Petición de dos años de cárcel para un policía por extorsionar a la dueña de un bar

El fiscal solicitó ayer que se impusieran dos años y cuatro meses de prisión y ocho años de inhabilitación al inspector de policía Ramón Carracedo Álvarez por un supuesto delito de cohecho cometido en enero de 1984, al extorsionar a la propietaria de un bar del barrio Chino de Barcelona con la amenaza de que le cerraría el local si no le entregaba 120.000 pesetas. Éste es el primer caso de supuesta extorsión, vigilancia especial o protección ilegal ejercida por un miembro de las fuerzas de orden público que se juzga en Barcelona desde que se inició la campaña ciudadana e institucional en favor de la erradicación de este tipo de corrupción policial.

El sumario contra este inspector de policía empezó a instruirse en octubre de 1983, a raíz de la denuncia presentada por Antonia Navas Pérez, propietaria del bar Bambi de la calle de Escudellers de Barcelona, quien aseguró que en los últimos años un funcionario, adscrito a la comisaría de Atarazanas y encargado de la vigilancia de esta clase de establecimientos, le había estado reclamando diversas cantidades de dinero y joyas.En enero de 1984, Antonia Navas presentó una nueva denuncia contra este inspector de policía, en la que alertaba de que en las próximas horas debía entregar una nueva cantidad de dinero al funcionario. El jefe superior de Policía, Agustín Linares, ordenó personalmente que se investigara el caso y que, si se confirmaba la denuncia, se detuviera al inspector.

Procesada la denunciante

El procedimiento judicial seguido contra el inspector de policía afectó también a la propietaria del bar que había presentado la denuncia. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona dictó auto de procesamiento contra ésta y le fijó una fianza de 30.000 pesetas por una supuesta transgresión del artículo 391 del Código Penal, en el que se establece que quienes, "con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a los funcionarios públicos", serán castigados con idénticas penas que éstos. La propietaria del bar se sentó ayer en el banquillo de los acusados, junto con el policía. Antonia Navas explicó ante la Sección Primera de lo Penal que presentó la denuncia cuando no pudo hacer frente a los requerimientos del funcionario. La mujer explicó que la primera vez que entregó dinero al policía fue cuando éste la amenazó con denunciar la situación irregular de una muchacha extranjera que trabajaba en su establecimiento. La denunciante asegura que en aquella ocasión le pagó al policía 50.000 pesetas.

Según su declaración, Antonia Navas admitió que posteriormente entregó también al policía otras cantidades de dinero por diversas peticiones del mismo, como para poder comprarse una escopeta de caza, o para pagar los medicamentos que necesitaba su mujer, que se encontraba enferma.

A principios de 1983, explicó la mujer, a raíz de un incidente ocurrido en la puerta del establecimiento en el que murió un hombre, recibió nuevas amenazas del policía, quien le aseguró que se encargaría de hacer cerrar el bar si no le entregaba una pulsera de oro y brillantes. Más tarde, fue un reloj con colgantes, y una serie de joyas como una pulsera con una perla y un zafiro, un mechero de oro, una cadena con una cruz de oro y un coImillo bañado en oro.

La última entrega se produjo el 10 de enero de 1984, en el bar del cine Edén, donde la denunciante le entregó un sobre, que contenía 50.000 pesetas, escondido dentro de un periódico. A la salida de este establecimiento, el policía fue detenido.

Ramón Carracedo, que se encuentra suspendido de empleo y sueldo, desmintió ayer en el juicio estas afirmaciones y aseguró que lo único que había recibido en su vida de aquella mujer era un encendedor publicitario y unas botellas de whisky y coñá.

El policía añadió que tomó el periódico que contenía las 50.000 pesetas, creyendo que en su interior había un reloj, cuya compra había encargado, tiempo atrás, al hijo de la denunciante, dado que éste trabajaba como marinero.

Denuncias anteriores

En junio de 1983, varios ayuntamientos de la comarca del Baix Llobregat denunciaron al gobernador civil de Barcelona la su puesta extorsión de que eran objeto 120 empresas que se velan obligadas a pagar unas cuotas por disfrutar de la protección de la policía. A esta primera denuncia se lo sumaron otras de supuestas corrupciones de miembros de los cuerpos de seguridad. El Gobierno Civil anunció, en agosto de 1983, la apertura de 38 expedientes administrativos a policías por presuntas irregularidades, dos de los cuales fueron expulsados del cuerpo. La represión de la corrupción policial ha sido calificada, en medios jurídicos, de tímida, ya que no se ha sancionado penalmente a los infractores, ni se ha solucionado el problema.