Epaña-CEE, negociaciones contra-reloj

Bajo la presidencia irlandesa de la Comunidad Económica Europea, que entra hoy en funciones, España va a tener que emplearse a fondo, siempre que cuente con la necesaria colaboración de los funcionarios de Bruselas, para ultimar todos los capítulos pendientes para que puedan finafizarse las negociaciones para la adhesión este mismo año. La pasada cumbre de Fontainebleau ha dado vía libre para la constitución de la Europa de doce miembros, en la que los ciudadanos españoles van a obtener algunas ventajas e inconvenientes inmediatos y otras que se irán dejando notar a medida que pase el tiempo. Si las previsiones se cumplen, el 1 de enero de 1986 España podrá ser miembro del Mercado Común, aunque durante un cierto tiempo se verá sometida a un período de transición para adaptarse al impacto comunitario.

Poco más de dos meses es el tiempo que le queda al Gobierno español para poder cerrar todos los capítulos de la negociación hispanocomunitaria si se quiere cumplir el calendario previsto por Francia y ratificado en la reciente cumbre de Fontainebleau para finalizar las negociaciones el 30 de septiembre de este mismo año. Tanto los funcionarios comunitarios de Bruselas como sus homólogos españoles deberán dar un empujón veraniego para dejar vistos para sentencia los espinosos temas pendientes que todavía deben resolverse. En este caso se encuentran todavía capítulos de particular trascendencia para los intereses nacionales, como son el agrícola, el pesquero, el,desarme arancelario para la industria, más dos apartados en los que apenas si se ha entrado, como son el del vino y el del aceite de oliva.En el calendario pendiente de la negociación se encuentran también otros trascendentes, como el capítulo social, en el que los negociadores van a intentar conseguir la mejor situación posible para los españoles. que se encuentran desde hace tiempo trabajando en países comunitarios, y otros de menor entidad relativa, como los régímenes aplicables a Canarias, el de los recursos propios o el de los aspectos institucionales, entre otros.

Si la sesión negociadora del pasado día 19 de junio en Luxemburgo representó un avance para los intereses españoles, tanto en el apartado agrícola como en el del desarme industrial, la pasada cumbre de Fontainebleau ha representado no sólo un balón de oxígeno para la Comunidad, sino la ratificación de que la ampliación se llevará a cabo. Desde la pasada cumbre de Stuagart de junio de 1983, el incremento de los recursos propios y el paso de la CEE de diez a doce miembros se encontraban indisolublemente unidos, y la segunda no podía conseguirse sin la primera, que a su vez se encontraba bloqueada por la falta de soluciones al contencioso británico.

Hasta ahora, en el apartado vitivinícola se conoce sólo una propuesta de la Comisión, del pasado mes de mayo, en la que, además de rechazarse el sistema de cuotas a la producción, se obligaba a que España, durante el presumible período de transición de 10 años, no pudiera replantar más de un 50% de sus viñedos. La propuesta de la Comisión, basada en una comunicación realizada un mes antes por el comisario encargado de la ampliacioón, Lorenzo Natah, y por el francés Paul Dalsager, estipulaba indemnizaciones para los viticultores que renunciaran a renovar sus vifiedos (800 unidades de cuenta europea -ECU- por hectárea, equivalentes a algo más de 100.000 pesetas), con un segundo escalón. de indemnizaciones para los que se decidieran a arrancarlos voluntariamente y de forma definitiva. En este segundo supuesto, la indemnización sería de 5.440 ECU (unas 650.000 pesetas) para-los viñedos en terrenos de buena calidad, y 4.231 ECU (320.000 pesetas) para los radicados en terrenos menos fértiles.

Reducir excedentes de vino

En estos momentos, en los diferentes ministerios económicos españoles se está estudiando hasta qué punto esta progresiva eliminación de viñedos es económicamente soportable para el erario español. De sus arcas debería salir casi el 60% del coste de estas supresiones de viñedos, mientras que el resto procedería de los fondos comunitarios.

El objetivo número uno de la CEE es ir eliminando paulatinamente la que denominan potencialidad vinícola española. Con 1,7 millones de hectáreas cultivadas, equivalentes al 65% del viñedo comunitario, España se ve desde Bruselas como un mar de vino que amenaza con inundar aún más las ya saturadas bodegas comunitarias.

Aunque es consciente de que el rendimiento medio de los viñedos españoles es tres veces menor que el de la CEE, en la comunicación del comisario Natali y de Paul Dalsager se subrayaba que la replantación y su explotación, "hacen temer un aumento de los rendimientos", a lo que se añadía que el mantenimiento del incremento medio de la producción española registrado en los últimos 20 años conduciría, tras cinco años, a un aumento de la producción de unos cuatro millones de hectolitros" (la producción actual es de unos 37 millones de hectolitros, de los que. seis millones se dedican a la expotación).

Los comunitarios intentarán hacer valer estos argumentos para conseguir que España reduzca el volumen de sus viñedos, a los que es de esperar que por parte española se planteen otros no menos válidos. Así, según estudios realizados por expertos en el sector, se está demostrando que la utilización de azúcar para incrementar la graduación alcohólica del vino, práctica que actualmente llevan a cabo algunos países de la CEE, sirve para producir 20 millones de hectolitros. En caso de que se sustituyera este azúcar de remolacha por mosto de uva, esto provocaría un descenso de aproximadamente el 12,5% de la producción de los diez, cantidad superior al actual nivel de excedentes de la CEE, que se eleva a unos 16 millones de hectolitros, con lo que se acabaría el problema. Es decir, que la negociación en este capítulo no va* a estar exenta de argumentos más o menos válidos por ambas partes.

Hasta ahora, apenas si se tiene noción de cómo puede quedar el capítulo del aceite de oliva, cuya propuesta se encuentra en estos momentos en elaboración por la Comisión Europea, y de la que ya se ha conocido alguna filtración a modo de globo sonda en la que se aventura un período de transición de 10 años renovables y la necesidad de que se supriman los aranceles a la-importación de soja y otras semillas. También aquí el problema económico será uno de los que primará en su discusión, particularmente en lo que respecta al coste financiero qué la irrupción del aceite de oliva español va a suponer para la CEE, así como el acercamiento de precios que vaya a experimentar respecto a los demás aceites de semillas. La inva