El acuerdo pesquero con Marruecos

En medio de general indiferencia y escaso eco en la opinión pública española acaba de ser ratificado por el Senado en el Pleno del pasado martes, después de haberlo sido por el Congreso de los Diputados en el mes de diciembre, el Acuerdo de Cooperación sobre Pesca Marítima entre España y el reino de Marruecos, firmado en Rabat por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países el día 1 de agosto de 1983.El acuerdo ha merecido toda clase de elogios y ha sido considerado muy ventajoso para los intereses pesqueros españoles por parte de nuestras autoridades. El presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, el diputado canario del PSOE señor Medina Ortega, lo calificó de "excelente" en su intervención en el pleno, y el ministro de Asuntos Exteriores, señor Morán, "como el más positivo, más constructivo y de mayor ambición que se ha hecho con Marruecos desde hace 30 años". Sólo obtuvo nueve votos en contra: los de la Minoría Catalana. Tanto en el Congreso como en el Senado, los debates han pasado desapercibidos para el gran público, y su discusión en ambas Cámaras apenas consumió escasos minutos.

¡Qué diferencia con lo ocurrido con el anterior acuerdo firmado en 1977 por el Gobierno de UCD! Entonces el debate en el Pleno del Congreso, celebrado el 15 de febrero de 1978, alcanzó una duración inusual -desde las cinco de la tarde hasta las 23.30 horas- y en él intervinieron todos los grupos parlamentarios. El Pleno del Senado, que tuvo lugar el 23 de febrero siguiente, se desarrolló en términos parecidos.

La tensión pasada

Toda la oposición de entonces, y muy en especial el PSOE, se movilizó en contra del acuerdo, y, como diputado por Santa Cruz de Tenerife en aquella legislatura, recuerdo muy bien la gran tensión a que estuvimos sometidos los entonces parlamentarios canarios de UCD como consecuencia de una feroz campaña que en Canarias alcanzó límites inauditos. Desde meses antes las islas fueron inundadas de pintadas con frases como: "No al Tratado de Pesca con Marruecos", "UCD vende a los pescadores canarios" y otras irreproducibles. Los distintos medios de comunicación se hicieron eco de esta campaña, y la opinión pública en Canarias fue informada con todo lujo de detalles de los males que se cernían sobre las islas. Sus ecos duraron largo tiempo e incluso fue utilizada en contra de UCI) en las elecciones generales de 1979.

En medio de esta tensión emocional se celebraron los debates parlamentarios. En el Congreso, el diputado socialista don Manuel Marín, hoy secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas, defendió en nombre de su grupo un voto particular opuesto a la ratificación del acuerdo. Su exposición se desarrolló en términos de gran dureza, incluidos ataques personales a los diputados de UCD don Víctor Moro, que había sido director general de Pesca, y a don Leopoldo Calvo Sotelo, que tuvieron que intervenir para dejar a salvo su honorabilidad.

Los argumentos del señor Marín fueron, en síntesis, los siguientes:

- Vigencia del acuerdo tripartito de Madrid, firmado por España, Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre de 1975, días antes del fallecimiento del general Franco, y que continuaba suponiendo para España, a juicio de Manuel Marín, el reconocimiento de un derecho histórico a pescar en caladeros donde lo venía haciendo desde hacía cientos de años, ya que por dicho acuerdo España sólo cedió la administración temporal del Sáhara y en ningún caso transfirió su soberanía.

Se preguntaba el diputado socialista: ¿Por qué el Gobierno ha aceptado que en el acuerdo pesquero figure la expresión "aguas sujetas a jurisdicción marroquí"? ¿Por qué el Gobierno no ha mantenido la expresión "aguas del Sáhara"? En todo caso, le parecía correcto al señor Marín utilizar la expresión "aguas sujetas a jurisdicción marroquí" refiriéndose a las del norte del cabo Nun, que "inequívocamente es territorio marroquí", pero no así las aguas al sur de dicho cabo, "donde Marruecos", decía, "sólo dispone de unas 60 millas del territorio hasta la frontera del Sáhara", con lo que -concluía- el Gobierno español está admitiendo la jurisdicción marroquí en un territorio que no pertenece a Marruecos.

Marroquización progresiva

El acuerdo suponía, en opinión del Grupo Socialista, la marroquización progresiva de nuestra flota, con el agravante de financiarse con cargo al erario público español, dado el crédito que nuestro Gobierno concedía al de Marruecos en condiciones altamente favorables.

- Suponía también la creación de un monopolio de explotación, en el cual sólo podrían intervenir los grandes armadores, y de un monopolio de comercialización, en beneficio en exclusiva de los grandes intereses capitalistas.

- Sentaba las bases del "empobrecimiento irreversible de las islas Canarias", al suponer el fin de una actividad de capital importancia para el archipiélago.

- Pero el aspecto más importante para los socialistas se centraba en el hecho de que, en su opinión, al acuerdo se había llegado por completo a espaldas de los trabajadores del mar, que estaban siendo manipulados, ya que el temor a perder el puesto de trabajo "sólo se utiliza como arma demagógica". "De hecho", decía el señor Marín, "el acuerdo plantea una situación por la que a cambio de garantizar la rentabilidad delcapital se deja al pescador totalmente indefenso".

