Admitida por primera vez una querella contra ICONA por destrucción de un monte
El juzgado de instrucción de Mérida ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el representante legal de la asociación ecologista extremeña ADENEX contra el jefe provincial de ICONA de Badajoz, Francisco Garach, por un presunto delito de daños en una zona de 105 hectáreas en la Sierra del Moro. El hecho, sin precedentes en España, marca un hito en la lucha ecologista y ha provocado que desde ayer varias asociaciones de este signo se preparen para emprender acciones similares contra organismos como el MOPU, el IRYDA, el propio ICONA o los correspondientes en las comunidades autonómicas.
El hecho ha sido conocido dos días después de que el congreso de los Diputados aprobase la ley del delito ecológico, que aún ha de pasar los correspondientes trámites hasta que sea posible su aplicación. La querella, presentada por Santiago Hernández como director y representante legal de ADENEX, acusa al jefe provincial de ICONA de un delito de daños y de incumplimiento de los fines del mencionado instituto. Concretamente, se trata del levantamiento de la vegetación natural denominada como sotobosque en una extensión de 105 hectáreas de la Sierra del Moro, también conocida como Sierra Bermeja, enclave natural próximo al embalse de Córdavo, y que está próxima a ser declarada parque natural, lo que se acredita en el texto de la querella con cartas del Ministerio de Agricultura, del de Obras Públicas y Urbanismo y del subdirector general de recursos naturales.La Sierra del Moro se encuentra poblada por especies protegidas, como son las águilas culebreras, águilas calzadas, milano negro, ratonero común, cigüeña blanca, cárabo, buho cicho, lechuza común, autillos, mochuelos, gatos monteses y varias otras. El ICONA decidió levantar la vegetación natural de esa zona de 105 hectáreas para llevar a cabo en la misma una repoblación con pinos comunes y alcornoques. Al hacerlo, ha destruido, según el querellante, nidos de especies protegidas y provocará la desaparición del 39%, de la vegetación natural de la zona. Igualmente se señala que esta roturación para repoblar el monte con pinos y alcornoques pone en grave peligro de erosión al monte.
La querella se presenta al amparo del artículo 658.6, del Código Penal, por un delito de daños en las especies protegidas citadas y en la flora de la zona. Asimismo califica los hechos como un delito de imprudencia al que le sería arilicable el artículo 565.2, del Código Penal. El querellante acusa también al demandado de incumplimiento de las funciones de ICONA.
Igualmente la querella se apoya en el artículo 48 del Reglamento de Caza, el decreto 2.573/73 de especies protegidas y el 45.1 de la Constitución.
Por todo ello, el querellante solicita la detención y prisión del presunto culpable, o que se le exija fianza, y que se proceda al embargo de sus bienes por valor de cuatro millones de pesetas para cubrir las responsabilidades pecuniarias a que hubiere lugar.
La querella, presentada el 30 de enero, fue admitida a, trámite el pasado día 10 por el juez de instrucción de Mérida, Andrés Palomo del Arco.
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