Los juicios sobre derechos humanos dividen a los radicales argentinos
La convención nacional de la Unión Cívica Radical, el partido en el poder en Argentina, ordenó ayer, tras prolongadas y violentas discusiones, a todos sus representantes en el Parlamento que voten favorablemente la polémica ley de punto final, que será debatida hoy en el Senado.Los dirigentes de la Juventud Radical -cuya fracción más importante, Franja Morada, participó el viernes en una manifestación contra el proyecto- reiteraron su oposición y se presentaron en la Convención con pancartas contra el punto final. El jefe del grupo de diputados radicales, César Jaroslavsky, uno de los dirigentes más cercanos al presidente, Raúl Alfonsín, estuvo a punto de agredir a un participante de la convención que expresó su repudio por la iniciativa.
El polémico proyecto, por el que el presidente Raúl Alfonsín dijo que está dispuesto a "pagar los costes políticos que sean necesarios", limita a 60 días el plazo para iniciar nuevos juicios contra los responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen militar entre 1976 y 1982.
El ministro del Interior, Antonio Tróccoli, en declaraciones publicadas ayer por el diario argentino La Razón, negó que el proyecto haya sido el resultado de la presión militar. "No hay ni hubo crisis alguna, ni siquiera malestar" en las Fuerzas Armadas a causa de los múltiples juicios contra militares acusados de abusos en la represión, dijo. "El Gobierno impulsa la extinción de causas porque es una injusticia mantener bajo sospecha y sin definición la situación de muchos oficiales en activo", añadió.
El Gobierno tiene asegurada la aprobación del proyecto en el Senado, de 46 miembros, con el voto de sus 18 representantes más el de dos senadores peronistas disidentes y el de otros cinco de partidos provinciales. Sin embargo, no se descarta que algunos senadores radicales no asistan a la sesión de hoy, en una muestra de descontento.
Entretanto, para antes del miércoles, se espera el fallo del Tribunal Supremo sobre las apelaciones a las condenas impuestas a los nueve miembros de las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1982.
