El Gobierno militar argentino pide a la Iglesia que apoye ante el pueblo la ley de autoamnistía

El Gobierno argentino ha pedido formalmente a la Iglesia que interceda ante el país para que sea aceptada la futura ley de anmistía o de pacificación nacional. El ruego fue formulado por el presidente de la nación, teniente general Reinaldo Bignone, al presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan Carlos Aramburu, en una imprevista reunión celebrada en la residencia presidencia¡ de Olivos.

El prelado argentino estaba acompañado del obispo de Corrientes, Jorge López. Esta petición a la Iglesia argentina desvela el sentido último de los recientes deseos de la Junta Militar y del Gobierno argentinos de otorgar a los prelados el papel de hombres buenos en los conflictos sociales.Ya el miércoles, los miembros del equipo de Pastoral Social que preside el obispo de Morón, Justo Laguna, se reunían con los ministros económicos para hacerle llegar las propuestas de las dos CGT y de la multipartidaria (un plan de emergencia a corto plazo para llegar a las elecciones de octubre con mayor poder adquisitivo), dando con ello por cerrada una gestión mediadora en este terreno. "Ustedes", dijo a los obispos un miembro del Gobierno, "son los únicos que pueden conseguir que todos los sectores se sienten a una misma mesa con el Gobierno". No era otra cosa que el primer paso para convencer a la Iglesia de que ayude a pasar el mal trago de la ley de autoamnistía, considerada clave de la transición argentina hacia la democracia.

Excesos en la represión

El general Llamil Reston, ministro del Interior, volvió a recordar por segunda vez en pocos meses que en prisiones castrenses se encuentran "unos 150" militares y policías por haber cometido excesos durante la represión. Nuevamente, no facilitó nombres, ni cargos concretos ni condenas.Las diversas asociaciones de familiares de muertos por la subversión, propiciadas por el Gobierno para contrapesar a las madres y abuelas de la plaza de Mayo, y otros organismos defensores de los derechos humanos no convencen a nadie, pese a las listas de asesinados por el terrorismo que hacen insertar en los diarios.

O acaso por ello mismo: documentos oficiales del Gobierno argentino cifran el número de muertos por el terrorismo entre los años 1970 y 1979 en 647, de los que sólo un centenar son civiles.

Desde 1976 hasta 1979, el Gobierno admite oficialmente la desaparición de 6.200 ciudadanos, mientras que otras evaluaciones disparan la cifra hasta las 30.000 personas.

Aun aceptando las cifras gubernamentales, la desproporción entre el número de personas muertas por la guerrilla (Montoneros -extrema izquierda peronista- y Ejército Revolucionario del Pueblo -troskistas-) y el de desaparecidos por la guerra sucia antisubversiva es tan grande que echa por tierra la tesis de que se trató de una guerra civil no declarada.

Las estimaciones de la actual Junta Militar cifran en unos 5.000 los jefes y oficiales (principalmente del Ejército y la Marina) que podrían verse implicados en reclamaciones judiciales ordinarias por tortura, asesinato o desaparición. No es de extrañar, pues, que el Gobierno se haya decidido a pedir socorro a la misma Iglesia.

La Iglesia argentina, al contrario de la chilena, guardó silencio durante la represión y volvió la cabeza ante la barbarie.

Un sueño penoso

No por ello, sin embargo, ha perdido su papel hegemónico en la sociedad (la mayoría del pueblo argentino ignoró culposamente la represión) y ahora es requerida para cerrar vergonzantemente aquel capítulo.Al término de la entrevista con el presidente Reynaldo Bignone, el cardenal Juan Carlos Aramburu declaró que "hemos sido informados sobre los diversos contenidos de la ley de pacificación. Se trata de un anteproyecto destinado a lograr el orden, la tranquilidad, que debe tener sus condicionamientos adecuados basados en la verdad, la justicia, el amor y, por consiguiente, en el perdón". Subrayó el cardenal que "por la información que recibimos, el Gobierno actual no quedará incluido en la ley".

Todo lo demás es en la política argentina anecdótico: la batalla electoral se perfila entre Raúl Alfonsín, líder indiscutido de los radicales (ya es presidente del partido y virtual candidato presidencial), e Ítalo Argentino Lúder, ex presidente provisional y abogado de Isabel Perón.

El fantasma de la viuda de Perón, la ex presidenta Isabel Martínez, sigue planeando sobre el justicialismo. Las Fuerzas Armadas están revisando en estos días con detenimiento sus escalillas y se especula con el pase a retiro anticipado de al menos 10 generales de división comprometidos en la guerra sucia.

Pero se den las vueltas que se den, todo termina conduciendo a la misma piedra en el camino: la cuenta moral y judicial por el genocidio de la disidencia política argentina.