El 'Tercer Mundo en casa'

EL GOBIERNO ha decidido por fin pelar las estadísticas oficiales sobre el número de desempleados en España (paro registrado, controlado por el Ministerio de Trabajo, y encuesta de población activa, elaborada por un organismo dependiente de Economía y Hacienda) para hacerlas más rigurosas y poder ofrecer, del modo más unitario posible, el número real de parados en España. El número de desempleados en sentido estricto parece considerablemente menor que la cifra de más de 2,6 millones que de modo reiterado se menciona en los datos oficiales. Sólo partiendo de este hecho se puede entender que España, con un desempleo del 20% de su población activa (por otra parte, decreciente) haya consolidado sus instituciones democráticas sin convulsiones sociales irreparables.Sin embargo, la intención del Ejecutivo resulta sospechosa si se une al fracaso de su política de empleo (el recuerdo de los 800.000 puestos de trabajo prometidos electoralmente resulta casi subversivo) y a ciertas opiniones que tienden a extenderse en la Administración. Según éstas sí se habrían creado los 800.000 empleos prometidos o una buena parte de ellos, pero todos dentro de la economía sumergida, ese segundo cinturón, cada vez más amplio, del aparato productivo de nuestro país. Y, al ser sumergidos, son imposibles de cuantificar.

Conviene detenerse una vez más en este fenómeno de la economía sumergida. Italia ha sido hasta ahora su paradigma más concreto, pero todo indica que España se acerca cada vez más a módulos de entendimiento entre la economía oficial y la economía golfa semejantes a los italianos. La Dirección General de Previsión y Coyuntura del Ministerio de Economía y Hacienda sitúa el número de trabajadores a domicilio en este momento entre los 600.000 y los 700.000. Tan amplia representación de los sumergidos plantea la existencia de dos colectivos de trabajadores difícilmente homologables dentro de una economía dual cada vez más institucionalizada: los poseedores de un empleo dentro de la economía realmente existente, con derechos laborales, cierta seguridad y acogidos al pequeño welfare state español, y los trabajadores sumergidos, con condiciones laborales clandestinas, y que han pasado a laborar en muchos casos en pequeñas y medianas sociedades con tecnología de punta y ordenadores personales como herramienta, subcontratados por grandes empresas de servicios e incluso multinacionales.

En algunas comunidades autónomas -por ejemplo, la catalana- algunas autoridades han llamado la atención hacia el peligro que supone el que las sociedades sumergidas florezcan en un tiempo de crisis, por lo que conlleva de ejemplo para muchas de las que sobreviven malamente en condiciones legales. Y han mostrado como solución para que emerjan la posibilidad de una moratoria fiscal. Cabe dudar de la bondad de la medida. Es muy probable que, más que emerger, muchas industrias pasarían a la clandestinidad si pudiesen para beneficiarse de esa moratoria. Máxime si al mismo tiempo se sigue aumentando el rigor fiscal, o si, en determinadas zonas, las autoridades autonómicas o municipales incrementan la presión impositiva.

El Tercer Mundo en casa, como se ha definido últimamente la industria sumergida, es un fenómeno moderno apasionante que en algunas partes tiene que ver con el ultraliberalismo y la lucha contra la burocracia, pero que en España implica sobre todo situaciones de suciedad laboral, competencia desleal y subcontratación. Posee por eso profundas implicaciones en la ineficacia del aparato administrativo y productivo. Y aunque fuese cierto el aserto de quienes mantienen que se está creando empleo en estas áreas, no parece honesto ufanarse de ello.