El cementerio clandestino descubierto cerca de Buenos Aires, lugar de peregrinación de familiares de 'desaparecidos'

Una delegación de madres de la plaza de Mayo acudió ayer a la población de General Sarmiento, cercana a Buenos Aires, para reclamar una investigación exhaustiva y la determinación de responsabilidades en la inhumación clandestina de más de 400 cadáveres en el cementerio de Gran Bourg. El lugar se ha convertido desde el sábado en escenario de peregrinaje de familiares de personas desaparecidas.

En un extenso documento, los obispos argentinos han condenado el asesinato, la tortura física y moral, las desapariciones, los secuestros y las acciones terroristas.El documento episcopal, de un tono especialmnente enérgico, ha sido elaborado después de una semana de deliberaciones de la jerarquía eclesiástica. La Iglesia formula una "dramática advertencia" sobre las horas que vive el país latinoamericano y declara que "el único camino para la acción política de los argentinos es la exclusión total de la violencia".

El pasado fin de semana fueron hallados más de 400 cadáveres en el sector NN ("tumbas sin nombre") del cementerio de Gran Bourg, al oeste de la capital federal. La Asamblea Permanente de Derechos del Hombre afirma que se trata de cuerpos de personas que figuraron en las largas listas de desaparecidos durante la etapa más sangrienta de la lucha militar contra la subversión. Las madres de la plaza de Mayo recorrieron la necrópolis, excava da en el suelo de una hacienda y muy próxima a la guarnición militar de Campo de Mayo, y han reclamado de las autoridades municipales y judiciales la identificación de los cadáveres.

Los obispos recibieron precisamente el domingo una carta del presidente Bignone en la que el general que dirige los destinos argentinos responde a las inquietudes sobre los derechos humanos planteadas en el documento episcopal. El documento de la jerarquía está basado en sendas comunicaciones emitidas en 1981 con los títulos Iglesia y comunidad nacional y Camino de reconciliación.

Conmoción en la opinión pública

Una gran confusión reina sobre el macabro hallazgo, que ha sacudido de nuevo a la opinión pública argentina, mientras que la justicia, desde hace cerca de dos meses, reabre uno a uno los expedientes más célebres de desapariciones y asesinatos. El problema de los desaparecidos -cuyo número se cifra entre 5.000 y 30.000, según las fuentes- es uno de los más importantes que debe afrontar Argentina para la vuelta a la vida constitucional, de aquí a marzo de 1984.Las asociaciones humanitarias reprochan desde hace meses a los Gobiernos sucesivos de los generales Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y ahora Reinaldo Bignone el retrasar las informaciones sobre la suerte de los desaparecidos, a pesar de las recomendaciones de la Iglesia, que considera, en su documento que la "reconciliación nacional" sólo puede hacerse en "la verdad y en la justicia".

Los testimonios difieren sobre los medios empleados para el transporte de cadáveres al cementerio clandestino. Algunas personas han visto, de noche, camiones militares; otras, de día, ambulancias o coches fúnebres ordinarios llevando féretros de cartón o cuerpos envueltos en sábanas o pequeños ataúdes, presumiblemente destinados a niños.

Las abuelas de la plaza de Mayo reclaman desde la creación de su movimiento "la reaparición con vida" de más de cien niños secuestrados juntamente con sus padres o que debían nacer mientras que sus madres estaban en prisión.

Los obispos argentinos recomiendan ahora en su documento que los fieles "participen activamente en el proceso de democratización y elijan políticas concretas, conciliables con los valores evangélicos, en el marco de un pluralismo de la sociedad argentina, que reconocemos válido y enriquecedor".

Recomendaciones de los obispos

También se pronuncian contra las "adhesiones dogmáticas a las escuelas o sistemas económicos que no aseguren trabajo, bienestar y calidad de vida digna a todos los hombres y las regiones del país". Esta referencia se relaciona con la política económica desarrollada por las fuerzas armadas desde 1976, que ha sido severamente enjuiciada desde los ámbitos católicos.Los obispos reclaman también la plena vigencia de la libertad de expresión", que se interpreta por los observadores como una exhortación al régimen militar, que en los últimos días ha amenazado veladamente a los medios de comunicación que comenzaban a mostrarse críticos hacia el Gobierno argentino.

El documento de la Iglesia pide que se trabaje "por el afianzamiento del proceso de institucionalización" y también que se denuncien todas las formas de corrupción y que no se transija con ninguna forma de venalidad, latrocinio, abuso de poder o autoridad.