Miles de toneladas de tóxicos son manipuladas en el campo español sin control alguno

Los pesticidas, clave del éxito de la agricultura intensiva que se practica actualmente, están siendo utilizados por los agricultores sin que éstos tengan conciencia de la peligrosidad de los productos que vierten sobre los cultivos. La Administración española tampoco parece ser consciente de los riesgos que para la salud pública implica un lento pero continuo envenenamiento de la población y parece permanecer indiferente ante las intoxicaciones que se producen entre los trabajadores dedicados a las tareas de fumigación. Estos, por su parte, desconocen o ignoran las normas en vigor.

Hace unos meses, las autoridades norteamericanas devolvieron a España un barco cargado de pimentón por haber detectado que contenía endrín, un plaguicida cuya utilización sólo está autorizada para productos agrícolas no comestibles, como el algodón. El barco volvió a Cartagena, su lugar de origen, y allí se desembarcó el pimentón para que fuera distribuido en el mercado español, donde, al parecer, los consumidores son menos exigentes.Los exportadores están preocupados porque los campesinos utilizan indiscriminadamente los plaguicidas. En el caso del pimentón han pedido que no se utilice endrín para combatir las plagas, pero los agricultores se resisten a ver mermada su producción por culpa de los insectos. Este problema no es exclusivo de España. El uso de los plaguicidas se ha declarado imprescindible para la agricultura intensiva que se practica en todos los países industrializados, y su consumo es cada vez más masivo.

Sin embargo, el control que se ejerce sobre la utilización de estos productos es prácticamente nulo. Para empezar, nadie sabe cuántas toneladas de pesticidas se consumen en España ni cuántas hectáreas se tratan con ellos. El jefe del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Jose Luís Cervigón, manifestó a EL PAIS que los medios con que cuenta su departamento impiden un control estricto del consumo de plaguicidas, y sólo pudo especificar que en España se compran pesticidas por valor de unos 18.400 millones de pesetas al año. La Asociación Nacional de Fabricantes de Plaguicidas tampoco sabía cuántas toneladas de pesticidas se consumen en España. El único lugar donde se pudo encontrar una cifra concreta fue en el anuario del Instituto Nacional de Estadística, en el que se dice que en 1973, último año en el que se aportan datos sobre pesticidas, se produjeron en España 117.753 toneladas de "insecticidas agrícolas". Sin embargo, algunos expertos hablan de unas 30.000 toneladas de consumo, cifra que parece más razonable, si se tiene en cuenta el valor del producto.

Toda esta cantidad de productos tóxicos es manejada sin que nadie se preocupe del cumplimiento de las disposiciones legales, que, como siempre, son muy estrictas sobre el papel. El uso de los pesticidas está totalmente descontrolado y depende del criterio y del grado de información que tenga cada campesino. En muchos pueblos de Europa Central se puede adivinar que los labradores van a fumigar sus campos cuando se ve a sus mujeres cubrir con plásticos los huertos familiares. Luego todo queda dispuesto para que se inicie la operación de espolvorear con plaguicidas las cosechas destinadas al mercado.

En España, la situación es ligeramente distinta. Aquí la mayoría de los labradores no saben casi nada de lo que tienen en las manos y echan "la medicina" por doquier, sin tomar ni siquiera medidas preventivas para su propia salud y con las únicas limitaciones que les ponen los elevados precios de los plaguicidas, aunque para paliar este impedimento el Gobierno concede periódicas y generosas subvenciones.

Nunca en la historia del hombre fueron manejados tantos millones de toneladas de venenos por personal tan inexperto como con los pesticidas. De los campesinos se exige que sepan elegir el pesticida, disolver en sus correctas proporciones los polvos, actuar en el momento adecuado, con la dosis exacta, y, durante un período determinado, no echar ninguno de estos productos cuando las cosechas ya estén maduras y listas para el mercado, aunque en ese momento los insectos estén dañando más que nunca; plazos de seguridad que son necesarios para que los plaguicidas se puedan degradar antes de ser ingeridos por el hombre.

