Pinochet y sus dos rivales

Si Augusto Pinochet no ha podido aplastar a sus adversarios, como sería sin duda su deseo, se debe a las presiones que ejercen sobre su Gobierno dos actores adicionales Uno ha sido su rival desde que inició su revuelta contra la constitucionalidad chilena: la Iglesia católica. El otro fue, hasta hace poco, su más fiel aliado: el Gobierno de Estados Unidos.La Administración de Ronald Reagan, preocupada de que la in transigencia de Pinochet podría exacerbar los ánimos y fortalecer al partido Comunista Chileno, ha estado instando al general a que tome medidas concretas para asegurar su retiro en 1989. De lo contrario, temen los funcionarios norteamericanos, se podría derivar a una situación como la de Nicaragua o Irán. Como Pinochet no les hace caso, Estados Unidos, por primera vez en los 13 años de atropellos, condenó a Chile en la ONU por su violación de derechos humanos. Abandonaba, como en Filipinas y Haití, la política de la "diplomacia silenciosa'».

Sin el sentido del ridículo que debería tener alguien que debió su acceso al poder, y más tarde su permanencia en él, a la intervención de Estados Unidos, Pinochet ha denunciado públicamente la "injerencia extranjera". En priva do es más despectivo: llama al embajador norteamericano El Metete un insulto significativo, puesto que toda la propaganda televisiva del régimen trata de convencer al espectador de que "no se meta, o le irá mal".

Falta ver si el Gobierno de Reagan se va a meter de verdad. Hasta que el Departamento de Estado no sepa quién va a, reemplazar a Pinochet y qué tipos de garantías dará, particularmente respecto al pago de la abultada deuda externa, que en este momento Chile cancela con obsecuente regularidad, es probable que no se decida a aplicar la única medida que va más allá de la retórica: la imposición de sanciones económicas.

La voz de la Iglesia

La creciente polarización de la política chilena también coloca a la Iglesia católica en una situación delicada. Por una parte, sigue denunciando, como siempre lo hizo, los abusos a la dignidad humana, amparando miles de proyectos alternativos comunitarios. "Hablaremos", dijo monseñor Bernardino Piñera, "hasta quedar roncos". La Conferencia Episcopal, que él encabeza, exigió recientemente la revisión de la Constitución de 1980, que garantiza la permanencia indefinida de Pinochet en el poder. Pero, por otra parte, la Iglesia desconfía de cualquier acción que pudiera limitar su singular rol como mediador entre los dos bandos en conflicto.

"Estamos felices de haber actuado como un paraguas para los perseguidos y los necesitados", me confidenció monseñor Cristián Precht, que fue el vicario de la solidaridad en la época más brava de la dictadura. "Pero los paraguas tienen un límite". Él siente que es hora de que la sociedad civil retome la responsabilidad que fue incapaz de ejercer durante estos años represivos. Duda de que la Iglesia, preocupada, de su unidad interna, podría participar al estilo filipino en el conflicto.

Mucho parece depender del nuevo cardenal, de tendencia más bien conservadora, Juan Francisco Fresno, que reemplazó a Raúl Silva Henríquez (conocido como el cardenal rojo). Cuando lo nombraron, la señora Lucía Pinochet, la esposa del dictador, dio gracias al cielo por haber mandado por fin un amigo. A veces parece como si tuviera razón. La cautela de Fresno enfurece a la oposición. Pero también ha confrontado al Gobierno, llegando incluso a advertir al ministro Cuadra, eminencia gris del régimen, que no continúe "tergiversando mis palabras y confundiendo a la opinión pública". Según una alta fuente eclesiástica, Fresno podría ser, con sus métodos persuasivos, un adversario más temible para Pinochet que su predecesor, más progresista.

Tengo mis dudas. Fresno había sido el obispo de un tranquilo pueblo en el norte de Chile, que se llama, muy certeramente, La Serena. Cuando a algún joven lo arrestaban, Fresno tomaba el teléfono y le pedía al comandante de la guarnición local que soltara, por favor, al muchacho. A veces los chilenos nos preguntamos, pensativamene, qué sucedería si Fresno le pidiera públicamente al general Pinochet que suelte el país que tiene cautivo hace tantos años.

Pero no son más que deseos de que la pesadilla termine de una manera pacífica. Los chilenos sabemos que el general Pinochet no se va a ir porque alguien se lo pida. Vamos a tener que echarlo. Por decir exactamente esas palabras, a Andrés Palma, el presidente de la Juventud Democrotacristiana, lo acaban de condenar a 541 días de presidio. Falta saber si los militares son capaces de encarcelar un país entero que lo diga en voz alta.

Ya falta saber si el país entero está dispuesto a gritarlo a voz en cuello en vez de murmurarlo cada uno en su rincón.

Cuando, en febrero de este año, cayó Ferdinand Marcos, los chilenos tuvimos, después de una primera explosión de júbilo, la rara sensación de que el pueblo filipino nos acababa de robar el preciso guión de la película que hacía 12 años estábamos tratando de filmar en nuestro propio país. Nosotros habíamos, en efecto, profetizado insistentemente que nuestras Fuerzas Armadas se dividirían el día en que el dictador, acosado por un movimiento de masas creciente y la hostilidad militante de la Iglesia, perdiera finalmente el apoyo de un Gobierno norteamericano alarmado por la posibilidad de una polarización interna que permitiera el triunfo de una insurrección popular. Con consternación, los chilenos presenciamos cómo ese sueño se estaba cumpliendo punto por punto... en otro país.

