Disgusto en medios jurídicos por la declaración del secreto de las actuaciones

Numerosos medios jurídicos han expresado su disgusto por la resolución judicial que declara el secreto de las actuaciones en relación con la evasión de capitales investigada por el juez Luis Lerga. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional consideran la medida como "el precio que se paga" por llamar escalonadamente a declarar a los presuntos implicados, y justificaron la medida en la mecánica investigadora seguida.

Según se puso de manifiesto en los citados medios jurídicos -fiscales, judiciales y de la abogacía- consultados por este periódico, el momento en que se ha decretado el secreto coloca en situación de desigualdad a las primeras personas supuestamente implicadas en el escándalo, no beneficia en nada la investigación y no sirve para evitar la posible fuga de nuevos implicados. Respecto a estas reticencias, las fuentes de la Audiencia Nacional reconocieron que, "a nivel individual, el impacto habría sido menor si hubieran llegado a la opinión pública al mismo tiempo los 27 ó 28 nombres que al parecer se barajan".Según estas fuentes, los datos obtenidos de las diligencias realizadas en relación con el diplomático Francisco Javier Palazón Español condujeron hacia una serie de personas.

El hecho de que algunas de ellas hayan sido las primeramente citadas a declarar y sobre las que se ha centrado el interés de los medios de comunicación social no es consecuencia de que su presunta implicación sea de mayor claridad o gravedad, sino que se debe, siempre según las citadas fuentes de la Audiencia Nacional, a que las iniciales y el número de teléfono que figuraban en los papeles ocupados a Palazón favorecían su más fácil identificación.

Otras fuentes jurídicas consideraron, en cambio, que no caben disculpas para la actuación del juez Luis Lerga, que debió facilitar la lista completa de los supuestamente implicados, en lugar de lanzar "a los pies de los caballos" -expresión textual empleada coincidentemente por distintas fuentes- a personas como el profesor Eduardo García Enterría, y a continuación decretar el secreto de las actuaciones.

Tampoco se ahorraron críticas en estos medios para el fiscal Manuel Villanueva y los miembros de la Brigada de Delitos Monetarios, a quienes se atribuye, cuando menos, no haber tenido en cuenta los males de difícil reparación que pueden haberse producido, en especial a una persona como García de Enterría, jurista eminente y comprometido con los derechos y libertades desde su puesto de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un problema planteado en este caso es la eventual impugnación futura de las actuaciones, apuntada por una fuente jurídica, en virtud de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional contra el conocimiento por jueces especiales de asuntos no sólo penales, sino también civiles. A este respecto, otras fuentes de la Audiencia Nacional manifestaron que el juez Luis Lerga, en comisión de servicio en el Juzgado Central número 3 -del que es titular en propiedad el magistrado Alfonso Barcala-, cumple el requisito constitucional del juez predeterminado por la ley y no cabe asimilarlo, en ningún caso, a un juez especial, y menos aún tratándose de delitos monetarios.

El presidente del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, ha reiterado a EL PAIS la opinión manifestada por otras fuentes sobre la desigualdad en que el secreto de las actuaciones coloca a García de Enterría.

Según la versión con que cuenta Pedrol, tras haber mantenido contacto con García de Enterría, éste no trató nunca con Palazón y toda la responsabilidad en que podría haber incurrido su esposa, en el peor de los casos, sería la de haber sido "coautora de una infracción administrativa".