La Fuerza Aérea chilena expresa su apoyo a los procesados por la desaparición de 10 personas

MANUEL DÉLANO, El miembro de la Junta de Gobierno de Chile y comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Fernando Matthei, expresó el lunes su apoyo a los miembros de su arma, tanto en servicio activo como retirados, que han sido sometidos a proceso por la desaparición de 10 personas entre 1976 y 1977. Al solidarizarse públicamente con los procesados por la guerra sucia que el régimen militar de Augusto Pinochet emprendió contra los partidos de izquierda después del golpe militar, Matthei legitimó las actuaciones de la Fuerza Aérea en ese campo durante los años posteriores al derrocamiento ole Salvador Allende.

Matthei aseguró: La Fuerza Aérea prestará todo su apoyo moral y material "a estos hombres que en momentos muy difíciles que vivió Chile años atrás, y que hoy día otra vez estamos viviendo, se jugaron por entero para darnos seguridad y tranquilidad a todos nosotros". Agregó que: los procesados "no pueden haber cometido los crímenes que se les achacan". "Nosotros tenemos confianza", dijo, "de que van a poder demostrar muy pronto su completa inocencia de los cargos que les ha hecho la justicia chilena".Matthei no usó casualmente el pronombre "nosotros". Habló en nombre de su arma, e incluso expresó el apoyo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en su conjunto a los ahora encausados por su supuesta participación en la guerra sucia. Su opinión institucional puso de manifiesto el profundo rechazo de las Fuerzas Armadas a este proceso por violaciones de los derechos humanos.

Paradójicamente, la Fuerza Aérea, una de las armas de las Fuerzas Armadas que más declaraciones ha hecho en pro de un retorno a la democracia a partir de 1989, ha sido la más afecta da en este caso. De los 40 procesados por el juez Carlos Cerda, 17 pertenecen a este arma, entre ellos el ex miembro de la Junta de Gobierno Gustavo Leigh, tres generales, cinco comandantes y cuatro coroneles, unos en servicio activo y otros retirados.

Pero el apoyo instiltucional fue delimitado: sólo a los miembros de la Fuerza Aérea afectados. Puesta en una encrucijada, este arma se defiende a sí misma, sin que hasta ahora haya encontrado respaldo en el Gobierno o en otros sectores de las Fuerzas Armadas. Matthei declinó pronunciarse sobre si detrás de los requerimientos judiciales hay consideraciones políticas.

Mientras dure el proceso, los generales permanecerán en sus domicilios, y los oficiales y suboficiales, en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea.

Entre tanto, el juez Cerda ordenó el paso inmediato a prisión, en régimen de comunicación, a cinco de los 40 procesados, después de interrogarles en la noche del pasado lunes. Cuatro están en recintos militares: el comandante de reserva Jorge Rodríguez, de la Fuerza Aérea; el capitán de carabineros Manuel Muñoz, el policía de investigaciones Manuel Antonio Salvatierra y el teniente retirado de la Armada Daniel Gimpert.

El ex delator comunista Miguel Estay, alias el Fanta, permanece en una cárcel de Santiago.

En nombre de los cuatro militares, el abogado Carlos Portales presentó un recurso a la Corte de Apelaciones de la capital en el que aduce que el juez Cerda no consideró la ley de amnistía al procesarlos. Esta ley fue dictada por el régimen en 1978 para tender un manto de silencio sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas con anterioridad. El abogado pidió que se sobreseyera la causa.

El caso de Leigh

La solidaridad de la Fuerza Aérea con los procesados no resulta sorprendente. El más prominente de los acusados de asociación ilícita y privación ilegítima de libertad es el general retirado Gustavo Leigh, que fue comandante en jefe del arma. El Comando Conjunto, al que se acusa de encabezar la represión contra el partido comunista, estaba mayoritariamente formado por miembros de la Fuerza Aérea.

Leigh es un hombre que ha tenido una evolución notable. Nombrado comandante en jefe de la Fuerza Aérea en agosto de 1973 por Allende, un mes después fue quien ordenó el bombardeo con aviones Hawker Hanter del palacio presidencial de La Moneda.

Este hecho, los procesos contra un centenar de militares que se mantuvieron fieles a Allende y las brutales torturas que se aplicaron en la Fuerza Aérea, según numerosos testigos, le hicieron ganar la reputación de ser el más duro de los generales golpistas. En 1973 dijo que quería "extirpar el cáncer marxista".

Pero cinco años más tarde evolucionó hacia la disidencia. En un virtual golpe de Estado interno, en 1978, Leigh fue expulsado de la Junta de Gobierno por Pinochet debido a unas declaraciones en las que pedía el retorno a la democracia.