Va a caer

Desde entonces, sin embargo, alentados por el ejemplo, las calles de Santiago han resonado con el grito de que Pinochet será el próximo en caer.

Ocurre, sin embargo, que el general -un hombre particularmente astuto, implacable y testarudo no manifiesta el menor deseo de imitar a Marcos y vagar por el mundo sin que nadie lo quiera recibir. Él ya tuvo, en una ocasión, la exacta experiencia de lo que sígnifica perder el poder, y se la debe, paradojalmente, al mismo Marcos.

Al alba del 22 de marzo de 1980, cuando Pinochet cruzaba el Pacífico en una visita oficial a las Filipinas, se le informó repentinamente que Marcos había cancelado la invitación. El general Pinochet sacó la conclusión de que alguien había aprovechado su ausencia para derrocarlo. Durante largos minutos, antes de que descubriera que se había equivocado, vivió lo que conjeturo debe haber sido una experiencia amarga de exilio y derrota en la soledad de aquel avión suspendido en el medio del océano más ancho del mundo. Es presumible que nunca olvidó aquellos minutos, porque nunca ha vuelto a salir de Chile.

El hombre tiene claro que no es aconsejable alejarse de su única fuente verídica de poder: las Fuerzas Armadas. Mientras los soldados constituyen, para el resto del país, un enigma, Pinochet los conoce en forma íntima y detallada. Como comandante en jefe, ha sabido acentuar la ya tradicional línea prusiana del Ejército chileno, donde la lealtad y obediencia al superior jerárquico es incontestable. También ha llenado la institución de espías, rotando a los oficiales para que tengan que asumir la responsabilidad colectiva de la represión.

A pesar del estricto control interno, han comenzado a aparecer indisimulables tensiones. Por ahora, Pinochet sigue manejando bien esa situación. Cuando los jefes de las demás ramas no estuvieron de acuerdo con la reimposición del estado de sitio, el general lo impuso de facto, sacando sus tropas a la calle, ocupando Santiago, invadiendo decenas de barrios marginales. Queda por ver qué hará si los comandantes de la aviación la marina insisten en la necesidad de reformar la Constitución de 1980, que asegura la perpetuación de Pinochet.

Pero, mientras tanto, el general puede esgrimir su argumento más contundente: si los políticos opositores ni siquiera pueden sentarse en torno a una misma mesa, ¿cómo esperan gobernar el país mañana?

El Acuerdo Nacional

Los políticos intentaron probar que el caos no era la única alternativa a Pinochet, cuando un grupo prominente de personalidades públicas firmaron, en agosto de 1985, el Acuerdo Nacional, estableciendo un pacto de gobernabilidad democrática para el futuro y una serie de medidas -fin a la tortura, al exilio, a la censura- de inmediata aplicación.

El evento era extraordinario, porque al lado de representantes de la derecha y del centro políticos, directamente implicados en el derrocamiento de Allende, se encontraban miembros de partidos de signo socialista (los comunistas fueron excluidos) que habían formado parte del Gobierno de Salvador Allende.

El hecho, sin embargo, de que habían llegado a un consenso en torno a las reglas del juego que debían regir a Chile mañana no quiere decir que se han superado las divisiones de ayer. ¿Cómo reconciliar, por ejemplo, los recuerdos de Sergio Bitar, un ministro de Salvador Allende que firmó el Acuerdo, con los recuerdos de Francisco Bulnes, también firmante, que fue embajador de Pinochet en Perú y miembro de su Consejo de Estado? Bitar no puede olvidar a los compañeros asesinados ni su detención después del golpe en diversos campos de concentración, ni sus 10 años de exilio en Venezuela. Bulnes no puede olvidar los campesinos y obreros apropiándose de los campos y de las industrias chilenas durante los años de la Unidad Popular allendista.

Una memoria divergente conduce a proyectos sociales del futuro igualmente divergentes. Si a Bitar le preocupa el derecho a la vida, a Bulnes le preocupa, en un país donde el 20% de la población se embolsa anualmente el 61%. de la riqueza nacional, el derecho a la propiedad. Bitar desea un Chile futuro donde los militares nunca más podrán rebelarse contra el Gobierno constituido; Bulnes precisa garantías de que se limitará la influencia de una izquierda que, lejos de haberse exterminado durante estos años de represión, ha logrado seguir creciendo. ¿Qué Pasará, por ejemplo, y no se trata tan sólo de Bulnes el que hace la pregunta, cuando los trabajadores puedan dar rienda suelta, sin temor, a sus reivindicaciones económicas y sociales?

A estos desacuerdos, que no representan sino una fracción de las desavenencias que fragmentan a la oposición, se ha agregado, en tiempos recientes, el dilema del poderoso partido comunista, que plantea que la actual crisis podría desembocar, no en una solución negociada, sino en una insurrección popular que conduzca a una "democracia avanzada".