El Patrimonio Nacional, con criterios de empresa privada

Manuel Gómez de Pablos, presidente del Patrimonio Nacional, declaró ayer. "Buscamos poder armonizar la garantía y el peso que da un centro oficial con la eficacia y agilidad de una empresa privada". El Patrimonio Nacional, que gestiona y conserva importantes palacios y reales sitios, entre, ellos el palacio Real, el de Aranjuez y el monasterio de El Escorial, fue objeto de fuertes críticas y reconocidos abusos y expoliaciones durante el franquismo. Considerado como el mejor legado arquitectónico y artístico del mundo después del Vaticano, acaba de iniciar un etapa de objetivos concretos y de racionalización de la mano de su presidente desde hace siete meses, que también lo es de Iberduero.

Poner el Patrimonio Nacional al servicio de la cultura, continuar y ampliar los ciclos musicales que se vienen realizando el organismo usa la mejor colección de Stradivarius que existe en el mundo, de su propiedad-, potenciar la actividad editorial -está a punto de aparecer el catálogo con la magnífica colección de tapices-, seguir la política de conmemoraciones -el año próximo le llega el turno al monasterio de Las Huelgas, de Burgos, que cumple ocho siglos- e incorporar piezas de arte moderno y contemporáneo a la colección son las líneas esenciales de la nueva etapa iniciada hace siete meses por Manuel Gómez de Pablos, que fue hecha pública ayer en el curso de una conferencia de prensa.El Patrimonio Nacional tiene en la actualidad un presupuesto de 4.200 millones de pesetas -para el próximo ejercicio está previsto incrementarlo hasta 5.300 millones-, 1.200 empleados, e ingresa sólo 846 millones. Estos ingresos se producen por la venta de entradas y por las publicaciones. El gasto mayor se produce en el capítulo dedicado a personal, que absorbe casi el 70% del presupuesto.

El Patrimonio Nacional es un organismo que gestiona los bienes que se han venido considerando como de la corona o del patrimonio real. Está regido por una ley reguladora especial y depende de la Presidencia del Gobierno.

Integran el Patrimonio Nacional el palacio Real de Madrid, el palacio de Aranjuez, el monasterio de El Escorial, el Valle de los Caídos, los reales sitios de La Granja y Riofrío, el palacio de El Pardo, el palacio de la Zarzuela y el palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca, así como sus edificios y jardines anexos.

También tiene el patrimonio derechos de gobierno y administración de los llamados reales patronatos, entre los que se encuentran la iglesia y el convento de la Encarnación; la iglesia y el hospital del Buen Suceso; el convento de las Descalzas; la real basílica de Atocha; la iglesia y colegio de Santa Isabel; la iglesia y colegio de Loreto; el monasterio de Las Huelgas, en Burgos; el hospital del Rey, de Madrid; el convento de Santa Clara, en Tordesillas; el convento de San Pascual, en Aranjuez, y el Copatronato de Doncellas Nobles, en Toledo.

La actual ley reguladora del Patrimonio Nacional, de julio de 1982, sustituía a una anterior dictada por Franco después de la guerra civil. Durante la República se creó el Patrimonio de la República, y en las Cortes de Cádiz de 1812, otra del Patrimonio Real, por la que los bienes de los monarcas pasaban a propiedad del Estado.

"Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional", dice la ley de 1982, "los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la real familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen". Durante la etapa franquista, cuando era presidente el general Fernando Fuertes de Villavicencio, los bienes del Patrimonio Nacional estuvieron sometidos a un control único de este organismo, sin que tuviera que rendir cuentas ni ante el Tribunal de Cuentas.

En los primeros años de la democracia se denunciaron actuaciones conflictivas de los dirigentes del patrimonio, aunque por las características y competencias del organismo no pudo probarse irregularidad alguna.

Denuncias

Se denunció, por ejemplo, la construcción del club de golf de La Herrería en terrenos de El Escorial dependientes del patrimonio; el derribo de la iglesia del Buen Suceso, en la madrileña calle de la Princesa, donde se erigieron dos edificios de 14 pisos; la desaparición de tapices del monasterio de El Escorial, y otro número de especulaciones, sobre todo urbanísticas, en Madrid, Sevilla, Aranjuez, Riofrío y El Escorial, que nunca fueron explicadas.Fuertes de Villavicencio cesó en diciembre de 1981 y se hizo cargo del patrimonio el marqués de Mondéjar, y como gerente, Ramón Andrada, en una etapa que ha sido considerada como de transición y normalización hasta la llegada de Gómez de Pablos.

El nuevo presidente quiere informatizar la administración, llevar una gestión "transparente" y rentabilizar en lo posible un patrimonio cultural ingente, aunque algunas de las irregularidades ya cometidas, como los edificios erigidos en el lugar que ocupaba la iglesia del Buen Suceso, en Madrid, han pasado también a incrementar nuestro patrimonio nacional.