Los peligros de una memoria corta

Mis conversaciones en las últimas semanas con comerciantes, taxistas, colegas universitarios, funcionarios municipales y amigos personales me han dejado la sensación de que existe una frustración política casi universal en tire los españoles. Los situados en la derecha acusan al Gobierno de crear tantos nuevos cargos políticos y ejercer un control tan grande de los medios de comunicación que "tenemos socialistas para mucho rato". Los situados en la izquierda, están amargamente desilusionados por el desempleo todavía en aumento, la reconversión económica hecha, según se dice, a expensas de la clase trabajadora, y el total cambio de actitud en relación con la OTAN. Intelectuales de modos de pensar diversos describen el felipismo como una especie de nuevo franquismo, y al PSOE, como un hermano menor del de sacreditado PRI mexicano. Marxistas exasperados, que habían portado la bandera de unos cambios económicos y sociales más profundos que los que se han producido, se refieren al presidente del Gobierno como un "pequeño Mussolini". Personalmente, yo estoy en desacuerdo con varias de las líneas políticas del PSOE, en especial con la entusiasta adhesión a la OTAN y con la panacea de la tecnología de punta como solución para los problemas económicos de España. Pero a mí me parece que esas expresiones de condena general, y la creencia de que los Gobiernos de la pasada década sólo han realizado cambios meramente cosméticos en la herencia franquista, refleja una peligrosa memoria corta. En septiembre de 1975, uno de los últimos actos del moribundo dictador fue la confirmación de cinco sentencias de muerte contra presuntos terroristas vascos. Nueve meses más tarde, un joven Rey sin experiencia, que debía su trono al general Franco y que había recibido, atada y bien atada, la herencia de la dictadura en la forma del Gobierno de Arias Navarro, inició la transición democrática. Ni en noviembre de 1975, cuando murió el general Franco, ni en junio de 1976, cuando el Rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, ningún español, de derecha, de centro o de izquierda, hubiera sido capaz de predecir que 10 años después España sería una democracia parlamentaria estable. En los años 1976-1982, España llegó a acostumbrarse nuevamente a la libertad de prensa y de organización política, a las elecciones libres con los votos honestamente escrutados, a negociar los convenios salariales y sobre las condiciones de trabajo, a ver incrementarse la iniciativa y el interés social por parte de los Gobiernos municipales y a los inicios de un Estado de las autonomías, no sólo paria las nacionalidades históricas -catalanes, vascos y gallegos-, sino también para las regiones castellano-hablantes, que en el pasado dependían enteramente de Madrid y que ahora han recibido una potestad constitucional sobre numerosos asuntos sociales y culturales de su vida regional. De estos últimos años puede decirse con la misma certeza que el precio de tales cambios políticos de signo progresista ha sido dejar intacto el heredado control franquista de los bancos y las industrias; el poder corporativo de los funcionarios, los jueces, los médicos, y los hábitos represivos de la policía.En los tres años y medio de Gobierno socialista se han comenzado una multitud de importantes cambios estructurales para complementar la realización de la democracia política. Una dolorosa pero necesaria reconversión económica ha reducido en gran medida la ineficiente producción y los métodos de marketing de las industrias nalizadas, cuyos enormes déficit han tenido que pagar los contribuyentes españoles. La LODE ha comenzado a aumentar las oportunidades educativas de los niños españoles, al cambiar la expansión del sector de la escuela pública con la subvención continuada de las escuelas administradas por la Iglesia, y al insistir en el papel de los padres y los escolares en la administración de todas las escuelas. Las reformas estructurales llevadas a cabo en las Fuerzas Armadas están reduciendo el excesivo número de oficiales, mejorando la preparación y el equipamiento de todos los ejércitos y aminorando el papel de los tribunales militares en los casos relacionados con personas civiles. Los cambios en el sistema de pensiones, muy protestados en su momento, han eliminado de hecho numerosas reclamaciones fraudulentas y mejorado las pensiones de los jubilados actuales y futuros. Las informaciones publicadas en la Prensa están llevando a la supresión de las tasas ¡legales cobradas habitualmente por los funcionarios de los tribunales. Han llevado también a la reprensión o al castigo directo de los policías acusados de violencia contra los ciudadanos. Estos cambios recientes en el comportamiento judicial y policial tratan más los síntomas que los problemas fundamentales. No existen sustitutos para los cambios estructurales, profundos, como los que todavía no se han realizado. Pero son mejoras modestas que serían inconcebibles si España aún estuviera regida por la censura y las costumbres franquistas.

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