La dictadura chilena libera al socialista Ricardo Lagos y concentra la represión en los comunistas

Chile vive bajo un estado de sitio particular. Mano dura y represión contra el partido comunista, sus aliados , los empobrecidos habitantes de las barriadas obreras, y mayor permisividad ante partidos políticos de derecha, centro e izquierda moderada. En la noche del viernes pasado, recuperaron su libertad Ricardo Lagos, dirigente del moderado Partido Socialista de Chile, y tres estudiantes universitarios. Además, el estado de sitio fue levantado en la XI Región, 1.300 kilómetros al sur de la capital, y la agencia italiana de noticias ANSA fue autorizada nuevamente a transmitir mediante el bando número 7.

Según dijo el ministro del Interior, Ricardo García, los hechos son "una demostración muy precisa" de la forma en que el régimen quiere "aplicar este estado de excepción, con medidas que en un momento deben ser mayores y en otro momentos menores". Por su parte, Lagos declaró ayer que se debe luchar por la libertad del resto de los clirigentes detenidos y agradeció el trato que recibió durante su arresto.La liberación de Lagos no fue una sorpresa. Numerosos gobiernos europeos, entre ellos el de España -además de los latinoamericanos y el Departamento de Estado norteamericano- habían presionado al régimen para que pusiera en libertad al dirigente socialista, quien en numerosas declaraciones ha rechazado la militarización de la política, tanto por la dictadura como por grupos extremistas de izquierda.

También la libertad de tres de los universitarios que habían sido detenidos cuando se encontraban el coche del encargado de negocios de Holanda en Chile al ir a entregar una carta a esa representación diplomática, se debe al deseo del Gobierno de aminorar las presiones externas. Holanda había amenazado con revisar sus relaciones con Chile si los estudiantes no eran liberados.

Un cuarto estudiante, comunista, arrestado en el mismo incidente, sigue detenido. El Gobierno puso a disposición de la justicia militar a 12 personas acusadas de formar células del Partido Comunista, y otras cinco fueron detenidas ayer por su presunta participación en el Frente Patriótico Manuel Rodiríguez, un grupo armado que combate al régimen.

Dentro del Gobierno existe una inusual preocupación por la imagen externa. En octubre, la Administración de Reagan debe decidir cómo votar en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial créditos externos por 600 millones de dólares (más de 800 millones de pesetas), solicitados por el Gobierno de Pinochet. Además, en noviembre, en el seno de las Naciones Unidas sedebe votar la situación delos derechos humanos en el país suramericano. En círculos gubernamentales existe la idea de persistir en la lucha contra el terrorismo, tendiendo a separar la oposición que propugna la validez de todas las vías de lucha -encabezada por el Movimiento Democrático Popular (MDP), que dirigen los comunistas- de la que rechaza la violencia, reunida en la Alianza Democrática.

Más que en Pinochet y sus seguidores, la preocupación por la imagen externa está en la Junta de Gobierno, que no desea un estado de sitio excesivamente enérgico.

Brigada especial

Por iniciativa de la policía de investigaciones, este cuerpo creó una brigada especial para aclarar los asesinatos de cuatro opositores -entre ellos el del periodista José Carrasco- durante los primeros días que siguieron al atentado contra Pinochet. Fuentes de la policía de investigaciones dijeron estar "muy preocupadas" por los homicidios y por el hecho de que se pretendiera implicar a la policía en ellos.

El estado de sitio, que ha sido menos riguroso que el aplicado en 1984 y 1985, cuando más de 600 personas fueron detenidas y confinadas en apartadas localidades del país, refleja el desgaste de la dictadura. Las fricciones internas y la presión externa le impiden a Pinochet aplicar una mano más dura. Excepto contra el MDP: el medio centenar de detenidos y las cuatro víctimas mortales registradas desde la proclamación del estado de sitio, el pasado día 7, son militantes de este colectivo, y los allanamientos se han efectuado en las barriadas donde el partido comunista tiene más respaldo popular.

Después del atentado, dentro de la oposición moderada, se generalizó la idea de llegar a un debate con las fuerzas armadas para alcanzar la transición. El presidente de la Democracia Cristiana, Gabriel Valdés, declaró ayer que "los chilenos quieren una salida sensata, sin violencia y sustentada en un acuerdo amplio y generoso". Valdés dijo que se debe negociar con las fuerzas armadas para conseguir elecciones libres. Sectores del Partido Socialista de Chile declararon ser partidarios de una negociación, reconociendo la Constitución del Gobierno, después del fracaso de la táctica de hacer frente directamente al régimen.

El MDP, protagonista de una intensa persecución, es más proclive a radicaliz arse. Un dirigente comunista expresó que no es posible negociar con las Fuerzas Armadas porque "el obstáculo es Pinochet", y reiteró que los partidos moderados necesitarán la movilización social puesto que "no hay otro mecanismo para presionar a la dictadura". Apagones de luz y atentados menores indican que la presión armada persiste a pesar del estado de sitio.