Rehabilitación total de los militares argentinos depurados por la dictadura

Tras recibir la sanción de la Cámara de Diputados, el Senado argentino ha ratificado la restitución de sus derechos a los jefes y oficiales pasados arbitrariamente a retiro por la dictadura militar. Sólo fueron 33, conocidos por los 33 orientales en alusión al mismo número de militares argentinos que cruzaron el río de La Plata para defender la entonces provincia oriental del Uruguay de la invasión anexionista brasileña.

Los 33, todos del Ejército de Tierra, pasaron a retiro obligatorio entre 1976 y 1982 por las Juntas de Calificación de Oficiales como "ineptos para las funciones de su grado", dado que "su permanencia en la Fuerza ( ... ) perjudica la cohesión espiritual de los cuadros por no encontrarse adecuadamente compenetrados con la filosofía y el sentir institucional del Ejército".Ninguno de ellos, en efecto, pudo llegar a compenetrarse con la filosofía militar del proceso de reorganización nacional, basada en la guerra sucia contra la subversión y la desaparición de los ciudadanos.

Según el proyecto de ley gubernamental ya aprobado por las dos Cámaras, los oficiales serán reincorporados al Ejército con los grados que alcanzó su promoción a 1 de enero del presente año, y les serán abonados los salarios que hubieran percibido estando en servicio activo.

La aprobación del proyecto se ha abierto paso en las dos Cámaras sin dificultad y en el entendimiento generalizado de que era un acto de estricta justicia. El juicio contra las cúpulas militares de la dictadura y la tensión castrense por los recortes presupuestarios y su inevitable mala imagen pública parecían aconsejarla postergación de este desagravio pana tiempos mejores. Ni el Gobierno ni el Parlamento lo han considerado así.

La comparación con el caso de los jefes y oficiales españoles de la Unión Militar Democrática detenidos, juzgados y separados de las Fuerzas Armadas por haber defendido intelectualmente la tesis de la necesidad de democratizar España, es inevitable.

Un Gobierno socialista español, con una democracia aceptada, no ha sabido encontrar oportunidad para reparar aquella injusticia en tanto un Gobierno de centro-derecha, como el del presidente Raúl Alfonsín, en medio de las tormentas de una democracia inestable y asaeteada de gravísimos problemas, ha encontrado un hueco en sus quehaceres para devolver el honor militar a aquellos pocos que no lo perdieron.

Ley de Defensa

En el mismo ámbito, y con la misma filosofía gubernamental, el Congreso aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto de ley de Defensa que deroga la ley 16.970 dictada por el Gobierno de Juan Carlos Onganía y que asumía la doctrina de la seguridad nacional, inspirada por EE UU y basada en la supuesta necesidad de que los Ejércitos latinoamericanos asumieran una línea de combate contra el frente interior de la subversión marxista.El proyecto de ley, ya con media sanción -falta todavía la aprobación del Senado-, establece un mayor control de poder civil constitucional sobre las Fuerzas Armadas, crea una Central Nacional de Inteligencia a la que se prohíbe explícitamente tener como hipótesis de trabajo la actividad política interna y declara que "la defensa nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la nación para enfrentar las agresiones de origen externo".