Ante el retorno de Wilson Ferreira Aldunate

El dirigente uruguayo Wilson Ferreira Aldunate regresa hoy a Uruguay, a pesar de las advertencias y amenazas del régimen militar. El autor de este artículo analiza las consecuencias de este retorno y pasa revista a la actual situación de tensión política en ese país latinoamericano, subrayando la necesidad de un futuro libre y democrático, necesario para su reconstrucción nacional.

El pasado 25 de mayo, el líder del Partido Nacional (blanco) uruguayo, Wilson Ferreira Aldunate, se situó en Concordia (ciudad argentina que mira a su país) y anuncié ante un millar de compatriotas que regresaría al país el 16 de junio. El Gobierno militar de Montevideo ha repetido una y otra vez que Ferreira será detenido en cuanto pise el territorio uruguayo y sometido a la justicia militar.Pocos días después de conocerse el anuncio de Ferreira, los militares exigieron a los líderes políticos legales la apertura de negociaciones sobre la base de la última propuesta castrense de institucionalización, lo cual debía producirse no más tarde del 15 de junio, en cuyo defecto tendrían que ser suspendidas las elecciones programa das para el próximo 25 de noviembre. El ultimátum. enrareció aún más el tenso ambiente político uruguayo y fue recibido como una jugada especialmente dirigida contra el líder del Partido Nacional, a la vez que una amenaza de alteración del calendario político establecido por el propio régimen para devolver el gobierno a los civiles.

Para despejar cualquier duda acerca de las intenciones del Gobierno, la policía de Montevideo apaleó brutalmente el 3 de junio una manifestación pacífica no autorizada, convocada por la totalidad de las fuerzas políticas y sociales democráticas. Al día siguiente quedaron expresamente prohibidas todas las manifestaciones públicas, en decisión que confirma a los observadores la impresión de que las autoridades piensan emplearse a fondo para reprimir cualquier efecto político derivado del retorno de Ferreira. Como era de esperar, éste ha ratificado sus planes y los blancos preparan un gran recibimiento, aun a sabiendas de que su jefe no podrá siquiera tomar contacto ni ser visto por el pueblo, ya que su detención tendrá lugar, probablemente, a bordo de la embarcación en la que llegará a Montevideo.

El diálogo con los militares

El pasado día 4, después de oír los requerimientos militares a la oposición y en vista de la actitud represora evidenciada por los demás actos gubernativos, irreconciliablemente hostiles a Ferreira Aldunate, los dirigentes del Partido Nacional anunciaban la decisión de no volver a sentarse en ninguna mesa negociadora con los militares. Las demás fuerzas políticas -a pesar de su manifiesta solidaridad con los blancos- no acertaban con una reacción inmediata y procedían a evaluar la gravedad de la situación. No obstante, posteriormente pudo saberse que en el seno de la Multipartidaria, de la que no está excluido ningún sector político, prevalecía el criterio de no concurrir el día 15 ni dar respuesta alguna a las propuestas militares en las actuales condiciones.El retorno de Ferreira Aldunate es el hecho político más esperado y necesario para la sociedad uruguaya desde que, el 19 de marzo pasado, recuperó la libertad el general Líber Seregni, líder de la coalición de izquierdas Frente Amplio, privada de toda legalidad por el régimen militar. No obstante, nadie es capaz de predecir lo que podrá ocurrir cuando una enorme masa humana como la que, según está previsto, se apretará mañana en el peligroso embudo que forman la Ciudad Vieja y el puerto de Montevideo, desafiando a cualquier prohibición autoritaria, decida reclamar sus derechos.

Wilson Ferreira se instaló en un hotel de la capital argentina el 23 de abril, en medio de insistentes especulaciones sobre su inminente regreso a Uruguay luego de casi 11 años de exilio. Fue recibido con especial distinción en círculos oficiales y parlamentarios, al punto de que al día siguiente de su llegada almorzó con el presidente Alfonsín en la residencia de Olivos y el Ayuntamiento bonaerense le declaró huésped de honor.

El hecho tuvo imnediatas consecuencias en Uruguay, tanto a nivel popular como a nivel oficial. El mismo día 24 de abril, apenas unas horas después del almuerzo de Olivos, llegó a Montevideo el nuevo embajador argentino. Pero el que llegaba era nada menos que Carlos H. Perette (figura del radicalismo, ex vicepresidente con Arturo Illía, que fue depuesto por el general Onganía), y no lo hacía por los medios normales de transporte, sino que venía a bordo de la cañonera Muratore, en gesto que fue interpretado como una nueva mano echada por Alfonsín a la oposición uruguaya, por simbolizar la sumisión de la fuerza armada al poder civil.

