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Una sociedad de ganaderos catalanes absorberá a Rania

Una sociedad formada por cerca de un millar de ganaderos catalanes absorberá a la empresa de productos lácteos Freixas, SA, conocida por el nombre comercial de Ranla, quien se halla en situación de quiebra desde diciembre de 1980. Esta iniciativa está encaminada a garantizar la comercialización de un importante porcentaje de productos lácteos catalanes, así como a conservar la mayor parte de los puestos de trabajo.Desde la instancia de quiebra de dicha sociedad, la Dirección General de Relaciones Agrarias de la Generalidad y el despacho jurídico de Rafael Jiménez de Parga -asesor de los trabajadores instantes de la quiebra- vienen estudiando diferentes soluciones para impedir la liquidación de la sociedad, que conllevaría serios problemas a la distribución de productos lácteos en Cataluña.

La agrupación formada por los ganaderos catalanes se ha denominado Unión General de Productores de Leche, SA, y fue constituida formalmente en diciembre pasado. Los ganaderos han adquirido durante los últimos meses el 90% de las acciones de Rania a su antiguo propietario, Juan Freixas Padró. A través de un acuerdo de pago aplazado a diez años, propuesto ayer a los acreedores de Rania, la nueva sociedad se hará cargo, asimismo, de la totalidad del pasivo de la empresa, que asciende a 2.500 millones de pesetas.

Dicho acuerdo fue propuesto ayer formalmente a los acreedores, quienes, con toda probabilidad, lo aceptarán ante el peligro de una liquidación forzosa de Rania. El pago aplazado del pasivo contempla la totalidad de los créditos, debiendo ser ratificado en su día el acuerdo ante el juzgado a través de la junta de acreedores, que aún no ha sido convocada. El activo declarado de la empresa asciende a 1.800 millones de pesetas.

Respecto al problema laboral de la sociedad, los trabajadores acordaron recientemente rescindir de forma voluntaria 140 contratos de trabajo a cambio de una indemnización equivalente a veinte días de salarlo por año trabajado. Los empleados acogidos a la rescisión percibirán, asimismo, una indemnización complementaria de 500.000 pesetas. El resto de la plantilla -425 trabajadores- continuará en sus puestos de trabajo, percibiendo la totalidad de salarios atrasados.

Desde la instancia de la quiebra de Rania, la sociedad ha venido trabajando bajo la fiscalización economica de un comisario nombrado por el juzgado de primera instancia que tramita el procedimiento. En marzo de 1981, las oficinas centrales de la empresa, situadas en la avenida de las Cortes Catalanas, de Barcelona, sufrieron un extraño incendio, en el que se perdió parte de los archivos de la empresa. Como consecuencia del siniestro se abrieron diligencias en un juzgado de Barcelona.

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