El fiscal Strassera había solicitado penas más altas que las impuestas
El fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera, reclamó el pasado 16 de septiembre, para los nueve triunviros de las tres primeras juntas militares argentinas, penas generalizadamente más altas que las impuestas.Strassera solicitó reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado para los ex presidentes Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, a más de para los ex comandantes de la Armada, Massera y Lambruschini, y para el ex titular de la Fuerza Aérea en el primer Gobierno de la dictadura, brigadier general Agosti.
La fiscalía pidió igualmente 15 años de prisión para el ex presidente Galtieri y para el ex jefe de la Fuerza Aérea de la segunda Junta, Omar Graffigna (siempre en libertad provisional y uno de los cuatro indultados); 12 años para el almirante Anaya y 10 para el brigadier Lami Dozo, ambos de la penúltima Junta Militar, que provocó la guerra de las Malvinas.
Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo han resultado absueltos por sus responsabilidades en su calidad de ex comandantes de arma aunque podrán ser nuevamente procesados por sus responsabilidades supuestas cuando se desempeñaban en cargos inferiores a las órdenes de cualquiera de las dos anteriores juntas militares.
La 'guerra sucia'
Al mismo tiempo, y por el desempeño de esas mismas actividades previas a su responsabilidad gubernamental -ya cosa juzgada- permanecen expuestos a los reclamos judiciales de particulares por sus responsabilidades en la guerra sucia.Los abogados defensores ya han anunciado su intención de apelar las sentencias ante la Suprema Corte de Justicia, por más que observadores solventes y ante la generalizada clemencia de las sentencias estiman que nada podría lograr con su recurso. El fiscal Strassera, que a la postre obedece a instrucciones del Estado, aún no ha anunciado su intención de recurrir el fallo aunque quienes le conocen saben que lo haría de buen grado. Hará -lógicamente- lo que le ordenen, y eso reflejará el sentir del Gobierno radical ante este fallo judicial.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, no ha transcendido ninguna reacción institucional y sí la preocupación por la elevación al Consejo Supremo de las FF AA -máximo tribunal castrense- de todo lo actuado para dilucidar las responsabilidades de los mandos subalternos.
La única manifestación callejera, en el centro de Buenos Aires, se produjo en rechazo de la sentencia, y los partidos se han pronunciado a través de las manifestaciones personales de sus líderes, pero no institucionalmente. Dirigentes radicales, lógicamente, han acatado la sentencia como síntoma de normalización democrática; los de la extrema izquierda peronista la han repudiado y otro tanto han hecho los dirigentes de los partidos de izquierda. El estado de multidivisión del movimiento justicialista hace imposible recabar una opinión homogénea del primer partido de la oposición.
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