El diputado socialista catalán señor Lorda Alaiz llegó a decir que el acuerdo sólo suponía el beneficio "de un grupo reducido de empresarios capitalistas" y sin que a nadie haya preocupado la suerte que "puedan correr los trabajadores del mar afectados, por lo que éstos estaban destinados inexorablemente a ser víctimas de una operación que sólo ha tenido en cuenta los intereses de la clase poseedora". Y don Alfonso Guerra apostillaba: "Nosotros hemos querido defender los intereses de los trabajadores, los intereses de los pequeños propietarios... UCd ha querido defender los intereses de los grandes armadores, los intereses del gran capital, no exento de relaciones con algunos representantes de UCD".

Como contrapartida, el señor Marín solicitaba de Marruecos, "en atención a los especiales derechos históricos y a las exigibles relaciones de buena voluntad", cupos suficientes de capturas o, en su defecto, número suficiente de licencias de pesca para evitar la paralización de la flota pesquera. El Anejo I, decía el señor Marín, "resulta todo menos un acuerdo equilibrado; es tan duro en el plan extractivo y es tan corto el plazo de cinco años para prepararse a nuevas restricciones, que encontramos estas condiciones financieras de todo punto injustificables".

Pero veamos ahora el contenido del nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, suscrito por el Gobierno socialista. Podría pensar el lector que en él no sólo habrán sido recogidas las objeciones de los socialistas al anterior suscrito por UCD, sino que al merecer tantas alabanzas y haber contado con tan escasos votos en contra en el Parlamento se trata de un acuerdo en el que todo son ventajas para los intereses pesqueros españoles.

Desventajas

Por extraño que parezca, si el anterior acuerdo mereció tan acerba crítica de los socialistas, el ahora ratificado no supone sino desventajas en relación con aquél. Veamos las más significativas:

- La expresión "aguas sujetas a jurisdicción marroquí", tan denostada por los socialsitas antes y que figuraba en el acuerdo de UCD en el Anejo I, ahora aparece nada menos que en el artículo primero del tratado.

- El plazo del acuerdo anterior era de cinco años y parecía insuficiente. El nuevo lo reduce a cuatro.

- Se reduce asimismo el esfuerzo pesquero hasta ahora realizado, ya que sólo pueden pescar los barcos que hayan disfrutado de licencia de pesca "en aguas marroquíes" durante los dos años anteriores, sin que el número pueda aumentar en ningún caso, debiendo iniciar uña reducción, en base a tonelaje, con carácter retroactivo al 1 de agosto pasado, en un porcentaje de un 10%. Las siguientes etapas hasta llegar al ¡40%! del total serán aplicadas en enero de 1984 (10%), enero de 1985 (10%), enero de 1986 (5%) y agosto de 1986 (5%). Si al señor Marín el cupo de capturas del anterior tratado (25.000 toneladas/año para la pesca de arrastre, cerco y otras artes al norte del cabo Nun, y 80.000 toneladas/año de sardinas al sur de dicho cabo) le parecía escaso, el de ahora no sé cómo se le podría calificar.

- El aumento de los cánones, que será abonado en un conjunto de divisas internacionales, llega al ¡70%! de los hasta ahora establecidos, aplicables en cuatro etapas del 25%,15%,15% y 15%, respectivamente, con vigencia desde agosto de 1983, julio de 1984, enero de 1985 y enero de 1986. Si las condiciones financieras de antes eran "injustificables" y "leoninas", difícil sería encontrar para las actuales un calificativo.

- La ayuda financiera a Marruecos, que antes suponía la "marroquización de nuestra flota" (3.525 millones de pesetas, a un interés del 5,5%; una amortización en diez anualidades, con un período de gracia dedos años y debiendo utilizarse el crédito para la adquisición en España de bienes de equipo y servicios), ahora se cifra en ¡550 millones de dólares USA! (alrededor de 90.000 millones de pesetas), de los que 150 (25.000 millones de pesetas) tienen carácter de Estado a Estado, con un interés del i4%! amortización a ¡25 años! y período de gracia de i8 años! Y además, según confirmó el propio ministro de Asuntos Exteriores marroquí, señor Bucetta, este crédito irá destinado a la ampliación y modernización del puerto de Agadir, lo que puede suponer, como ha sido ya denunciado en Canarias, una gravísima amenaza para los puertos canarios, que se encuentran situados a escasa distancia. Si el anterior acuerdo sentaba las bases del "empobrecimiento irreversible de las islas Canarias", éste viene a dar el puntillazo a tan sombrío panorama.

- Otras limitaciones del acuerdo, en relación con el anteriormente suscrito por un Gobierno de UCD, hacen referencia a la imposición de condiciones mucho más drásticas para el ejercicio de la pesca, tales como distancia de la costa, extensión de las mallas, control de los barcos, etcétera.

En definitiva, podemos afirmar que si el anterior acuerdo lo era de cooperación en materia de pesca entre España y Marruecos, en el actual todo son condiciones y limitaciones para los pescadores españoles, que esta vez sí que han quedado de verdad marginados. Pero pocas han sido las voces que se han alzado en la denuncia de estos hechos, y, si bien no nos ha llamado la atención lo desapercibido que ha pasado el debate en los Medios de Comunicación del Estado, no podemos por menos que darle la razón a quienes dicen que no existe auténtica oposición parlamentaria. Su casi absoluto silencio tanto en el Parlamento nacio nal como en el Parlamento canario ante el acuerdo pesquero recientemente ratificado por las Cortes Españolas, frente a la actuación de la oposición de entonces en relación con el acuerdo suscrito por un Gobierno de UCD, nos parece todo un ejemplo significativo.