Las autoridades del Partido Nacional se reunieron en Buenos Aires con Ferreira, quien desde diciembre de 1983, y por abrumadora mayoría de la convención nacionalista, es nuevamente candidato a la presidencia de la República. El día 26 se decidió lanzar una urgente movilización de las bases nacionalistas para recoger firmas en uso del derecho constitucional de iniciativa popular y forzar la realización de un plebiscito que daría por tierra con todas las normas antidemocráticas del régimen militar. En breves días se recogieron más de 600.000 firmas.

Pero simultáneamente al lanzamiento de tan sobrada como quimérica demostración de fuerza política, Wilson Ferreira envió un interesante mensaje a los militares uruguayos, aparentemente no recibido por éstos. En un discurso pronunciado ante miles de uruguayos en Buenos Aires, el 28 de abril, Ferreira ofreció renunciar libremente a su candidatura presidencial si las Fuerzas Armadas aceptan, sin condicionamiento alguno, la restauración inmediata del Estado de derecho regido por la Constitución de 1967.

El 23 de mayo, cuando las autoridades del Partido Nacional se preparaban para presentar las firmas conteniendo la iniciativa popular, el Gobierno dictó un nuevo acto institucional en el cual se decreta que la función constituyente es ejercida exclusivamente por el poder ejecutivo.

¿Elecciones sin futuro?

El 1 de mayo, a la misma hora en que uno de cada cuatro montevideanos se concentraba junto a la clase obrera para reclamar libertad y trabajo, las Fuerzas Armadas entregaban a los partidos autorizados (los mayoritarios partidos tradicionales, Nacional y Colorado, y la minúscula Unión Cívica) una nueva propuesta de salida institucional que, respetando la realización de elecciones el próximo 25 de noviembre, supone la continuidad de la tutela militar sobre el Gobierno, la jurisdicción militar para los civiles y la autonomía de los ejércitos en la designación de sus altos jefes.La propuesta va acompañada del mantenimiento de la proscripción para Ferreira Aldunate y Líber Seregni, pero además supone para el Frente Amplio el ofrecimiento de legalización de algunos de los partidos de la coalición, tales como el democristiano, el socialista, los sectores de origen batllista y agrupamientos de independientes. Se mantendría el veto para el Partido Comunista de Uruguay y otros grupos afines.

Para los colorados, la oferta militar entraña, a la vez, una ventaja electoral inmediata y un serio peligro a medio plazo. Un Gobierno presidido por su actual líder, Julio María Sanguinetti, sería bien visto por Washington, la derecha uruguaya y el capital internacional. Pero los principios del Partido Colorado quedarían por el camino.

Es en momentos en que todos los partidos, legales e ilegales, están considerando la más digna respuesta al ultimátum y al contenido mismo de la propuesta militar -unánimemente considerada inaceptable en su formulación actual- cuando va a producirse el retorno del indiscutido líder nacionalista y probable primer aspirante a gobernar Uruguay en caso de una consulta libre al cuerpo electoral. Nadie entiende cómo los militares podrán mantener encarcelado a Ferreira, contra una opinión pública movilizada, y pretender una negociación.

Los partidos y el conjunto de los movimientos sociales uruguayos se hallan enfrentados con un poder que no entiende ni quiere reconocer las realidades de un país al que sólo puede controlar por la fuerza que detenta. En opinión de algunos observadores, se ha extendido demasiado la creencia de que las elecciones de noviembre son una meta irrenunciable, a cambio de la cual sólo aguarda el abismo. Amplios sectores de la oposición parecen sostener esa idea, que está beneficiando al Gobierno.

En ese sentido, el radicalismo de los blancos, exacerbado por la necesidad de conquistar la libertad y la rehabilitación política de Ferreira Aldunate, supone una saludable fuerza de arrastre ante quienes -como en el caso de influyentes sectores del Partido Colorado- se muestran proclives a aceptar algunas de las bases presentadas por los militares con tal de poder llegar a las elecciones.

Por el lado del Frente Amplio -al que el Gobierno también ha querido lanzar un anzuelo divisionista- se ha insistido en la necesidad de una respuesta democrática unitaria, capaz de lograr que las elecciones resulten todo lo libres y auténticas que deben ser para asegurar un futuro igualmente libre y democrático, y un gobierno con el apoyo popular necesario para enfrentar la gran tarea de reconstrucción económica y social.