La Comunidad Económica Europea quiere concretar el régimen de intercambios de productos agrícolas con Andorra
La CEE quiere definir el régimen de intercambios de productos agrícolas entre Andorra, por una parte, y Francia y España, por otra, "para evitar todo desvío de tráfico y problemas a la política agrícola común" (PAC). La Comisión Europea propone una posición dura para España en lo referente a acuerdos comerciales agrícolas particulares entre Madrid y países terceros. España tendrá que renunciar a ellos, incluidos los que quiere conservar con América Latina, para reemplazarlos por los que tiene la CEE.
Estos propósitos están contenidos en el documento que ayer aprobó la Comisión Europea, proponiendo una línea para que el Consejo de Ministros de la CEE negocie el capítulo agrícola de la adhesión española. Al fin hay posición -287 apretadas páginas cuyas líneas fundamentales adelantó ayer EL PAIS sobre este tema, el más espinoso de la larga negociación. Aún habrá que esperar a ver qué hace con el documento el Consejo de Ministros. Francia no quiere aún que se negocie este capítulo hasta que no se haya reformado el sistema de ayudas comunitarias a los productos mediterráneos. La comisión propone aislar de la CEE durante cuatro años, prorrogables a seis, el sector hortofrutícola español, que tendría que reformarse entre tanto, según los principios de la PAC, pero a costa del erario español. La CEE mantendría una tutela de precios sobre España. Pasados estos años se entraría en una transición clásica. Los otros productos pasarían por una transición clásica con una adaptación paulatina, durante un período máximo de 10 años, prorrogable a 12, con el acuerdo de España.La comisión se reserva la posibilidad de introducir diversos productos continentales españoles en el régimen de la etapa de cuatro años, si las estructuras españolas no se adaptan con la velocidad suficiente.
Respecto a Andorra, España ha expresado su voluntad de mantener el régimen vigente en la actualidad, pero la comisión reserva su posición final. Hasta el momento, Francia se ha mostrado reticente a abordar el tema en Bruselas, pero no es improbable que finalmente el obispo de Urgel tenga que acudir a la sede de las instalaciones europeas. Para Francia es un tema a tratar entre el obispo y el copríncipe, es decir, el presidente de la República francesa. La CEE teme, sin embargo, que Andorra se convierta en un coladero.
España tendrá que denunciar progresivamente sus acuerdos agrícolas con países terceros, incluidos los de América Latina, para ir asumiendo los tratados firmados con la CEE. España asimismo, según esta posición, habría de renunciar a las preferencias acordadas por países terceros, aun cuando pueda mantener momentáneamente ciertas restricciones cuantitativas. Ante estos países terceros, España tendría que bajar sus derechos aduaneros si éstos son más altos que los que mantiene la CEE. En cuanto a subvenciones a la exportación hacia estos países, las españolas no podrán ser superiores a la diferencia entre los precios en España y los precios mundiales o del país destinatario.
En ningún caso podrá mantener España un régimen comercial menos favorable para la Comunidad Económica Europea que para cualquier país tercero y viceversa. Durante un período a definir, España habrá de aplicar el régimen actual de exportaciones a la comunidad de productos de carácter hortofrutícola, bajo la reserva de la preferencia comunitaria. En este sentido, el sector de las frutas y hortalizas no quedaría completamente aislado.
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