El drama de la 'guerra sucia' deja en segundo plano la lucha contra la crisis en Argentina

El Gobierno radical argentino está ocupándose de la extremadamente grave situación social. Así, el Gabinete de Raúl Alfonsín envió ayer al Congreso un proyecto de ley estableciendo el salario mínimo vital móvil que alivie la situación de tantas familias destruidas económicamente por la hiperinflación. Pero los problemas de la economía, claves para la estabilidad de la democracia recién recuperada, quedan en un forzoso segundo plano ante el drama de los años de la guerra sucia que ahora se empieza a rememorar.

El profesor Alfredo Galletti, catedrático de Derecho Constitucional, miembro prominente de la comisión de derechos humanos del Partido Intransigente, se tiró el lunes a la calle desde el balcón de su casa, en un sexto piso. Sus amigos y allegados estiman que: se encontraba desquiciado ante el relato que ahora comienza a hacerse -tímidamente- de las atrocidades cometidas y ante el espectáculo de ver y escuchar por televisión a los asesinos y torturadores, como el general Ramón Camps, justificando aun en libertad aquellos crímenes. Galletti tenía una hija desaparecida desde hace siete años, su otro hijo, exiliado aún en México, y él mismo había sufrido humillaciones y malos tratos durante el "proceso de reorganización nacional".Ante las exhumaciones que se están llevando a cabo en los cementerios bonaerenses de cadáveres con las manos amputadas, suboficiales en activo durante el proceso afirman que las manos se cercenaban en vida a los detenidos como última forma de tortura. Los militares que ahora hacen estas revelaciones estiman como una tontería la tesis de que los esqueletos amputados se exhuman así en un intento de impedir su identificación necrodactiloscópica; nadie esperaba que los desenterraran en 100 años.

El carnicero de Buenos Aires, el general Camps, ha regresado de sus vacaciones en Uruguay y ha comparecido ante el juez que le investiga por la desaparición de un ciudadano. Según el abogado querellante, reveló ante el juez la existencia de tribunales militares secretos que entre 1976 y 1978 impusieron pena de muerte a los detenidos. Tras declarar, ha vuelto a su casa y a su mesa de despacho rebosante de armas.

El almirante Massera ha recibido autorización de la justicia civil para comparecer ante el Consejo Supremo de Justicia Militar (que le comunicará su nuevo procesamiento), y los ocho restantes altos jefes de las tres primeras juntas militares han designado ya sus abogados. Este consejo supremo de las fuerzas armadas ya ha perdido su capacidad de quórum al retirarse del mismo generales, brigadieres y almirantes que sirvieron hasta como ministros de Justicia a algunos de los ex presidentes que ahora han de juzgar.

Las Madres de la Plaza de Mayo se manifiestan desde hace dos días ante el Congreso en repudio del enjuiciamiento militar de los asesinos pese al proyecto de ley que hará apelable la sentencia ante la jurisdicción civil. Ernesto Sábato, que preside la Comisión Nacional de Desapariciones de Personas, creada por Raúl Alfonsín, declara su interés especial por el tema de los niños que desaparecieron. El actual subsecretario de Educación relata cómo le aplicaron la picana de grupo: "Rueda de presos encapuchados y desnudos cada uno con una picana en la mano obligados a clavarla en la carne de quien tenía delante". Tras la tortura, el general Camps le aseguró que si revelaba algo aparecería "suicidado" en su celda.