Los jueces militares de Argentina denigran a los desaparecidos

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas anunció el martes a la Cámara Federal de Apelaciones su imposibilidad de dictar sentencia contra las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982 dentro de los plazos legales establecidos. En un extenso documento, los jueces militares califican de "inobjetables" las órdenes dictadas por la dictadura para ahogar la subversión y desparraman una teoría de sospechas sobre los desaparecidos, sus familiares y amigos.El Consejo Supremo no sólo se ha negado a juzgar a sus pares, sino que indirectamente ha juzgado a las víctimas de la represión y a quienes denunciaron la violación de los derechos humanos por las juntas militares. Los argentinos aún no han salido de su asombro.

El tribunal castrense estima que las órdenes y decretos instruídos para acabar con la subversión fueron inobjetables y que los mandos militares sólo podrían ser acusados, en el peor de los casos, de responsabilidad indirecta por falta de control para evitar los posibles excesos denunciados". El Consejo señala además que "el delito de privación ilegítima de la libertad requiere que la detención efectuada por la autoridad con facultades para detener recaiga en persona que no haya infringido ninguna norma penal, porque, de haberlo hecho, es obvio, la restricción de su libertad no sería ilegítima". Los jueces, militares estiman que, a tenor de los autos policiales, los desaparecidos resultaban presuntos responsables de graves delitos, y que las denuncias personales contra la dictadura militar están formuladas por parientes de desaparecidos o personas implicadas en la subversión.

La Cámara Federal de Apelaciones ha pedido rápidamente al Consejo Supremo todas las causas que tramita por violación de derechos humanos. Aun cuando el requerimiento sólo lo es a efectos de información, se da por inevitable que la justicia civil proceda hacia mediados de octubre a instruir los sumarios contra los militares comprometidos en la guerra sucia.

"No quieren condenar a nadie", es el comentario de Hebbe de Bonacini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. La única reacción oficial ha sido la del ministro del Interior, Antonio Proccoli: "Este episodio no cierra el caso, sino que el mismo pasa a la justicia civil", precisó.