesariamente reprobable. Recordemos que en la caída de la dictadura de los coroneles griegos apenas dos docenas de los máximos responsables sufrieron el peso de la justicia. De igual forma, en Brasil la democracia parece más que razonablemente instalada sin que haya habido un careo procesal con el Ejército, y la milicia uruguaya no ha de temer tampoco nada del restablecimiento de las instituciones democráticas en su país. Es cierto que el museo de los horrores argentino tiene resonancias especialmente macabras, pero la solución adoptada puede ser suficiente para que el país entienda que no ha blanqueado simplemente su pasado.

En el planteamiento del presidente Alfonsín había que distinguir tres niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que se excedieron al cumplirlas y aquellos que debían sentirse amparados por la "obediencia debida". El Gobierno dio oportunidad a los militares para que se juzgaran a sí mismos a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero fue defraudado cuando el máximo tribunal militar sentenció que la represión había sido legal e irreprochable. Debió retirarle las causas y entregarlas a la justicia civil. Se llegó así a los históricos juicios que condenaron a las tres primeras juntas militares y luego al general Ramón Camps, el temible carnicero de Buenos Aires. Es éste un punto final que no ha impedido que se revisara la historia de la dictadura militar que tomó el poder en 1976. Ante la posición de los que hubieran preferido un punto y seguido y la de los que temían que todo acabara en puntos suspensivos, la solución de Alfonsín parece razonable estableciendo ese final de párrafo en la historia de la recobrada democracia argentina.

Finalmente, para el Gobierno radical, 1987 ha de ser un año clave. Las elecciones de noviembre próximo deberán dirimir entre radicales y peronistas la ocupación de las gobernaciones de todas las provincias y la renovación parcial del Parlamento. Habrá que ver entonces qué piensa y siente realmente la sociedad cuando se exprese ante las urnas. Ése será el momento de conocer el veredicto de la opinión argentina. Un veredicto que afectará sin duda a la totalidad de la gestión de Alfonsín, pero no parece arriesgado suponer que será también una opinión muy cualificada sobre la solución que se ha dado al gran problema de la reconciliación nacional.