La oposición chilena teme que instancias judiciales superiores bloqueen el sumario de los desaparecidos

Representantes de la oposición chilena atribuyeron ayer a una iniciativa personal del juez especial Carlos Cerda Fernández la orden de detención que éste dictó el jueves contra 38 militares -entre ellos el ex jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh- y dos civiles, acusados de los delitos de asociación ilícita y de la detención ilegal de 10 personas, la mayoría dirigentes clandestinos del partido comunista, que. se encuentran desaparecidos desde 1976. Las mismas fuentes temen que la decisión de Cerda pueda ser modificada posteriormente por instancias superiores del poder judicial.

La policía no había practicado todavía, la tarde de ayer, ninguna de las detenciones solicitadas por el juez Cerda. La acusación de asociación ilegal que pesa sobre los procesados se: refiere a su participación en un comando conjunto (le las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a excepción del Ejército de Tierra, cuya función que localizar, eliminar a los principales dirigentes del Partido Comunista chileno, tras el golpe militar de 1973.

Ésta es la primera vez que un juez civil adopta tina decisión de tanta envergadura contra el estamento militar, desde que la investigación sobre 668 casos de desapariciones denunciados por la Iglesia católica ante los tribunales comenzó en 1977. El diario El Mercurio, uno de los baluartes del régimen del general Augusto Pinochet, se refirió ayer por primera vez del "caso de los desaparecidos" sin agregar la palabra "presuntos", al informar de la orden de detención dictada por el juez Carlos Cerda Fernández.

Hasta ahora, para el Gobierno y la Prensa oficialista los desaparecidos en la guerra sucia eran presuntas víctimas". Presunta su existencia anterior, presunta su desaparición, presunta su suerte. Durante 13 años, los 668 detenidos desaparecidos bajo el régirrien de Pinochet no han existido para la Justicia y el Gobierno.

La dictadura no solo negó la detención de las víctimas, sino que en 1978 dictó una ley de amnistía para perdonairlos excesos que hubo durante los primeros años del terror. Incansablemente, los familiares de las víctimas han ido a gritar "queremos justicia", llevando carteles con las fotos de sus parientes, hasta el palacio presidencial de: La Moneda, sin que nadie en el Gobierno les escuchase.

El jueves por la noche, cuando la noticia de los procesamientos dictados por el juez Cerda se extendió por Santiago, los familiares de los detenidos desaparecidos no se la podían creer. Una docena de ellos fueron al Palacio de Justicia para apoyar la decisión de Cerda Fernández. Uno de los abogados de los familiares declaró: "Esta es la resolución más importante que se ha dictado en materia de derechos humanos durante los 13 años del régimen".

Gracias a la decisión del juez Cerda, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde los casos de derechos humanos se comenzaron a ventilar bajo el Gobierno democrático, la investigación sobre la guerra sucia ha comenzado en Chile durante y a pesar de la dictadura.

Todo esto parece posible gracias a la tenacidad del juez Cerda, quien paradójicamente se encuentra calificado en el último escalafón del poder judicial. Cerda se atrevió a investigar a fondo a pesar de las presiones que recibió: servicios de seguridad lo siguieron, y fotografiaron a sus testigos; un agente, ahora procesado, se quejó de haber sido golpeado durante su interrogatorio por el juez; el comandante enjefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, solicitó medidas disciplinarias contra Cerda, que también se vio hostigado por la Prensa pinochetista, mientras los encausados se le escabullían de entre las manos sin que la policía los detuviera.

Pero Cerda aprovechó los pocos hilos que tenía. El primero fue la confesión de un desertor de la Fuerza Aérea, Andrés Valenzuela, que reside en París y contra el cual ha dictado orden de detención. Valenzuela reveló la existencia del comando conjunto, con oficinas propias dentro de cuarteles, vehículos y centros de detención clandestinos, que estaba dirigiendo la represión contra los comunistas.

El segundo cabo que Cerda ató fueron las pugnas internas de los aparatos de seguridad del régimen. La ahora disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por sus siglas DINA, bajo el patrocinio del general Augusto Pinochet, tuvo roces y enfrentamientos con el comando conjunto, que permitieron a Cerda, 10,años después, desen trañar el caso de los 10 desaparecidos sobre la base de las contradicciones, recriminaciones mutuas y el inocultable deseo de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de exirnirse de responsabilidad en la guerra sucia.

El tercer elemento con que contó el juez fue la diligencia e infinita paciencia de los familiares de las víctimas y de la Iglesia católica para llegar a la verdad.

Junto con otros dos jueces -Adolfo Bañados, que desentrañó el asesinato de una docena de campesinos por carabineros en la localidad rural de Lonquén, a 40 kilómetros de Santiago, y José Cánovas, quien desenmascaró la participación policial en el secuestro de tres militantes comunistas que fueron degollados en 1985-. Cerda pasó a formar parte de una trilogía, de excepción dentro del poder judicial chileno, y salió abruptamente de su oscuro anonimato. Al anunciar el jueves su resolución de 200 folios, Cerda declaró: "Es maravilloso tener la oportunidad de jugarse la vida por valores superiores".