Hay que seguir negociando

En un período de crisis como el actual, y bajo el principio de solidaridad que exige el tratamiento de sus consecuencias sociales, no pueden abordarse los problemas de la Seguridad Social (SS) bajo la idea simple de reducir y limitar prestaciones, como tampoco se puede insistir en disminuir las cuotas empresariales sin precisar otros mecanismos de financiación socialmente justos.La crisis, al aumentar el paro, anticipar para ciertos colectivos la edad de jubilación, incrementar las necesidades sanitarias y de protección, etcétera, determina un crecimiento de la demanda sobre la Seguridad Social.

Pero no es una demanda cualquiera. Las coberturas de la SS comprenden derechos fundamentales de la persona. De ahí que el nivel óptimo sería una protección universal, suficiente, garantizada y financiada por el Estado. Y por su misma naturaleza, lo idóneo es que la gestión sea pública y con la mayor participación social, para hacerla eficaz, transparente y democrática.

Utilización racional de los recursos

Ese ideal de Seguridad Social está lejos de alcanzarse en nuestra sociedad. De ahí que hayamos, en primer término, de partir de lo que tenemos para intentar mejorarlo, superando su mala organización, utilizando más racionalmente los recursos existentes, corrigiendo sus serios defectos de gestión y administración, luchando contra fraudes y corruptelas y ofreciendo, en suma, unos mejores servicios sanitarios, y, dentro de lo posible, prestaciones económicas y de asistencia social más adecuadas. Precisamente ese es el espíritu del punto V.2 del ANE. No por casualidad hablamos de mejorar y racionalizar. La idea de la reforma es algo de mayor alcance, que somos partidarios de tratar, pero que requiere más tiempo y un proceso gradual en la adopción de medidas.

El que los trabajos de la comisión tripartita concluyeran sin acuerdos comunes está ligado no sólo a las lógicas diferencias de intereses representados por las partes. La razón profunda hay que buscarla en que la idea de mejorar y racionalizar la SS existente pugna con el propósito de ciertos sectores de poder económico-financiero que quieren otra Seguridad Social. No es casual que la poca participación de CEOE en la fase en que se discutía el desafortunado proyecto de la Administración se convirtiera en abierta beligerancia y oposición al documento elaborado bajo las directrices de Fuentes Quintana y Barea. Porque este segundo documento trataba eso: la mejora y racionalización. Aunque sobre él, CC OO tiene serias reservas tanto por algunos de sus contenidos como por una serie de carencias -resulta notable que no mencione la participación en el control de la gestión por parte de los sindicatos, reconocida en el mismo ANE-, lo cierto es que aceptamos que, como base de trabajo para debatir en la comisión, era más apropiado que el de la Administración.

Intransigencia de la CEOE

Digámoslo claramente. A esos sectores del capital que determinan la intransigencia de CEOE parece que no les interesa que mejore y se racionalice la actual Seguridad Social, quizá porque de conseguirse se retrasaría la puesta en marcha de ese tipo de Seguridad Social que ellos preconizan. El propósito es conocido. Si la depauperación de las prestaciones económicas continúa y se acelera, sobre todo en las jubilaciones, se abrirá un mercado de seguros privados, se producirá un ahorro forzoso de los trabajadores, se capitalizarán las nuevas cuotas libres y se administrarán tales fondos financieros por los intereses privados. El resultado sería que los trabajadores pagaríamos mucho más y los empresarios menos, produciéndose una redistribución regresiva de la riqueza, en una etapa donde decrece el poder adquisitivo de los salarios, con el agravante de que para los trabajadores con menores rentas salariales se acentuarían las desigualdades. Algo similar puede decirse del área sanitaria, donde se trata de ampliar el mercado para las sociedades privadas. Lo más grave en este caso es que la desastrosa atención que en este campo ofrece la Seguridad Social, especialmente en la medicina ambulatoria, es no sólo terreno abonado para esos fines, sino que, por extensión, contribuye más que ninguna otra causa a su descrédito.

En definitiva, lo que la CEOE demagógicamente presenta como una Seguridad Social complementaria libre, amparándose en el artículo 41 de la Constitución, tendería a ser una Seguridad Social básica, obligatoria y, además, privada, lo que supondría una auténtica vulneración del espíritu y la letra de la Constitución.

Sin duda, es general el deseo de los empresarios de que bajen las cuotas. Esa aspiración da apoyo de base a las iniciativas de la cúpula patronal. Pero el empresariado debe comprender que si en otros países, no todos, las cuotas son más bajas es porque el Estado aporta mucho más que aquí a la financiación de la Seguridad Social. Y pueden hacerlo porque la presión fiscal es mucho más alta y progresiva. Quiere decirse que sin una profundización en el desarrollo de la reforma fiscal no es viable, so pena de una auténtica involución social difícil de asumir en nuestro país, tomar medidas unilaterales que disminuyan apreciablemente las cuotas

Todo esto y mucho más exige, repetimos, un tratamiento ponderado de la reforma de la SS, que debe ir precedida del más amplio debate público y negociada con todas las fuerzas sociales, entre ellas, como protagonistas de primer orden, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Mientras tanto, debe abordarse con urgencia esa mejora y racionalización, para lo que es preciso revitalizar un instrumento parecido a la comisión tripartita.

El debate no ha hecho más que comenzar

Para CC OO, el debate no ha hecho más que empezar. Estamos tomando ya las medidas necesarias para que se extienda y profundice, con especial énfasis de cara a la clarificación del problema entre los trabajadores y, en general, ante la opinión pública, tendente a crear las condiciones necesarias para evitar la regresión que se pretende.

El Gobierno debe cuidar tratar el asunto bajo influencias electoralistas, por mucha campaña propia que realice CEOE, organización que, tarde o temprano, definirá mejor sus propios límites, abandonando ese papel de tercer partido estatal de la derecha, encargado de presionar sobre UCD para asentarla en opciones netamente reaccionarias.

CC OO reitera su firme voluntad negociadora que ya mantuvo en la comisión tripartita hasta el final, y que además se tradujo en un proyecto alternativo de carácter más abierto.

Julián Ariza es secretario de relaciones unitarias y políticas de CC OO.