El Patronato del Liceo de Barcelona acuerda asumir el déficit del teatro

El Patronato del Consorcio del Liceo, reunido ayer tarde durante dos horas en el Palau de la Generalitat, asumió el déficit (cifrado oficialmente en poco más de 600 millones de pesetas, aunque otras fuentes lo rijan en cerca de 800) que arrastra el teatro y aprobó las líneas maestras de un plan de viabilidad propuesto por su gerente, Lluís Portabella. Sin embargo, el organismo no llegó a ningún acuerdo sobre la posible ampliación del consorcio, mediante la incorporación de otras entidades públicas o privadas.

Otra decisión tomada en el terreno de la gerencia es la designación de un especialista técnico que "libere a Lluís Portabella de las cuestiones más estrictamente administrativas". Dos de los temas básicos tratados en la reunión -la incorporación de nuevas entidades al patronato y la fórmula a adoptar para enjugar el déficit- no fueron tratados en la conferencia de prensa concedida por tres representantes del consorcio (el conseller de Cultura, Joan Rigol; la concejala Maria Aurèlia Capmany y un representante de los propietarios del teatro), quienes, según dijeron "querían respetar el espíritu de la reunión". A cambio de esta discreción indicaron que "para finales de este mismo mes está prevista la solución concreta de la mayoría de los problemas que pesan sobre el Liceo".

En la reunión se creó una pequeña comisión, encargada de estudiar la incorporación de otras entidades al patronato Este diario ha podido saber que siguen existiendo por parte de la Generalitat y, más concretamente, por parte del presidente Pujol, recelos para la incorporación de entidades no catalanas al consorcio (el Ministerio de Cultura ha ofrecido reiteradamente su colaboración).

Ésta sería la razón básica para la creación de aquella comisión encargada, según se informó en la conferencia de prensa, "de estudiar quiénes, con qué dotación y a cambio de qué se incorporan al consorcio". La Generalitat vería con buenos ojos la incorporación de la Diputación de Barcelona y, en todo caso, la colaboración de las otras tres diputaciones catalanas.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han aprobado un aumento de las dotaciones económicas a 150 millones de pesetas cada una. Ésta es la oferta de mayor envergadura, de momento, aprobada por las instituciones públicas catalanas.