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Reportaje:Elecciones en Uruguay tras 11 años de dictadura / y 2

Montevideo o la ceremonia de la confusión

Montevideo
Las dos grandes fuerzas políticas uruguayas son el Partido Colorado y el Partido Nacional (Blanco). Tienen su origen en las luchas decimonónicas rioplatenses entre unitarios y federales, y deben su nombre al color de las escarapelas con que se distinguían en las batallas. Diferenciarlos con esquemas europeos es una labor ardua, pero cabría singularizarlos de la siguiente manera: los colorados son, históricamente, el partido de la pequeña burguesía ilustrada montevideana, suavemente progresistas, ligeramente estatalizadores, más vinculados a Brasil que a Argentina y con fuerte influencia de la comunidad de origen italiano. Los blancos son tradicionalmente influyentes en el interior rural del país, conservadores sin llegar a ser oligárquicos, en buenas relaciones con los estancieros de la otra orilla del río de la Plata y con buen arraigo entre la comunidad de origen español. Ahora, tras 11 años de dictadura, la tradición histórica está trastocada y, añadido ello a la presencia del Frente Amplio y a una endiablada ley electoral, se comprende la ceremonia de la confusión a que asiste el electorado.

ENVIADO ESPECIALLos dos grandes grupos se han venido repartiendo más del 80% del electorado, con el Partido Colorado como hegemónico. Éste gobernó el país 96 años consecutivos, hasta 1958, en que las elecciones fueron ganadas por los blancos, reelectos en 1966. Pero, aun así, durante aquellos dos períodos presidenciales blancos el país estuvo dirigido por un Consejo Nacional de Gobierno en el que tenía asiento proporcional la oposición. Así, los blancos han gobernado poco y jamás en solitario. En una extrapolación forzada se puede equiparar a blancos y colorados con republicanos y demócratas en Estados Unidos o con conservadores y laboristas en el Reino Unido. Pero la primera distorsión de la política uruguaya con la que tropezarán los electores del domingo reside en que el Partido Blanco ha girado sobre su izquierda, acorralando a los colorados contra su propia derecha.

Wilson, Ferreira Aldunate, ahora proscrito y en prisión, líder de la mayoría blanca, perdió frente a los colorados las últimas elecciones democráticas (1971) por 12.000 votos, y las impugnó por, fraude en el recuento. Tras el golpe de 1973, se exilió en Buenos Aires; tres años después, agentes uruguayos, con la complicidad de la dictadura argentina, asesinaban en la capital del Plata al senador Zelmar Michelini y al ex presidente de la asamblea uruguaya Héctor Gutiérrez Ruiz. Wilson salvó su vida milagrosamente -era el principal objetivo de los asesinos- y se instaló en Europa. Se convirtió en el más enérgico debelador de la dictadura y, testificando ante el Congreso estadounidense, logró congelar créditos y armamento para el Ejército uruguayo.

Con su política no pactista, de choque frontal con la dictadura, Wilson, que controla al menos el 80% del Partido Nacional, corrió los esquemas partidarios blancos desde el centro-derecha hasta un acusado centro-izquierda, entrando de lleno en la clientela electoral de los colorados y hasta en la del Frente Amplio, y sembrando no poca confusión en sus propias filas. Ahora, desde una celda militar, se erige en el símbolo de la intransigencia frente a la dictadura.

El Ejército, con los 'colorados'

El coloradismo sufrió una transformación inversa. Los dos últimos Gobiernos colorados de la democracia uruguaya -Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry- precipitaron al paisito en el golpe de Estado, y bajo la dictadura, el líder de la mayoría partidaria Julio María Sanguinetti dirigió una estrategia de pactos y concesiones hacia los militares para recuperar la democracia. Logré al menos que su partido llegara a estas elecciones indemne y sin proscritos, pero tuvo que sufrir una pérdida de clientela entre la juventud y por su izquierda hacia el Frente Amplio y el Partido Nacional. En esta campaña electoral, Sanguinetti, acusado de pactista y continuista, se ha rendido a la evidencia de los hechos y se ha lanzado abiertamente a la captura del voto conservador; el Partido Colorado, que de la mano de José Battlle convirtió al país en la Suiza de América a comienzos de siglo, aparece ahora como un partido de la derecha tradicional con fuertes ingredientes reaccionarios. Tiene asegurado el voto militar.

