El general Pinochet expresa su deseo de prolongar su régimen hasta 1997
El general Augusto Pinochet expresó el viernes, en un virtual inicio de su campaña presidencial para 1989, su deseo de prolongar el régimen militar por un nuevo período de ocho años, con lo cual completa ría 24 años en el poder. Pinochet dijo en el pueblo de Santa Juana, a unos 450 kilómetros de Santiago de Chile, que "nadie puede desconocer el legítimo derecho que nos asiste para poner la voluntad de proyectar nuestra obra más allá del año 89".
El jefe de Estado chileno manifestó públicamente una íntima convicción: "Tengo la seguridad de que esos mismos chilenos que apoyaron el pronunciamiento de 1973 [el golpe militar] y respaldaron la Constitución política de 1980, y que son conscientes de la efectiva acción de nuestro Gobierno, lo apoyarán decididamente en el año 1989, lográndose así proyectar el régimen a un nuevo período presidencial, conforme a los mecanismos que la propia Constitución establece".Según Pinochet, el Gobierno «jamás ha sido concebido como un paréntesis en la historia cívica del país". Agregó que "más democracia de la que estamos practicando, no hay en otra parte del mundo". El ministro del Interior, Ricardo García, al intentar maquillar las declaraciones de Pinochet, dijo ayer que éste quiere la proyección del régimen, no de su persona.
Partidos de la derecha, centro e izquierda rechazaron el proyecto de Pinochet. Federico Willoughby, dirigente de Avanzada Nacional, un partido cercano a las Fuerzas Armadas, dijo que había enviado una carta a la junta de Gobierno pidiendo elecciones libres y directas. Si rechazan su misiva anunció que pedirá ser aceptado como candidato a opositor a Pinochet en 1989, porque "la ciudadanía debe poder elegir entre dos".
El régimen estudia querellas por 500 millones de dólares (unos 70.000 millones de pesetas) contra publicaciones y diarios estadounidenses que hayan "injuriado y difamado a Chile", según fuentes del Gobierno. Pinochet criticó la difusión de "falsas informaciones a través de diarios extranjeros que son verdaderas cloacas de tinta" y les advirtió "nada lograrán con su audacia aventurera y criminal".
Entre tanto, en Santiago, quedaron detenidos en la cárcel 15 de los 18 dirigentes de la Asamblea de la Civilidad (13 hombres y dos mujeres) acusados por el Gobierno de violar la ley de seguridad de interior al convocar a la huelga general de los días 2 y 3 de julio. El juez Germán Valenzuela tiene un plazo de cinco días para determinar si procesará a los detenidos.
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