El acuerdo de la CEE sobre el vino no resuelve el futuro del sector español tras el ingreso

España firmará el tratado de adhesión a la CEE sin saber el porvenir a medio y largo plazo de su viñedo. Este es el resultado del acuerdo al que llegaron a medianoche del martes los titulares de Agricultura de los diez sobre la reforma del régimen vitivinícola en la Comunidad. Es un acuerdo que cojea, al faltarle una decisión sobre los límites a la replantación de viña, decisión esencial para España -dada su estructura vinícola-, pero que los diez tomarán antes del 1 de enero de 1986. Es decir, sin España.

El acuerdo vinícola -la plasmación técnica de lo que ocurrió a nivel político en la cumbre europea de Dublín del pasado 4 de diciembre- prevé lo que indirectamente equivale a cuotas de producción para los países de la CEE a través de destilaciones automáticas y obligatorias de vino de mesa, cuando hay excedentes o graves perturbaciones en el mercado. Se trata así de vaciar un lago de excedentes de vino -por cierto, malo- de 30 millones de hectolitros anuales en la CEE.La base de referencia para estos cálculos para los diez es la media de producción de los últimos tres años, base que España contesta, pues dos de estos años fueron de gran sequía para el viñedo español, por lo que el Gobierno español pide que para su caso se establezca la base de la media de los tres mejores años de los cinco últimos, con además un colchón suplementario de un 30%. El acuerdo formal a diez no facilitará la defensa de la tesis española, especialmente después de que el presidente del Gobierno, Felipe González, declarara en diciembre que aceptaría cualquier acuerdo "no discriminatorio".

Los diez se han puesto de acuerdo sobre las primas a otorgar para arrancar definitivamente viñas. Pero para los viñedos con un rendimiento entre 20 y 50 hectolitros por hectárea -caso que responde al español- los diez han rebajado, ante las perspectivas del ingreso de España, la prima al arranque definitivo (por 16 años) de 4.000 ECU -propuesta de la Comisión Europea-, que ha sido reducida a 3.500 ECU (unas 430.000 pesetas), aunque Grecia recibirá el total y otras ayudas suplementarias. Las primas corren, por mitad, a cargo de la CEE y del Estado miembro.

Primas de arranque

También hubo acuerdo sobre las limitaciones a la replantación de los viñedos que, en alguna de sus partes, se acogen a las primas de arranque. Pero los límites a la replantación en sí no han sido aún decididos -Francia quiere antes que todos los países dispongan de un catastro vinícola-, aunque su principio ha sido aceptado. Se trata de que al modernizar un viñedo no se pueda replantar todo lo que se ha arrancado. La CEE lo decidirá antes del 1 de enero de 1986 -y se aplicará, señalaron fuentes comunitarias, el sistema tal cual para España-, con lo que, siendo optimistas, España firmará su adhesión sin poder prever el futuro de su viñedo.

Si a corto plazo la base de cálculo para la destilación obligatoria es lo más importante para España, a medio y largo plazo lo más crucial son los límites a la replantación. Pues, por ejemplo, en La Mancha el viñedo es viejo y produce unas variedades que habrá que modernizar y cambiar tras el ingreso en la CEE. ¿Con qué límites? "Entramos sin saber lo que pasa", señalaron fuentes españolas, y el acuerdo al que lleguen los diez nos puede reducir la superficie y amordazar nuestro rendimiento. España es el mayor viñedo del mundo en superficie, pero su rendimiento sólo es el de una tercera parte del de la media de la CEE.

Del vino -español en este caso- hablarán hoy en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de los diez, en su reunión extraordinaria, sin la parte española y portuguesa, dedicada a los temas de las negociaciones de adhesión, del aumento de los recursos financieros de la Comunidad y de los programas mediterráneos integrados.

Tras las conversaciones trilaterales entre España, la presidencia del Consejo de la CEE y la Comisión Europea del pasado lunes, fuentes comunitarias indicaron a EL PAIS su "pesimismo" ante la reunión extraordinaria de hoy. "No parece que haya llegado aún el momento de acercar posiciones", señalaron. Algunos medios comunitarios hablan ya de que "España entre como sea y luego renegocie los términos de su ingreso".

Para preparar la sesión de hoy se reunió ayer el Comité de Representantes Permanentes de los diez (Coreper) con varios países miembros insistiendo en no dar margen de maniobra a la presidencia italiana. En cuanto a la pesca, continúa la división interna entre los diez.

La presidencia italiana quiere orientar las discusiones por un sendero lógico: hablar primero de cuánto pescado podrá capturar España en aguas comunitarias, y luego de las otras cuestiones y los grandes principios de adorno. La cuota que se baraja para España estaría a medio camino entre lo que pesca ahora -7.900 toneladas- y las 25.000 toneladas que solicita.