Pero no son sólo los trastornos de identidad de los dos grandes partidos los que confunden al electorado uruguayo. La aparición en 1971 de la coalición de izquierdas Frente Amplio, liderada por, el general Líber Seregni (18% de los votos en aquella elección), amenazaba seriamente con romper el esquema bipartidista, agotado por la frustrante y monótona sucesión de Gobiernos colorados y oposición blanca. Ahora, con el evidente crecimiento del Frente, aquella amenaza es una realidad.

El complejo sistema electoral

El Frente Amplio se cobija legalmente en la infernal ley electoral uruguaya, bajo los lemas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), insólitos demócratacristianos que creyeron y aplican las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Junto al PDC forman el frente el Partido Comunista (prohibido; concurre a la elección con el nombre Democracia Avanzada), el Partido Socialista, la Izquierda Democrática Independiente (a la izquierda del PS), la Lista 99 (la escisión del coloradismo que capitaneara el asesinado Zelmar Michelini) y una galaxia de grupos, grupúsculos e independientes a título individual: lo que en Uruguay llaman la colcha de retazos.

La votación que reciba el Frente Amplio según sus distintos sectores despierta tanto interés como la elección nacional. En Uruguay rige el doble voto simultáneo, por el que los electores votan no sólo por un partido, sino por cualquiera de las distintas fracciones que lo integran. Los blancos presentan tres listas, la mayoritaria encabezada por Alberto Zumarán, vicario de Wilson Ferreira; los colorados, la mayoritaria de Sanguinetti y la ultraderechista del ex presidente Pacheco Areco; el Frente sólo presenta una candidatura presidencial -el ginecólogo Juan Crottogini, independiente, candidato a la vicepresidencia con Seregni en 1971 y ahora su vicario, al permanecer proscrito el general-, pero se puede votar al candidato desde las listas de cualquiera de los partidos del Frente. No se puede cruzar las listas; se comienza votando por un partido y debe seguirse votando dentro de él al presidente, diputados, senadores, intendentes y ediles. No cabe, por ejemplo, votar al candidato presidencial blanco y al candidato frenteamplista a la alcaldía de Montevideo, cruce que, sin duda, daría la victoria nacional a los primeros. Además, la fracción que dentro de cada partido recaba más votos suma los de las fracciones minoritarias. Esto explica que en 1971 Ferreira fuera el candidato presidencial más votado y, sin embargo, perdiera las elecciones.

Por ello es de vital importancia para la vida partidaria la batalla dentro del Frente Amplio entre los comunistas de Democracia Avanzada, el Partido Socialista -marxista, de cuyo seno nacieron los tupamaros- y la Lista 99, las tres fuerzas mayoritarias. Si la fracción más votada es Democracia Avanzada, el Partido Comunista uruguayo -el segundo, tras el chileno, en América Latina, y dirigido por la cabeza más prestigiosa del comunismo suramericano, Rodney Arismendi- orientará sin duda los destinos frenteamplistas y los de una minoría parlamentaria que le permitirá decidir en la política nacional ante el seguro empate legislativo entre colorados y blancos.

En una sociedad envejecida como la uruguaya, poblada por funcionarios y clases pasivas, es imposible pensar en un triunfo nacional frenteamplista, pero sí en su ascenso al papel de minoría decisoria en las Cámaras y en su triunfo por la alcaldía montevideana

Finalmente, a las proscripciones, a los 600.000 jóvenes que votarán por primera vez, al numeroso exilio que no puede votar, a la endemoniada ley electoral de doble voto simultáneo, al trastocamiento de los papeles tradicionales de los dos grandes partidos, se suma la intención confesa del Partido Blanco de gobernar un provisoriato en caso de triunfo nacional. En ese caso, arrojarían al excusado el pacto del Club Naval, suscrito entre los militares y colorados, frenteamplistas y la diminuta Unión Cívica (democracia cristiana conservadora), que establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional permanente, en el que se sentarán los comandantes de las tres armas, el estado de insurrección, y por el que los ascensos militares serán exclusivamente administrados por los propios uniformados, a más de otras garantías y cautelas. El provisoriato convocaría elecciones sin prescripción alguna, a la mayor brevedad posible, para que Ferreira Aldunate y el general Seregni pudieran encabezar abiertamente sus propias formaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de noviembre de 1984