Próxima sentencia del Tribunal Constitucional

Aborto, más ruido que nueces

Muy pocas españolas podrán beneficiarse realmente de la reforma legal prevista

Madrid - 16 sept 1984 - 00:00CEST

La falta de iniciativa política para incluir el aborto legal como prestación de la Seguridad Social hará que sólo puedan interrumpir voluntariamente su embarazo las mujeres que tengan posibilidad de continuar la españolísima tradición de acudir a Londres o quienes puedan pagárselo a manos privadas. Ni el Ministerio de Sanidad ni el Insalud tienen preparado, pues, dispositivo alguno para que la posible despenalización pudiera hacerse efectiva. En primer lugar, porque no está previsto que se hagan cargo, de las intervenciones quirúrgicas; en segundo, porque el papel adjudicado a los Centros de Orientación Familiar en cuanto a asesorar a la mujer que a ellos acuda no podrá cumplirse. La razón es muy sencilla: los centros, aunque aprobados, con presupuestos adjudicados y con convenios firmados, o no existen -caso de más del 95% de los ya previstos- o no funcionan,Las expectativas que la posible nueva situación legal tia creado en la medicina privada quedan reflejadas en la visita que hizo a Madrid, a principios del verano, el ginecólogo británicoT. Rutter, muy conocido en España por ser director de uno de los santuarios londinenses de práctica de abortos. Rutter, que se entrevistó incluso con miembros de la Administración, cuenta ya aquí con una treintena de médicos dispuestos a montar dos clínicas. Un grupo de médicos americanos también ha hecho gestiones al respecto.

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La posible prestacion legal

La no inclusión del aborto legal como prestación de la Seguridad Social constituye la auténtica, piedra de toque de las críticas de organizaciones feministas, Asociación de Mujeres Juristas e, incluso, diversos sectores de la Administración, que piensan que la. inhibición de la sanidad pública en este punto invalida en una gran parte el discreto avance legal. que supone la despenalización de tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo.

De las tres causas de aborto que, de pronunciarse el,Tribunal Constitucional en sentido favorable, quedarían despenalizadas, la primera -que sea necesario paraevitar un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada- y la tercera -que sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas- constituyen lo que médicamente se califica de intervenciones de alto riesgo, por lo que no deberían realizarse en clínicas privadas, sin unas mínimas condiciones de seguridad.

"Es de sentido común", dice uno de los ginecólogos que participaron en la elaboración del Plan General de Centros de Orientación Familiar, "que la intervención a una enferma con una leucemía o una diabetes grave se haga en un centro hospitalario. Y en cuanto al aborto eugenésico, sólo tienen capacidad de diagnosticarlo los grandes centros. Me parece una golfería que en uno de estos centros se diagnostique una trisomía o una malformación grave y luego se mande a la paciente a una clínica inmunda. Eso no es ético".

Fuentes próximas a la comisión de trabajo de elaboración del citado Plan de Centros de Orientación -algún responsable del Insalud huyó de la posibilidad de llamarlos de Planificación- afirman que sus redactores dejaron abierto el texto a una decisión política que permitiera la inclusión en la Seguridad Social no sólo del aborto, sino de toda la contracepción, ya que, hasta el momento, sólo ha venido facilitando la píldora, recetada como reguladora del ciclo menstrual. Pese a esta puerta abierta, no se considera probable que las autoridades sanitarias planteen actualmente la cobertura del aborto legal por la Seguridad Social. En el Ministe-

Aborto, más ruído que nueces

rio de Sanidad todavía recuerdan que la expresión pública de discrepancias con la línea oficial del departamento en estos temas le valió el cese a Elvira Méndez, subdirectora general de Programas y Promoción de la Salud, en noviembre del año pasado.Las autoridades sanitarias no parecen haberse apresurado excesivamente en poner en marcha el Plan de Centros. Los 1425 millones de pesetas dispuestos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1983 para el Programa de Orientación Familiar, a desarrollar por el Insalud, mediante convenio con el Ministerio de Sanidad, han sufrido un recorte de 343 millones, por una decisión que corresponde tomar al director general de la Salud Pública, Enrique Nájera, y al director del Insalud, Francesc Raventós.