La legislación no se cumple

La experiencia demuestra que éstas y otras normas dictadas por la ley casi nunca se cumplen. Al margen de que el mayor índice de analfabetismo se da en el campo, muchos campesinos interpretan a su manera las instrucciones de los folletos. Por eso no resultan nada tranquilizadoras las declaraciones efectuadas en un apéndice de la reglamentación sobre productos fitosanitarios cuando se dice que, "ante las alarmantes noticias que aparecen con cierta frecuencia en medios de comunicación, a cualquier persona puede dar confianza el conocer que la normativa legal vigente sobre plaguicidas es una de las más amplias y completas".

La mayoría de los labradores entrevistados por EL PAIS manifestaron que ellos siempre "aumentaban bastante" la cantidad de polvos que hay que mezclar con disolvente porque, si no, "los bichos no morían". La mayoría de ellos ignoraba que, de no echar el pesticida en un momento concreto del ciclo de los insectos, los efectos son prácticamente nulos, e interpretaban este fenómeno como si la (dosis anterior hubiera sido pequeña, con lo que lo que hacían era aumentar la dosis y repetir la fumigación cuantas veces fuera necesario. Muy pocos de ellos habían hecho un cálculo económico sobre el dinero que habían gastado en pesticidas, aunque sí se quejaban de que, a pesar de aumentar la producción, "todo se lo llevan los abonos y las químicas".

Según una encuesta sobre la peligrosidad y la situación real de la prevención de accidentes en los tratamientos fitosanitarios, elaborada por un equipo del Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo, del Instituto Territorial de Sevilla, "los servicios oficiales ni vigilan ni controlan la utilización de los productos en los tratamientos". "Hemos apreciado", escribe el ingeniero agrónomo Antonio Sánchez-Cid, miembro del equipo que elaboró la citada encuesta, "que es muy frecuente que los campesinos no guarden plazo de seguridad y, en consecuencia, que los productos tratados se encuentren a los pocos días en el mercado. Doblan la dosificación, convencidos de que así se conseguirán mejores resultados. El trabajador sólo conoce el peligro de utilización de estos productos o bien de oídas o por haber sufrido él una intoxicación".

De 825 trabajadores agrícolas encuestados, 73 habían padecido algún tipo de intoxicación y 248 se quejaban de molestias como consecuencia de su participación en tratamientos fitosanitarios. De los resultados de esta encuesta también se deduce que la mayoría de los agricultores desconoce la legislación en estas materias. La encuesta denunciaba que la mayoría de los pesticidas se almacena en lugares inadecuados. Por otra parte, los envases, que según la legislación deben ser enterrados o devueltos a fábrica, no sólo no se destruyen, sino que frecuentemente son vueltos a utilizar. Y es que los campesinos están acostumbrados a aprovechar todo lo que cae en sus manos.

Frecuentes intoxicaciones

De cualquier forma, y pese a su gravedad, el mayor problema de los pesticidas no son las intoxicaciones agudas que se producen por accidente y esporádicamente, sino las pequeñas dosis que legalmente quedan como residuo en todos los productos alimenticios agrícolas que han sido tratados químicamente y que son ingeridas a diario por toda la población. Ningún departamento del Ministerio de Sanidad y Consumo de España tiene la misión de realizar el más mínimo control sobre el contenido de residuos de pesticidas en los alimentos.

El único caso que se pudo averiguar, en el que la Subdirección de Defensa contra Fraudes, del Ministerio de Agricultura, impuso una sanción, fue con motivo de la devolución de un cargamento de naranjas exportadas que contenían un alto contenido de metil-paratión, un pesticida utilizado en los cultivos de cítricos. La multa impuesta por este departamento ascendió a dos millones y medio de pesetas. Sin embargo, parece ser que esta medida fue tomada más por poner en peligro las exportaciones que porque los productos puedan dañar la salud humana. De hecho, la mayoría de las partidas que son devueltas a España, que en opinión de los funcionarios "son mínimas", se distribuyen en el mercado nacional sin demasiados impedimentos.