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REPORTAJE

La batalla hospitalaria de la guerra del aborto

Sanidad no sabe cuántos médicos están dispuestos a intervenir a quienes deseen acogerse a la ley despenalizadora

El caso de los médicos que se negaron a practicar el primer aborto solicitado en España, puede reproducirse en cualquier momento, y en cualquier hospital. Sanidad desconoce los recursos humanos de que dispone, y con la actual normativa sobre objeción de conciencia no lo sabrá nunca con seguridad. Tras los dos primeros abortos realizados el viernes en Oviedo, al menos cuatro mujeres en Madrid. tres en Cataluña y otras dos en Cantabria y Orense, respectivamente, están a la espera del dictamen médico que les permita abortar.

Todo empezó con la circular enviada por el Ministerio de Sanidad a los directores de los centros hospitalarios informándoles acerca del derecho de los médicos a negarse a practicar abortos en todo momento y en cualquiera de los tres supuestos despenalizados por la ley. Como respuesta, la Organización Médica Colegial (OMC) lanzó la consigna del silencio."Han intentado contentar a todos y al final han conseguido que estemos todos descontentos", asegura un ginecólogo progresista del hospital madrileño Primero de Octubre, de la Seguridad Social, resumiendo la situación creada por la circular con la que el ministerio resuelve el problema de la objeción de conciencia. "Los que estamos de acuerdo con la despenalización del aborto creemos que se está teniendo una actitud demasiado blanda con quienes no la quieren. Tendrían que haber regulado la objeción de conciencia a través de órdenes ministeriales en las que estuviera prevista la elaboración de listas de objetores renovables anualmente, de manera que todos supiéramos cuáles son los recursos humanos".

"Tal como está regulado, un jefe de servicio puede contar a las diez de la mañana con que su equipo realiza abortos, a las once encontrarse con que los médicos se le declaran objetores y a la una ver que de nuevo vuelven a practicar abortos", indica el ginecólogo, que también denuncia la actitud obstruccionista de los médicos que no declaran su objeción de conciencia".

Pero no es únicamente ideología lo que se esconde tras la fría acogida del aborto por parte de los médicos de la red pública. Este factor influye decisivamente porque, afirma uno de ellos, "los ginecólogos son el colectivo médico más conservador". Pero además, está el miedo y también la falta de atractivo profesional. Existen ginecólogos que "en este contexto no se atreven a manifestar que están dispuestos a practicar abortos, mientras que en otras circunstancias lo habrían hecho ya", afirma el facultativo del Primero de Octubre.

Este contexto se define con los acontecimientos que jalonan el difícil desarrollo de la ley de despenalización parcial del aborto en los casos de violación, malformaciones del feto y riesgo para la vida de la madre entre los médicos. "Casi todos los jefes de servicio ya se manifestaron públicamente en contra de la ley en el mes de mayo, cuando todavía no estaba en la calle, y adelantaron que se negarían a practicar abortos", prosigue dicho médico. Por otra parte, "el jefe de departamento suele estar en los tribunales de oposición y dentro del hospital puede tomar muchas sutiles formas de venganza ante un subordinado que declare que no le importa realizar abortos".

Hay que añadir la falta de atractivo profesional que ofrece realizar abortos, según manifestaron todos los ginecólogos consultados. Por un lado está la postura conservadora, que podría resumirse en las palabras de un ginecólogo del hospital Clínico de Madrid: "es muy desagradable. Yo he visto hacerlo en el extranjero y te tienen que obligar prácticamente a ello", dice.

Joaquín Díaz Recasens, ginecólogo de la Fundación Jiménez Díaz, asegura, más desapasionadamente, que "es una actividad poco reconfortante desde el punto de vista profesional, y de ahí proviene el temor de algunos médicos a que si se prestan voluntarios los releguen únicamente a realizar abortos". El ginecólogo consultado en el Primero de Octubre sostiene que "si se tratara de una actividad interesante, muchos de los médicos que ahora se van a negar no mantendrían la misma actitud. Es lo que ha pasado con la fertilización in vitro, que también ha sido condenada por la Iglesia y por miembros de la OMC, pese a lo cual todo el mundo está deseando practicarla". Y concluye que "el Ministerio de Sanidad debe buscar motivaciones para los médicos que estén dispuestos a realizar abortos y protegerlos de las presiones jerárquicas".

Sondeo entre médicos

En Madrid, para lograr aplicar la normativa vigente, el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) realiza actualmente un sondeo entre los ginecólogos para intentar saber cuáles son los recursos humanos con los que cuenta. Aunque el especialista del Primero de Octubre asegura que no faltarán médicos tanto en este centro como en La Paz y en el hospital de Móstoles, el subdirector general de Servicios Sanitarios de la dirección provincial del Insalud, Ángel Andrés Rivera, no pudo confirmar que la asistencia esté asegurada en ningún centro madrileño, aunque indicó que probablemente mañana se pueda hacer público el nombre de uno.Al problema de la falta de definición de los ginecólogos en cuanto a la objeción de conciencia ante el aborto hay que añadir el del resto del personal sanitario que interviene en la operación, médicos anestesistas y personal de enfermería, que también podrían plantear problemas en este sentido. Los sondeos del Insalud tienen la dificultad añadida de que la mayor parte del personal sanitario está de vacaciones.

"Faltando el 70% de los médicos no hay forma de conocer la opinión del servicio", indica un especialista de la residencia La Paz, de la Seguridad Social, de Madrid, quien cree, no obstante, que "todo se desarrollará con normalidad en el futuro. Lo que ocurre es que hay que planificarlo, y en este caso han actuado con precipitación".

En Madrid no ha habido demasiadas peticiones de mujeres que deseen abortar. Según fuentes de la unidad de información establecida para canalizar a quienes deseen acogerse a la ley del aborto hacia los centros de planificación familiar, varias personas solicitaron información, pero "se pueden contar con los dedos de la mano los casos que enviamos a centros de planificación familiar para que les practiquen las pruebas". En todos ellos -al menos cuatro, según la informante- se trata de fases precoces del embarazo y el supuesto alegado es el de riesgo grave para la salud de la madre, concretamente por cardiopatías.

En los centros de planificación familiar se realizarán, durante el mes de agosto, las pruebas necesarias para comprobar los posibles defectos genéticos o el peligro para la vida de la madre. Los centros elaborarán un informe sobre cada caso, especificando si responde a los supuestos que establece la legislación. Si el resultado es afirmativo, se asignará un centro hospitalario para que se encargue de realizar el aborto.

En Orense, una mujer de 28 años, embarazada de nueve semanas y con problemas cardiacos, ha solicitado acogerse a la ley que despenaliza el aborto. La mujer, perteneciente a un medio rural, quedó embarazada a pesar de utilizar un dispositivo intrauterino. En Cantabria, la primera petición de aborto legal ha sido formulada por una joven de Torrelavega, en la decimoséptima semana de gestación. La mujer se acoge al tercer supuesto de la ley, sobre malformaciones del feto, tras haber sufrido una rubéola hace siete semanas. En este caso, el factor tiempo es de vital importancia, ya que el aborto debe realizarse antes de las 22 semanas de gestación.

Por otra parte, ayer fueron dadas de alta las dos primeras mujeres a quienes se les practicó el aborto legal en España, en la Ciudad Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga, de la Seguridad Social, de Oviedo. María Isabel Gallego Alcalde, la madre de dos niños que padecen el síndrome de West, se ha trasladado ya a su domicilio, en el barrio gijonés de La Calzada. La joven heroinómana de 21 años permanece todavía internada, ya que está siendo tratada de problemas renales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de agosto de 1985