Inspectores de medicamentos en aduanas cobran legalmente de la industria varios cientos de millones de pesetas al año

La revisión de los sistemas de control de medicamentos que lleva a cabo la Administración ha puesto de relieve la existencia de un servicio de inspección compuesto por un escaso número de profesionales que reciben de la industria, personalmente y de forma legal, una cifra global de varios cientos de millones de pesetas al año. Dicho servicio, considerado ahora "obsoleto", va a ser restructurado. Algunas de las sorpresas con las que aún se encuentran los responsables de la Administración central sanitaria del Gobierno socialista consisten en la ausencia de documentación o archivos sobre diferentes asuntos.

Félix Lobo, director general de Farmacia y Medicamentos, recibió una de estas sorpresas al pedir la lista de los inspectores de géneros de medicamentos. "No había lista, no había expedientes de los nombramientos, no había documento alguno. No había nada escrito sobre las personas que en los distintos puntos aduaneros tienen por misión el control del paso de estos productos sanitarios".Este servicio será próximamente reorganizado, según ha manifestado el ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, ante el Parlamento.

Uno de estos inspectores, bajo cuya competencia queda la aduana de Madrid, es Nazario Díaz, quien ocupaba además el cargo de subdirector general de Control de Medicamentos hasta el pasado mes de marzo, en que fue cesado. "La potenciación de este control es imprescindible, y Nazario Díaz era un hombre muy marcado de la anterior Administración", es toda la explicación que oficialmente se obtiene sobre su relevo.

La sensibilizacion ministerial por los sistemas de control e inspección ha aumentado en los últimos meses, según fuentes oficiosas, a consecuencia de la detección en España del síndrome de inmunidad deficiente adquirida (AIDS), cuya transmisión se puede producir, entre otras vías de contagio, a través de productos farmacéuticos derivados de la sangre.

Reparto de millones

En la ley de Bases de Sanidad de 1944 se hace mención a la presencia de inspectores de medicamentos en las aduanas. Pero no hay normativa sanitaria que desarrolle esa base legal, según informan fuentes oficiales. También se contempla la presencia de estos inspectores en la legislación de aduanas, sin que tampoco quede clarificada su función. Los juristas estudian los matices por los que, según unos criterios, estos inspectores ejercen su misión de modo liberal, privado, mientras, según otros, son funcionarios públicos.Hay una legislación, las Reales Ordenanzas de Farmacia, de 1860, y que está en vigor, en virtud de la cual tales inspectores recibirían el pago de una determinada cantidad porcentual que con el paso del tiempo ha quedado transformada en "un 5 por mil del valor FOB (sin incluir el valor de seguro y flete) de las importaciones y el 2,5 por mil de las exportaciones" de estos productos.

La cifra total asciende a varios cientos de millones de pesetas al año, aunque, al igual que "otros datos", se desconoce la cuantía exacta. Se tiene como referencia la cifra ingresada este año, por tal concepto, en una cuenta corriente oficial de Barcelona, donde la percepción personal de dicho canon por los inspectores fue suprimida en 1979 por la delegación provincial de Sanidad. En dicha cuenta se ingresan 10 millones de pesetas mensuales de promedio, a fecha de finales de mayo pasado.

El número de inspectores es de 36. "Suele haber uno por cada puesto aduanero, excepto en Barcelona, que actualmente hay cuatro", dice Félix Lobo, que ha tenido que recorrer un "itinerario kafkiano" para saber quiénes son. "Cuando hablé de este tema con el director general de Aduanas me miraba como si le estuviese contando cuentos tártaros". Se calcula, en el caso de algún inspector, unos ingresos de un millón de pesetas mensuales por esta vía, pues las principales entradas de dichos productos se realizan por Madrid y Barcelona, y en menor medida por Valencia, Bilbao y Sevilla y restantes puntos aduaneros.

En la reorganización que se prepara, y que incluye el cese de dichos inspectores desde el día 23 de mayo pasado, pretende cubrir las plazas de nuevo, previo establecimiento de su carácter de función pública, "tal como ya se ha empezado a hacer en algunas delegaciones provinciales". El canon que actualmente pagan las empresas se ingresará en una cuenta corriente oficial en el Banco de España y será próximamente incluído en la nueva Ley de Tasas que elabora el Ministerio de Hacienda. La reestructuración será desarrollada en un Real Decreto que prepara la Secretaría General Técnica.

Hace años, según aclara el director general de Farmacia y Medicamentos, el delegado provincial de Sanidad de Barcelona "decidió por su cuenta eliminar esa situación y reorganizarla, y desde entonces el dinero de ese canon se ingresa en una cuenta bancaria oficial, aunque se da una gratificación a cada inspector". A petición de esta delegación, en diciembre de 1979, la Inspección General de Servicios inició en junio de 1980 una encuesta en las delegaciones sanitarias con puesto aduanero y, en junio de 1981, elevó un informe relativo a la inspección de géneros de medicamentos en el que solicitaba una aclaración de los temas de personal y retribuciones. Félix Lobo señala: "El Gobierno de UCD, a pesar de ese documentado informe, sostuvo la situación. El asunto es tan pintoresco que, por las referencias que nos llegan, alguno de estos inspectores ha comentado que cómo se le va a cesar si heredó de su padre el puesto".

Con licencia fiscal

Nazario Díaz, en declaraciones efectuadas a este periódico, se muestra favorable a la reorganización de este servicio. "No creo que produzca ningún problema profesional ni sanitario. La función del servicio, tal como permanece, pudo tener sentido quizá hasta los años cincuenta, ya que la figura del inspector de géneros de medicamentos tenla un contenido primordialmente de apoyo a los inspectores aduaneros para la identificación de los productos, pero el control sanitario se realiza en realidad por otros medios"."Esta función", explica, "se practica como un ejercicio profesional libre, y las empresas importadoras retribuyen directamente al inspector, que actúa como profesional liberal con la correspondiente licencia fiscal". Díaz López señala que no puede precisar si los ingresos de algún inspector por este concepto ascienden al millón de pesetas al mes, aproximadamente, "pues depende de la intervención que tenga y de las partidas que se importen, ya que hay diversos géneros que están fuera de este control, así como también la exportación".

Esta situación data de "más de un siglo", confirma este inspector. "Antes del año 1934 los nombramientos los efectuaban los gobiernos civiles", añade, "luego lo hizo el Ministerio del Interior y finalmente pasó a ser competencia de Sanidad. El nombramiento se hacía por concurso y se exigía el título de doctor en Farmacia. No conozco ningún caso en que el puesto haya pasado de padres a hijos". Nazario Díaz opina que "la situación, en efecto, es obsoleta; pudo haberse cambiado hacia el año 1958, cuando se hizo la renovación legal sobre tasas, pero no sé por qué no se hizo".

Según el director general de Farmacia y Medicamentos, Félix Lobo, la reorganización que se pretende con este servicio, y parcialmente en marcha, "se integra en el impulso que el ministerio desea imprimir a los diferentes sistemas de control sanitarios".