Presiones para frenar el proceso de apertura política en Argentina

Dos hechos perfilan en los últimos días la realidad política argentina: por un lado, los crecientes intentos de los halcones destinados a presionar al Gobierno militar para lograr un frenazo o el cese liso y llano de la apertura política; por otro, quizá de manera no del todo desvinculada con lo anterior, la recreación de cierto clima de nerviosismo financiero con ciertas repercusiones en el poder.Pero el Gobierno avanza en la gestión del estatuto de los partidos políticos, cuya etapa preparatoria ha concluido ya. El marginamiento que puede producirse sería numérico antes que ideológico: en el caso del partido comunista, por ejemplo, subsiste la tesis de esa agrupación, contraria a entregar a la justicia electoral la lista de sus afiliados.

Ese criterio fue decisivo para no lograr el reconocimiento en 1971, excepto en la provincia de Misiones. Hasta ahora se da por seguro que el estatuto establecerá requisitos mínimos en materia de afiliados: seis por mil de los ciudadanos para obtener reconocimiento en un distrito; reconocimiento en ocho distritos, por lo menos, para obtener reconocimiento nacional (dos de esos ocho distritos deben ser elegidos entre los cuatro más numerosos: Buenos Aires, su extensa provincia, Córdoba y Santa Fe).

El Gobierno se basa en la idea de que cuatro es una buena cifra en lo que respecta a partidos nacionales: los dos grandes (el peronismo y el radicalismo), la tercera fuerza en gestación (oficialista) y uno de centro izquierda.

Quedan varias incógnitas. Por ejemplo, para el caso de la socialdemocracia, se habla de la posibilidad de una confederación. Aun así, el reconocimiento sería dudoso. En cambio, podría satisfacer el número de afiliados el partido de la Democracia Social.

El Gobierno argentino, de otra parte, ha anunciado que a partir de hoy comenzará a facilitar información sobre las personas desaparecidas por motivos políticos. Las autoridades, sin embargo, sólo examinarán los casos con las familias que hagan una petición expresa. El ministro del Interior, general Saint Jean, dijo que esta decisión ha sido adoptada en la última reunión del Gabinete.

Las organizaciones humanitarias consideran que en Argentina han desaparecido o han sido asesinadas por motivos políticos no menos de 15.000 personas.