Rebajas de otoño

De la cifra inicial han quedado intactos los 475 millones destinados a conceder subvenciones a las comunidades autónomas. Los 835 millones de pesetas destinados "a la creación de nuevos equipos de Orientación Familiar y al mantenimiento de los centros creados en 1983" se han visto reducidos a 572. Pero hay dos modificaciones que se consideran especialmente significativas: la rebaja a 30 millones de los 100 que el Insalud tenía que destinar a la realización de una campaña informativa sobre sexualidad, planificación familiar, cuidados del embarazo y cuidados del niño en el primer año de vida, primera campaña masiva, que se ha planteado al respecto en este país, y la disminución de rango administrativo de lo que ahora se llamará Unidad de Seguimiento de los centros, que, además, ya no dispondrá de 15 millones de pesetas, sino de cinco, y ya no será autónoma, sino dependiente de la subdirección general de Atención Primaria, del Insalud.

Tanto las autoridades sanitarias como las del Instituto de la Mujer, cuya directora es Carlota Bustelo, se han negado a hacer declaraciones sobre estos temas hasta que el Tribunal Constitucional haga pública su sentencia sobre el aborto. Según un responsable de Sanidad algún miembro de aquel organismo habría hecho saber que la sentencia podría paralizarse sine die de empezar a especularse sobre sus posibles contenidos, extremo éste que afirmó desconocer una fuente oficiosa del citado Tribunal.

Las discrepancias, no siempre solapadas, entre los distintos departamentos relacionados con el Plan General de Centros de Orientación Familiar han vuelto a ponerse de relieve últimamente. En el Instituto Nacional de la Salud recuerdan una airada protesta de Carlota Bustelo a Francesc Raventós, director del Insalud, el pasado mes de julio, entre otras razones porque, después de un año de la firma de los convenios entre este organismo y el Ministerio de Sanidad, no se ha dado un paso en el desarrollo de los centros.

A raíz del conflicto anterior, Raventós remitió al Instituto de la Mujer un informe sobre los avances en la materia de su competencia: de los 47 centros de orientación familiar que tenían que haberse puesto en marcha en 1983, sólo 5 (Albacete, Segovia, Zamora, Ceuta y Melilla) estaban abiertos al público el 23 de julio de 1984. Otros 10 que iban a iniciar su funcionamiento en julio de este año no lo habían hecho en la fecha citada; de 4 centros decía que tenían ya los equipos contratados; de otros 5 sólo citaba la ubicación; en 10 más ni se había efectuado la selección de personal; 11 de Andalucía y 2 de Cataluña iban a ser montados por las respectivas comunidades. Vistos los datos de 1983, nadie se ha, atrevido a especular sobre el estadio de buenas intenciones en que estarán aún los centros que tendrían que haberse abierto en. 1984. Con este panorama, puede resultar aventurado pensar que la hipotética luz verde del Tribunal Constitucional a los supuestos de aborto despenalizados solucionaría problemas inmediatos al reducido porcentaje de españolas que podrían verse incluídas en ellos, aun sabiendo que los centros se limitarían a indicar la conveniencia. del aborto.

Una de las cuestiones que subyace en el conflicto entre los distintos organismos competentes parece ser el deseo de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud, a cuyo frente se encuentra José María Rivera, de que la planificación se integre en las unidades básicas de salud. ,Quienes critican a algunos responsables de la política sanitaria están de acuerdo en esta integración, pero no la ven contraria al avance sectorial que suponen los centros, dado que, de la otra forma, la puesta en marcha de la planificación familiar tardaría decenios, y así puede aprovecharse el modelo de la infraestructura creada por los ayuntamientos, que en esta materia han supuesto un gran avance.