Pinochet encontró resistencias en la Junta chilena para prorrogar el estado de sitio

El presidente de Chile, general Augusto Pinochet, impuso el viernes la prolongación del estado de sitio por otros 30 días en Santiago y en las principales ciudades del país, después de una ardua negociación con la Junta militar de Gobierno. El decreto, publicado ayer en la gaceta oficial, deja bajo tres estados de excepción superpuestos (de sitio, de emergencia y de perturbación de la paz interior) a más de la mitad de la población chilena.

El ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, se limitó a resaltar que el estado de sitio fue levantado en algunas provincias, lo cual responde a la "flexibilidad" del régimen. La prolongación por 30 días es un hecho excepcional en Chile, aunque el país se encuentra bajo distintas formas de excepción desde 1973. Habitualmente, el régimen prolonga por 90 días las medidas de excepción.En esta ocasión, sin embargo, la renovación fue por un período menor y tras intensas negociaciones en el marco castrense. La Junta de Gobierno, tres de cuyos integrantes se negaban a aceptar la prolongación del estado de sitio, implantado tras el atentado contra Pinochet, perpetrado el 7 de septiembre, terminó negociando con el Ejecutivo un período de extensión más reducido, según fuentes cercanas al régimen.

El estado de sitio se extenderá hasta el 25 de enero, una fecha casi límite si el Gobierno no quiere perturbar más todavía sus relaciones con la Iglesia católica. La jerarquía eclesiástica y el nuncio del Vaticano han pedido al Gobierno que no haya estado de sitio al menos 90 días antes de abril, cuando el Papa Juan Pablo II llegue a Chile, para que la visita pueda ser preparada con normalidad.

Los partidos políticos y organismos de derechos humanos criticaron la prolongación del estado de sitio. Andrés Domínguez, secretario general de la Comisión de Derechos Humanos, dijo con amarga ironía que "es el regalo de Navidad de la dictadura al pueblo". Según Domínguez, el estado de sitio "significa la suspensión de la mayor parte de los derechos civiles y políticos". La jefatura militar de Santiago levantó el sábado la clausura a la revista Apsi, pero suspendió la publicación de Pluma y pincel y mantuvo las sanciones a las publicaciones Análisis, Cauce, Fortín Mapocho y La Bicicleta.

La prolongación de la anormalidad es habitual en Chile. Un balance estadístico de la Comisión de Derechos Humanos indica que durante el año ha habido un promedio mensual de 4,5 muertos, 24,1 heridos de bala, 5,5 secuestros, 17,8 casos de torturas denunciadas, 44,3 amenazas, 1.017 detenidos en manifestaciones y 2.356 detenciones durante allanamientos. "Los esta dos de excepción son una herramienta represiva", concluye Domínguez.