La CE estudia la financiación de un catastro vinícola para impedir los fraudes

Los ministros de Agricultura de los doce empezaron a discutir ayer -y continuarán hoy- la financiación de un catastro vinícola en la Comunidad Europea (CE) que, entre otras ventajas, impedirá el fraude en la producción de vino. En la agenda de los titulares de Agricultura figuraba también, al margen de este tema que interesa a España, el estudio de medidas para intentar reducir los excedentes de carne de vacuno y lácteos en los doce y, paradójicamente, la aprobación de la importación por la CE en los dos próximos años de nada menos que 152.000 toneladas de mantequilla neozelandesa.

Todos los países de la Comunidad consideraban útil el establecimiento de un catastro, pero mientras algunos productores vinícolas como España y Grecia deseaban que el coste de la operación -evaluado en 8.117 millones de pesetas a lo largo de los seis próximos años- fuese abonado en un 80% por la Comisión Europea, los países del norte -como la República Federal de Alemania, el Reino Unido y Dinamarca-, querían que la financiación comunitaria no superase el 25%.La Comisión Europea propuso hacerse cargo del 50% del monto del proyecto y el resto sería costeado por los Estados miembros de forma proporcional a su producción de vino. La reunión, en la que España estuvo representada por Julián Arévalo, presidente del FORPPA, giró en torno a esta propuesta.

La delegación alemana tenía, además, la intención de mostrarse reacia a que el Ejecutivo europeo vigilase directamente la puesta en práctica del catastro, realizado en parte mediante fotografías aéreas, por temor a que generase gastos suplementarios para las arcas comunitarias y preconizaba un simple intercambio de informaciones entre la Comisión y los Gobiernos.

Los excedentes

El principal tema de debate previsto era, sin embargo, la disminución de los excedentes lácteos, especialmente la mantequilla que alcanzaba en mayo la cifra récord de 1.300.000 toneladas, cuyo coste de almacenamiento en inmensas neveras asciende a 62.000 pesetas por tonelada y año.

Para lograr la reducción de estos enormes depósitos, los ministros examinaron un aumento de las subvenciones, que podrían alcanzar 244.000 millones de pesetas, para la venta de mantequilla a precio social a jubilados, parados y trabajadores con salario mínimo.

A ello se añadiría el suministro a bajo precio a los agricultores de mantequilla almacenada desde hace más de dos o tres años y no apta para consumo humano, para que alimenten al ganado, sobre todo a las vacas. En total, la Comisión Europea espera así poder colocar en el mercado 180.000 toneladas al año, el 14% de lo almacenado.

Los excedentes de productos lácteos y de carne de vacuno -éstos últimos alcanzan 750.000 toneladas-, en el que naufragan las finanzas de la Comunidad, no son un obstáculo para que, en virtud del tratado de adhesión a la CE concluido por Londres, el Ejecutivo europeo haya propuesto a los doce aprobar la importación de mantequilla de Nueva Zelanda -77.000 toneladas en 1987 y 75.000 toneladas en 1988- que será consumida casi exclusivamente en el Reino Unido.

El único país que se oponía a prorrogar este régimen preferente fue Irlanda, por resultar el más perjudicado. Francia, que inicialmente compartía el punto de vista irlandés, cambié de opinión después de que la semana pasada WeIlington decidiese entregarle a sus dos espías encarcelados por haber perpetrado un atentado contra un barco ecologista. Su ministro de Agricultura, François Guillaume, lo reconoció implícitamente.