Los militares argentinos practicaron la tortura en unos 20 campos de concentración clandestinos

Una veintena de campos de concentración se esparció en Argentina tras el golpe militar de 1976. En ellos, los militares practicaron la tortura, para lo que contaron con asesores selectos extranjeros. El régimen que preside el general Reynaldo Bígnone, mientras tanto, mantiene que no hay nada nuevo que informar sobre la suerte de 30.000 desaparecidos y ha vuelto a aplazar su prometido informe oficial sobre estos casos. La oposición civil exige luz y responsabilidades, que, en su opinión, deben extenderse a supuestos escándalos de corrunción.

El régimen militar argentino ha pospuesto nuevamente -ahora hasta febrero- su informe oficial sobre la situación de los 30.000 detenidos-desaparecidos desde 1976 exigido por las fuerzas políticas democráticas y organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. "No tenemos nada que decir porque no tenemos a ninguno de ellos", se excusa periódicamente el presidente designado, general Reinaldo Bignone, apodado por sus amigos Vito Corleone o Consigliere (consejero, cerebro gris de los padrinos mafiosos) desde que fuera secretario general del Ejército. En otro plano, el reciente viaje de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, a las islas Malvinas, fue interpretado por círculos del Pentágono en un contexto diferente al de la Prensa de Londres. "Se trata de un recordatorio de Maggie al presidente norteamericano Ronald Reagan sobre sus conversaciones en el verano de 1982 en torno al proyecto de una base militar en el archipiélago austral", indicaron.Superbase en las Malvinas

El proyecto norteamericano de instalar una superbase en las islas data de 1969, y en él fundaron los militares argentinos su azarosa táctica de "apoyarse en Washington para dpsalojar a Londres". En recientes conversaciones secretas Buenos AiresPentágono, -afirman fuentes responsables-, de las que Reagan no informa siquiera a su secretario de Estado, George Shultz, la cúpula castrense ha renovado esa táctica tras su deshon rosa rendición en las Malvinas.El tema de los detenidos-desaparecidos se ha convertido en nudo crucial de la situación política argentina, ya que ninguna fuerza democrática quiere heredar, tras, eventuales elecciones aún inciertas, ese presente militar. "Queremos un reconocimiento pleno de los responsables castrenses",' plantean dirigentes progresistas de la Multipartidaria, "que detalle la situación de cada uno de los 30.000 desaparecidos. Una justicia democrática tendrá que resolver ese tema y también los sucios asuntos de la guerra, la desmesurada deuda externa, los mil y un negocios ¡lícitos de los militares y muchas infamias más".

El trágico problema no sólo ha terminado por estallar en Argentina, sino también en varias capitales de Occidente. En España, Italia, Francia, República Federal de Alemania, Suecia y en otros países se constituyen comisiones parlamentarias y de notables que acuden a Buenos Aires, pese a las intimidaciones y desaires de la Junta Militar.

La computadora de la secretaría de Amnistía Internacional clasificó entre los 30.000 desaparecidos en Argentina desde el sangriento golpe de estado de 1976 a ciudadanos de España, Alemania, Finlandia, Suecia, Japón, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. El escándalo estalla en cadena en las capitales europeas, con interpelaciones a los Gobiernos, acciones sindicales y peticiones humanitarios.

Pertenecían a la logia Propaganda 2 -como se acusa al ex comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Massera, y el ex jefe del Estádo Mayor del Ejército, general Carlos Suárez Mason-, todos los mandos militares aparecen implicados como responsables de la tragedia en los documentos que recogió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El mismo gene ral Cristino Nicolaides, actual jefe del Ejército, cuando era jefe de la IX Brigada de Infantería en Comodoro Rivadavia, en 1976, tenía bajo su mando uno de los campos clandestinos de concentración, afirma el periódico radi cal La República.

"Nadie puede decir que había guerrilla en Comodoro Rivadavía", añade, "ni en ninguna zona próxima, por lo que los prisioneros de la guerra a la que jugaba Nicolaides eran dirigentes sindicales petroleros y otros. En la Subzona de Defensa 53, a cargo de su subordinado, coronel De Piano, sometía a sus presos a flagelaciones y tormentos y hasta ordenaba a familias enteras irse de la región bajo su mando por que le molestaban", agrega la denuncia.

El destino posterior de los ofi cíales de la Marina responsables de las desapariciones y torturas en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires a veces bajo el ejemplo directo de Massera -según testimonios de algunas víctimas-, resulta sumamente conflictivo por el mundo. Diseminados en las embajadas argentinas en Londres, París, Pretoria o Madrid, fueron sistemáticamente descubiertos y denunciados en plena calle. Con el mismo heroísmo demostrado por otro de los desaparecedores el capitán de navío Alfredo Astiz, en las islas Georgías del Sur, huyeron de las cámaras fotográficas cubriéndose el rostro con las manos.

El coronel Roberto Roaldés responsable de Plana Mayor del Primer Cuerpio de Ejército de la Capital Federal, daba la orden administrativa para inhumar cadáveres en la Morgue sin intervención judicial, según denuncias de familiares de desaparecidos. Roaldés se encuentra en misión militar en Taiwan. Más de una veintena de campos de concentración militares clandestinos se esparcieron por Argentina. "A pesar que los militares argentinos no tienen nada que aprender en materia de torturas, contaron con asesorías selectas de norteamericanos, israelíes, surafricanos y algunos militares retirados franceses, que aportaron sus experiencias de Vietnam, zonas ocupadas por el Ejército israelí, el apartheid y Argelia", señalan revelaciones de los contados prisioneros liberados.

El abogado Martín Gras reveló la explicación del oficial que le torturó en la ESMA, en coincidencia con otros relatos.

"Orden de batalla"

"Somos militares", dijo, "y cumplimos la orden de batalla del 24 de marzo de 1976, firmada por los tres comdandantes en jefe de las FF AA y el Estado Mayor Conjunto. El objetivo expreso es la destrucción fisica de las organizaciones populares mediante la eliminacíón fisica de sus miembros, por ser contrarios al ser nacional y al orden social natural. Para ello asumirnos la lucha clandestina, a espaldas de la población civil, porque para el triunfo precisamos la información, y ésta sólo puede ser obtenida por la tortura; y para que la tortura sea eficaz debe ser ilimitada. Lo importante es que se obtiene ventaja sobre el enemigo, con el rédito de que se persuade con el terror al resto de la manada".

El jurista argentino Eduardo Duhalde afirma en un ensayo que el objetivo metódico, dentro de esos campos de concentración, es no sólo la destrucción fisica del prisionero, sino su destrucción psíquica. Los pocos liberados -quizá para comprobar la eficacia de dicha técnica retornaron en su mayoría su conciencia anterior a la desaparición y denunciaron los hechos ante organismos internacionales.