Reagan quiere desestabilizar Managua con apoyo del Congreso

Catorce millones de dólares, poco más de lo que cuesta un avión de combate F-16, han sido convertidos por Ronald Reagan en uno de los objetivos políticos más importantes de su segundo mandato. Ésta es la cantidad que el presidente solicita al Congreso para que continúe la ayuda encubierta a los contras nicaragüenses que luchan contra la Junta de Managua con el apoyo de la CIA. Reagan los llama "guerreros de la libertad" y los compara al Libertador, Simón Bolívar, y a los resistentes contra los nazis.La Administración norteamericana equipara esta batalla para conseguir los fondos con la sostenida para lograr dinero para seguir construyendo el misil MX.

Reagan ha decidido volcarse personalmente en la cruzada para conseguir que el Congreso apruebe en las próximas semanas esta ayuda a los rebeldes nicaragüenses, a pesar de los riesgos que puede acarrearle un eventual fracaso.

No lo hace por su significado económico concreto -los contras podrían recibir este dinero por vía de terceros países o mediante contribuciones privadas de círculos derechistas norte americanos-, sino porque el presidente entiende que un sí del Congreso constituiría una luz verde para su política de acabar con el actual Gobierno sandinista.

Nuevas presiones

Fuentes de la Administración, citadas por el periódico The New York Times, dijeron que, si el presidente consigue que el Congreso apruebe la ayuda encubierta, la Casa Blanca aumentará la presión sobre Nicaragua. Los nuevos elementos de esa futura política serían la aplicación de sanciones comerciales -EE UU aún sigue comprando plátanos, algodón y carne al país centroamericano- y la reducción del nivel de las relaciones diplomáticas. Se ha llegado a hablar de la posibilidad de que Washington reconozca a los rebeldes como a un partido político legítimo, algo parecido al reconocimiento que algunos países hacen de la OLP o México y Francia hicieron de la guerrilla salvadoreña. Se trataría de un paso menos al reconocimiento como Gobierno en el exilio de la Junta creada por los contras.

Estados Unidos necesita la unión de todos los grupos antisandinistas, algo que no acaba de conseguirse, bajo el liderazgo de Arturo Cruz, antiguo miembro de la Junta de Managua y ex embajador en Washington. El apoyo a los líderes militares de los rebeldes encuentra serios problemas de credibilidad en la opinión pública.

Pocos norteamericanos creen que el comandante Tigrillo (Little Tiger) o Enrique Bermúdez, ex oficial de la guardia somocista, dos ejemplos de dirigentes militares de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), "sean los equivalentes morales de nuestros padres fundadores", como ha afirmado el presidente Ronald Reagan.

Ambos personajes causaron una pésima impresión cuando se presentaron hace dos semanas en una conferencia de prensa en Washington. Tiggillo, vestido con camisa blanca y chaqueta gris y tocado con una gorra de camuflaje de la que colgaba un crucifijo, explicó, ante el asombro de los periodistas, que tomó las armas contra los sandinistas el día en que un comandante se rió de él "porque dije que creía en Dios".

Días después fueron presentados en Washington dos informes que denunciaban una serie de atrocidades cometidas por los contras en su lucha contra los sandinistas. Uno de estos informes, elaborado por la organización independiente Americas Watch, refería también algunas violaciones de los derechos humanos realizadas por el Ejército nicaragüense, pero señalaba que habían descendido desde 1982 y que eran inferiores a las cometidas por el bando contrario.

Las torpezas de la CIA

Reagan trata de convencer a la opinión pública norteamericana de que abandonar a los contras sería abandonar la causa de la libertad en el mundo. El Congreso ha advertido al presidente que la ayuda encubierta tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada y que, de hacerse abiertamente, equivaldría a una práctica declaración de guerra contra un Gobierno con el que Washington mantiene relaciones diplomáticas.

A los congresistas les gustan los sandinistas casi tan poco como a la Administración, pero no pueden aceptar la torpeza con que la Agencia Central de Inteligencia ha actuado en este asunto. El comité del Congreso que sigue los temas de espionaje se enteró por los periódicos de la participación de la agencia en el minado de los puertos nicaraguenses o de la existencia de un manual de la CIA para los contras que recomendaba el asesinato de sandinistas.

El Congreso aprobó en 1982 una enmienda por la que se prohíbe la utilización de fondos norteamericanos para derrocar al Gobierno de Nicaragua. La Administración afirma, sin embargo, ahora que esta ley ya no está vigente y que sólo se refería al presupuesto de 1983.