La integración, complejo proceso de ajustes

La integración de España en la Comunidad Económica Europea implica un proceso de ajustes económicos complejos, con algunas consecuencias inmediatas negativas, como son un previsible incremento de la presión fiscal y de las tensiones inflacionistas, así como un probable aumento del desempleo directamente asociado a reajustes empresariales derivados. Pero supone también ganar acceso a un marco de decisiones trascendentales de política económica en el que los españoles no estamos representados actualmente, aunque sí influye sobre nosotros.Entrar en la CEE significa poner en práctica los cuatro principios comunitarios básicos de libre circulación de mercancías, capitales, mano de obra, junto con el de la libre prestación de servicios y libertad de establecimiento, que implican derechos pero también obligaciones. Su asunción plena por parte de España no tendrá lugar hasta que transcurran unos plazos, que en el lenguaje de la CEE se denominan períodos transitorios, fijados durante las negociaciones de ingreso.

Mientras la negociación no concluya, no puede decirse nada definitivo sobre el efecto combinado inmediato de unas adaptaciones que son interdependientes. En cambio, es claro cuál será el marco en el que deberá actuar la economía española seis o 10 años después del ingreso. También es claro que la primera consecuencia que los españoles van a captar de la adhesión a la CEE es la introducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Bajo el Gobierno de Calvo Sotelo se acordó con la CEE que este impuesto se aplicaría en España desde el día del ingreso. El interés de los diez por el tema se explica porque el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigente en Francia desde 1954, fue adoptado en 1963 como base de un sistema fiscal comunitario armónico capaz de superar las distorsiones que la diversidad de. sistemas nacionales de imposición indirecta creaba sobre el nuevo tráfico de bienes. Ocurría, de hecho, que dentro de la Comunidad se suprimían aranceles, pero los Estados miembros establecían impuestos que tenían efectos equivalentes al de los aranceles suprimidos. Posteriormente, en 1970, el IVA fue tomado como base de cálculo de la aportación directa -de cada socio a la financiación de los gastos comunes.El IVA es un impuesto sobre ventas que sustituirá a todos los impuestos indirectos vigentes. Se paga, en cada fase del proceso de producción, sobre las materias primas o productos semiacabados que se incorporan al producto, para ser recuperado después mediante la presentación de los correspondientes datos de compra y de venta, de manera que el único que finalmente paga y no recupera el impuesto es el consumidor.- El sistema IVA permitelasí evitar la multiplicación de gravámenes indirectos sobre un mismo producto a lo largo de las distintas fases de su elaboración.

Incremento fiscal

La introducción del IVA en España a partir del 1 de enero de 1986, si todo sucede según el calendario previsto, determinará un incremento de la presión fiscal, especialmente sobre los pequeños negocios comerciales o de servicios, que actualmente están poco controlados. Actualizando previsiones facilitadas por el Ministerio de Hacienda en 1981, se llega a la conclusión aproximada de que el IVA recaudará dos billones de pesetas donde actualmente se recaudan 1.300.000 millones.

El IVA supondrá, por otra parte, nuevos gastos administrativos para esas pequeñas unidades económicas que no disponen ahora de la contabilidad detallada que el sistema requiere. El Ministerio de Hacienda calcula que, en consecuencia, el nuevo impuesto podría tener un impacto de un 2% sobre el índice de inflación en el primer año. La CEOE ha afirmado que ese impacto podría ser de unos cuatro puntos, pero últimamente parece revisar a la baja tales estimaciones. En el plano exterior, la introducción del IVA tendrá como consecuencia la supresión del régimen de desgravaciones a la exportación, que en estos momentos beneficia a los empresarios españoles.

El gran reto a la competitividad de la industria española es, sin embargo, el ingreso en la Unión Aduanera, que equivale el paso de una economía protegida a otra de libre cambio. Según un cálculo muy reciente, provisional y aproximado, del Ministerio español de Comercio, el nivel medio de protección arancelaria de los productos industriales españoles viene a ser de un 14,7%, que, frente a la CEE, se reduce hasta un 6,70%. El arancel medio comunitario es, entretanto, de aproximadamente un 3,2%, y apenas se aplica a otros países que los de la OCDE que no son europeos.

Ingresar en la Unión Aduanera implica, en efecto, no sólo suprimir aranceles frente a los países de la Comunidad, sino aplicar el mismo nivel de protección que ésta mantiene frente a los países no miembros. Supone asumir el mismo trato comercial más favorable que la CEE otorga a países con los que está ligada mediante acuerdos especiales, como son los de la EFTA, los de la Convención de Lomé, los de la cuenca mediterránea y todos los favorecidos por el sistema de preferencias generalizadas. Al mismo tiempo, España tendrá que aplicar a los países latinoamericanos un trato comercial menos favorable del que actualmente tienen. En consecuencia, la industria española deberá soportar una nueva competencia, no sólo de la industria europea, sino también de productores de países en vías de desarrollo. .

Este cambio de marco no alterará sensiblemente nuestras corrientes comerciales actuales, ya que en 1983. se dirigió a la CEE un 48,3% de las exportaciones españolas, frente a un 3,9% a Latinoamérica y un 10,5% a los países árabes. España adquirió entretanto, en la Europa comunitaria, un 32,8% de sus importaciones, frente a un 10,9% en Latinoamérica y un 19,1% en Oriente Próximo.

El incremento de competencia podría provocar, sin embargo, algunos cierres empresariales, sobre todo en los sectores españoles más sensibles, que, según cálculos privados, representan aproximadamente un 20% del valor de la producción industrial. Estos cierres producirían un incremento -derivado del paro que,a medio plazo, tendería a reabsorberse en la. expansión de los sectores más competitivos y en las nuevas posibilidades de emigración creadas por el principio de libre circulación de los trabajadores.

De una manera global e inmediata, las consecuencias negativas de este reajuste renovador de la industria española deberían compensarse a corto plazo con los ingresos adicionales que el campo español ganará, tras el período de transición, del pleno acceso a los mercados y al sistema de precios de garantía que vertebra la política agrícola común.

Elementos moderadores

Hay factores reguladores que moderan el período de transición. Por un lado se negocian cláusulas de salvaguardia que permiten suspender la ejecución de los acuerdos. También hay que tener en cuenta que los principios comunitarios no se aplican plenamente, como lo demuestra el hecho de que donde se suprimen barreras arancelarias surgen controles de calidad no siempre ortodoxos y de que las asociaciones profesionales imponen muchas veces requisitos que dejan sin efecto el principio de la libertad de ejercicio.

El elemento moderador más importante será, sin embargo, la presencia española en los Consejos de Ministros, único órgano decisorio de la Comunidad donde, si todo sigue como ahora, cada Estado miembro tiene prácticamente derecho de veto. Siempre se dice en la CEE que el ingreso se negocia de una vez .para siempre, pero el caso del Reino Unido demuestra, con gran actualidad, que todo termina por renegociarse.